Municipios de Ecuador contratan obras y servicios con empresas del crimen organizado
Las instituciones públicas que más dinero han pagado a empresas vinculadas al crimen organizado son los municipios de Manta (Manabí) y de Durán (Guayas), como lo revela una investigación de Connectas.
Una empresa vinculada a Washington Sellán Hati, alias 'Washo', fue seleccionada por la Agencia de Tránsito de Durán (Guayas) para construir el Centro de Retención Vehicular del cantón.
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CONNECTAS, CON EL APOYO DE PRIMICIAS
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El crimen organizado no solo ha logrado permear la justicia y la fuerza pública, sino también los municipios de Ecuador, como lo revela una investigación del medio digital Connectas, con el respaldo de Primicias, Plan V, La Barra Espaciadora, GK, Tierra de Nadie y La Fuente.
El 15 de agosto de 2024, la Policía desplegó un gran operativo en Durán, uno de los epicentros de la violencia criminal en Ecuador.
Detuvo a 23 personas y las señaló de pertenecer a una organización delictiva encabezada por Julio Martínez Alcívar, alias 'Negro Tulio', líder de los Chone Killers, que contaba con la participación directa de funcionarios del Municipio de Durán, el Cuerpo de Bomberos y la Autoridad de Tránsito de ese cantón, y habría servido para lavar dinero en la contratación pública.
En rueda de prensa, la Policía mencionó una obra de USD 190.000 otorgada a la constructora Arkhe Proyectos y Construcciones S.A.S., perteneciente a la esposa de alias 'Negro Tulio', Alexandra Estrada Aquiño, procesada por presuntos terrorismo y delincuencia organizada.
Arkhe fue favorecida con ese contrato para regenerar un parque de Durán, firmado en mayo de 2024. Además, la Fiscalía sustentó sus señalamientos contra este grupo describiendo hechos ocurridos en 2022 y 2023, a través de los cuales detalló los roles de dos miembros de la organización que también fueron contratistas del Estado.
Carlos Cabrera Baidal, de 39 años, posee la mitad de las acciones de Constructora & Consultora Oscimaq S.A.S., la misma que los últimos meses de 2023 se adjudicó contratos del Municipio de Buena Fe (Los Ríos) por un total de USD 801.000, para obras de infraestructura.
Esa empresa fue constituida pocas semanas antes de lanzados los procesos contractuales. En el caso de Durán, la Fiscalía lo imputó como la persona que influyó en los procesos de contratos públicos a favor de los Chone Killers.
Ashley Baux, de 20 años, alcanzó a inicios de 2024 un contrato de USD 71.400 del Cuerpo de Bomberos de Durán para el mantenimiento y readecuación del cuartel. La Fiscalía la señaló como la encargada de recolectar el dinero para la organización criminal.
Alias 'Washo' merodeaba en Durán
Antes de que saltara a escena la organización liderada por alias 'Negro Tulio', hubo otro miembro de grupos señalados como terroristas merodeando los contratos públicos en Durán: Washington Sellán Hati, alias 'Washo'.
En 2019, 'Washo' trabajó como digitador en la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD) y luego colocó a miembros de su círculo íntimo, incluidos amigos cercanos y familiares, en puestos en las empresas de esa misma alcaldía, a la vez que operaba para los Latin Kings, según reveló una investigación de Insight Crime.
En julio de 2021, Sellán fue detenido en flagrancia por narcotráfico, pues un equipo de la Policía lo filmó junto con una agrupación escondiendo drogas en una casa de Durán.
Un juez le dictó prisión preventiva, pero salió libre tres meses después debido a que la Corte Nacional de Justicia le concedió un habeas corpus aduciendo que tenía cirrosis hepática, hipertensión y Covid-19. A finales de ese mismo año, la Fiscalía se abstuvo de acusarlo y Sellán quedó fuera del proceso.
Casi dos años después, a mediados de 2023, cuando Sellán ya estaba fuera del foco judicial, una empresa que este tenía junto con una de sus hijas, Transporsellcar, hizo un gran negocio con la ATD para construir el Centro de Retención Vehicular del cantón.
En el proceso de concesión, Transporsellcar fue la única oferente. Los documentos de este proceso están disponibles en el sitio web de la ATD, pero no el contrato de construcción. Este tampoco está registrado en el portal de Compras Públicas.
Connectas confirmó que el contrato por USD 992.395 se firmó el 10 de mayo de 2023, en la administración del alcalde Dalton Narváez. El 13 de ese mes, Sellán fue víctima de un ataque armado en Guayaquil.
Sicarios le dieron más de 60 tiros al vehículo en el que viajaba con sus custodios e increíblemente salió con vida. Finalmente, murió tres días después.
Consultado sobre este tema, el actual alcalde de Durán, Luis Chonillo, afirmó que el contrato de construcción sí existe, aunque no esté publicado, y que están en trámite para terminarlo de forma unilateral porque la obra, hasta el momento, no muestra avances en su ejecución.
“Es un desafío considerable para los municipios filtrar a los oferentes basándonos en investigaciones en curso, las cuales no son de acceso público”.
Luis Chonillo, alcalde de Durán.
Añade que, por norma de Contraloría, “la responsabilidad de asegurar la correcta ejecución de los proyectos recae en el fiscalizador o en el jefe de fiscalización”.
Aunque admite que la falta de cruce de información entre las entidades estatales facilita la participación de grupos de delincuencia organizada en procesos a escala nacional, dice que las herramientas de verificación a disposición de los gobiernos autónomos descentralizados son limitadas.
Las instituciones públicas que más dinero han pagado a empresas vinculadas al crimen organizado son los municipios de Manta y de Durán. Solicitamos una entrevista con la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso pero declinó dar declaraciones por razones de seguridad.
Fiscalización de contratos, un tema pendiente
El asambleísta Adrián Castro, proponente de las reformas vigentes a la Ley de Contratación Pública de Ecuador, insiste en que los concejales tienen el deber y la competencia de fiscalizar los contratos que se firmen en las administraciones municipales.
Efectivamente, según el Cootad (Código de Organización Territorial), los concejales de los 221 cantones de Ecuador tienen la atribución de fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal y de intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de los municipios del país.
“No solo a los oferentes sino también a las proformas, porque desde ahí empieza la trampa, ahí arranca toda la corrupción. ¿Qué necesitamos en este momento en el país? Necesitamos que las autoridades empiecen a controlar, con la ayuda de la tecnología, de la inteligencia artificial, y empiecen a fijarse en los procedimientos que superan montos relacionados a los USD 100.000, pero además necesitamos que los concejales en cada municipio empiecen a fiscalizar”.
Chonillo, el alcalde de Durán, responde que esto puede contravenir las facultades otorgadas a los fiscalizadores. “Los concejales tienen la facultad y el deber de fiscalizar las acciones del ejecutivo, incluyendo los procesos de contratación pública, siempre y cuando estos ya estén finalizados”.
La mayoría de estos contratos con personajes ligados al crimen organizado se dio entre 2021 y 2023. La infiltración del crimen organizado en la contratación pública no es reciente en Ecuador, aunque se haya agravado en los últimos años.
Los Fatales entran al juego
Milton Julio Quintero Angulo, alias 'Yilo', (señalado de ser miembro activo de Los Fatales) ha sido procesado por asesinato y otros delitos como robo y tenencia de drogas, desde 2010.
En el caso de asesinato fue llamado a juicio, pero el proceso se suspendió porque estaba prófugo. A pesar de ello, tuvo participación en contratos con el Estado entre 2010 y 2012.
En esa época, alias 'Yilo' presidía y tenía el 30% de las acciones de la empresa Constructora Lagodixmark Cia. Ltda., que obtuvo siete contratos por un total de USD 213.542 con el Municipio de Lago Agrio, el Cuerpo de Bomberos de ese mismo cantón, y con los gobiernos parroquiales de Santa Rosa y Santa Cecilia (de Sucumbíos).
La Superintendencia de Compañías disolvió esta empresa en 2016, luego de haberla declarado en inactividad.
Varias autoridades de la provincia de Esmeraldas, como el municipio de Eloy Alfaro, la junta parroquial de Tonchigüe y la junta parroquial de Montalvo en Río Verde contrataron en 2018 y 2022 con Henri Darwin Gómez Abad y su empresa, Constructora y Mantenimiento Industrial Go-Abad Const.
Él fue procesado por asociación ilícita en 2012 junto con alias 'Chugo Porto', pero fue hallado inocente un año después. En abril de 2024, el Gobierno Nacional lo declaró como objetivo militar por considerarlo líder de Los Tiguerones.
Son tres contratos en total que superan los USD 243.000 y están relacionados con obras civiles (aceras, bordillos y adoquinados).
Para esta investigación se solicitó la versión de todos los responsables de las juntas parroquiales y municipios mencionados.
Hasta el cierre, solo la Junta Parroquial de Montalvo, en la provincia de Esmeraldas, respondió y confirmó que el proceso contractual entre la Junta Parroquial y uno de los personajes del crimen organizado se adjudicó en 2018.
Añadió que, “considerando que Esmeraldas es una de las provincias más afectadas por la violencia en el país y por temor a posibles represalias, les sugiero consultar directamente la información en el portal de compras públicas”.
Los efectos en la contratación pública
“Este fenómeno no solo pone en riesgo la integridad de los procesos de contratación, sino que también afecta a las entidades auxiliares de apoyo, como notarías, registros mercantiles, la Superintendencia de Compañías y el Servicio Nacional de Contratación Pública”, explica Luis Chonillo, alcalde de Durán.
El teniente coronel Roberto Santamaría, quien por estos días dirige operaciones policiales en Durán después de haber trabajado dos años en Nueva Prosperina, el distrito más violento de Guayaquil, asegura que “para generar una verdadera intervención, la declaratoria de conflicto armado interno no solamente tiene que llevarla el Ejecutivo, sino el legislativo, el judicial y los organismos de control".
Agrega que "a los organismos de control casi nadie los toca (...) ¿Cómo se registran estas compañías? El mejor negocio que cualquier constructor puede tener es con el Estado, porque son masivas y son millonarias, y eso es lo que ha pasado con la mayoría de las empresas que proveían servicios municipales. Las grandes cantidades de dinero que se generan del narcotráfico, de la extorsión, del secuestro las limpian con empresas”.
Las múltiples deudas pendientes en el control de los recursos públicos han permitido que, en la peor crisis de seguridad de Ecuador, el crimen organizado fortalezca sus finanzas y penetre en las instituciones mientras hay guerra en las calles.
Lea mañana: Las debilidades de la contratación pública
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