Unidad Popular pide una multa para la expresidenta del CNE Diana Atamaint 

La expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, no se presentó ni se conectó el 27 de julio a la audiencia oral única de pruebas por la queja que presentó en su contra el partido Unidad Popular (UP), lista 2.

En su lugar, estuvo su abogado, Diego Analuisa, quien cuestionó las acusaciones que fueron expuestas durante la diligencia convocada por el juez electoral, Patricio Maldonado, encargado de sustanciar este caso.

Geovanni Atarihuana aseguró que Atamaint -que renunció al CNE el 20 de julio- incumplió sus funciones como presidenta del organismo al suspender una sesión del 3 de mayo de 2026, pese a que contaba con el quorum necesario para continuar.

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Esto habría provocado que se incumplan los plazos legales para que el CNE resuelva un pedido de corrección que hizo Unidad Popular ante el inicio de un proceso de eliminación del Registro de Organizaciones Políticas.

La defensa de Atamaint

El abogado Analuisa amplió los cargos y dijo que también se acusa a Atamaint de no haber entregado a UP el Registro de Organizaciones Políticas, aprobadas para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de Ecuador.

Y que en su lugar, se publicó en la página web de CNE un link en el que Unidad Popular aparecía con el estatus de cancelada y con recursos pendientes en el TCE.

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"De la reproducción de la prueba realizada por la defensa del señor Atarihuana no se logra acreditar o verificar los hechos. Es decir, no se acredita la clausura de la reinstalación de una sesión para resolver una corrección", aseguró Analuisa, abogado de Atamaint. 

Por eso, la defensa de la  expresidenta del CNE pidió que el caso sea desestimado y enviado a los archivos del TCE.

La pretensión de Unidad Popular

"El servidor electoral, en caso de ser declarado responsable, de acuerdo con la gravedad de la falta, será sancionado con multa desde uno hasta 30 salarios básicos unificados; y/o con la suspensión de los derechos de participación hasta por dos años y/o la destitución del cargo", señala el Código de la Democracia.

Este mismo Código agrega que "no podrá sancionarse con suspensión de derechos de participación ni con destitución del cargo a los consejeros del Consejo Nacional Electoral y a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral", cargo que Atamaint ya no ostenta, aunque la queja se presentó cuando presidía el CNE.

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Atarihuna dijo el lunes 27 de julio que esperan que el juez Maldonado aplique una sanción económica y que el caso de Unidad Popular, al que calificó como "persecución", marque un precedente en el país. 

La diligencia duró algo más de 30 minutos y en los próximos días el juez emitirá un dictamen que aún podrá ser apelado por alguna de las partes, por ser de primera instancia.