Secretaría de Riesgos: "Tenemos asignados USD 650 millones para responder a la emergencia" por el fenómeno de El Niño

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica calcula que hay una probabilidad superior al 90% de que fenómeno de El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el último trimestre de 2026 e inicios de 2027. Mientras tanto, el nivel medio del mar frente a las costas de Ecuador registró un ascenso vertiginoso y alcanzó una anomalía de 40 centímetros sobre niveles habituales este agosto.

En medio de ese escenario climático, la Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGR) afirma que el Gobierno Nacional empezó a prepararse desde febrero para enfrentar las consecuencias del fenómeno. Y que los ministerios con competencias relacionadas a esas tareas destinaron un presupuesto de USD 650 millones para acciones de prevención.

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Esto implica preparativos y planes de acción en áreas de infraestructura, salud, educación y primera respuesta humanitaria (kits, alojamiento, bonos). Según la secretaria Carolina Lozano, el Ejecutivo calcula que 1,3 millones de ecuatorianos se verán afectados por El Niño y busca disminuir esa cifra.

En entrevista con PRIMICIAS, la funcionaria da los detalles y avances de los planes de prevención, aclara las competencias del Gobierno Central y explica las responsabilidades de los municipios y prefecturas: 

¿Cuáles son los preparativos que está ejecutando la Secretaría de Riesgos para enfrentar el fenómeno de El Niño?

Desde el Gobierno nacional arrancamos un eje de preparación desde febrero: cada quince días el Comité ERFEN (Estudio Regional del Fenómeno El Niño) hace la evaluación y monitoreo del fenómeno. El Comité está integrado por INOCAR (Instituto Oceanográfico de la Armada), INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) y nosotros.

Con los primeros análisis y estudios, comenzamos a articular las acciones con las diferentes carteras de Estado en función de cada una de sus competencias. Hoy por hoy, tenemos asignados USD 650 millones para responder frente a esta emergencia.

Pero más que responder, estamos en el eje de preparación. 

Esos USD 650 millones, ¿son recursos que el Ejecutivo ya tiene a disposición?

Correcto. Son recursos que ya están en los presupuestos (anuales) de cada institución. Lo que se hizo es optimizarlos, con mesas técnicas con cada cartera de Estado, para asignar prioridades en razón de lo que se requiere para minimizar el impacto del fenómeno de El Niño. 

Históricamente se han levantado planes que no cuentan con un financiamiento y ahí se ha quedado. En este Gobierno hemos planteado los recursos que tiene cada una de las carteras apuntalen aquellas acciones que minimizan el impacto del fenómeno del Niño. Y ese es el recurso que tenemos distribuido en función de las competencias.

¿Cuáles son exactamente las competencias del Ejecutivo?

La entidad rectora de todo el sistema nacional descentralizado es la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y es un papel muy importante. Y en las zonas de exposición el Ministerio de Infraestructura y Transporte está garantizando la red vial estatal; el Ministerio de Educación, fortaleciendo los centros educativos. 

El Ministerio de Salud Pública en adquisición de medicina, a propósito de las posibles enfermedades que se deriven de el fenómeno del Niño, fortaleciendo los centros de salud y las unidades móviles de atención médica; el Ministerio de Desarrollo Humano, con la dinámica ya de bonos de contingencia; y el Ministerio de Agricultura, con el seguro agrícola.

¿Qué implica la preparación que de estas entidades?

Por ejemplo, desde el Ministerio de Infraestructura y Telecomunicaciones se ha delimitado aquellas zonas donde va a haber mayor exposición de la red pública estatal. En el caso de Salud se ha cruzado la información de las zonas de inundación, de movimientos en masa, proporcionada por la Secretaría de Riesgos, ellos también han verificado los sitios en donde necesita reforzamiento los centros de salud, compra de medicinas.

Lo propio ha hecho el Ministerio de Educación con reforzamiento de los centros educativos.  Es decir, los planes de prevención están siendo ejecutados con base a esta asignación que tenemos en cada una de las carteras de Estado, tanto el presupuesto corriente como el presupuesto de inversión.

Con el paso de alerta amarilla a naranja, ¿qué cambios ha hecho la Secretaría?

Como Gobierno estamos en territorio articulando con alcaldes, prefectos y sobre todo supervisando, para que el plan de acción que fue presentado precisamente se concrete con acciones, tiempo y recursos en cada uno de los cantones.

Hemos visitado ya 25 de los 143 cantones con mayor riesgo y seguimos con este proceso de acompañamiento.

Este también es un Gobierno que planifica, que previene, y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ya tiene la compra de kits,  tiene identificado los lugares de alojamientos temporales, tiene fortalecidos sus comités comunitarios, el nivel de respuesta que tenemos con todos los organismos, con el personal en protección civil y los cuerpos de bomberos, quienes son los que primero llegan.

¿Cuáles son las competencias de los gobiernos locales?

La mayor responsabilidad y la primera respuesta es desde lo local. Los gobiernos autónomos cantonales y provinciales tienen que garantizar la limpieza de alcantarillas, desazolve de ríos (remoción de lodo, piedras, sedimentos, basura y vegetación acumulada en el fondo de un cauce), captación de agua.

También deben verificar cómo están sus centros de atención médica (si es que los tuvieran), sus centros de alojamiento temporal, sus sistemas de alerta temprana, conocer cuál es la población que está expuesta,  verificar aquellas viviendas que están en zonas de exposición, sus campañas de socialización, de sensibilización, fortalecer los comités comunitarios. 

Se trata de aspectos que tenían que haber estado incluidos en los planes de acción y que son los que están sujetos a supervisiones.

¿Cuántos municipios han entregado aún sus planes de acción frente a esta emergencia?

Nosotros lo que hicimos es emitir los lineamientos, en cumplimiento a la disposición del Comité de Operaciones de Emergencia, y los gobiernos autónomos descentralizados tenían hasta el 23 de junio que presentar sus planes de acción. 

Hemos solicitado a todos los municipios y prefecturas, aunque no todos están en alerta, es importante que todos tengan un plan de acción para responder frente al evento El Niño. Sin embargo de aquello, de los 245, solo 161 los entregaron hasta el 23 de junio. Pero la Secretaría ha seguido recibiendo los planes y hoy por hoy nos está faltando uno solo. 

Y  la idea es contar con esa información, retroalimentarles y las visitas en territorio, evidenciar el cumplimiento de estos planes de acción. En muchos de los casos sí nos hemos encontrado con que están en un documento y no se han plasmado en acciones reales.

Después de la prevención, ¿el Gobierno tiene previsto solicitar líneas de financiamiento o recursos externos para atender la emergencia?

Tenemos recursos asignados para bonos de contingencia, con el Ministerio de Desarrollo Humano que tiene una proyección. Tenemos que correr traslado la mesa técnica de cooperación dentro del Comité de Operaciones de Emergencia y estamos articulados. 

Hoy (25 de agosto) tuvimos una reunión con los representantes en el país del PMA (Programa Mundial de Alimentos), con quienes siempre se articula los bonos de contingencia y precisamente son ellos también quienes nos pueden ayudar en el tema de montar alojamientos temporales. 

Igual estamos articulando con los diferentes cooperantes a nivel internacional para conocer de primera mano. Hoy por hoy, el Gobierno está enfocando sus esfuerzos en la línea de prevención, de cara a que podamos minimizar.

En el caso de requerir recursos para el nivel de respuesta, están activas todas las coordinaciones con todos los organismos internacionales.

¿Para cuándo se espera la llegada del fenómeno, según los últimos cálculos?

Pues el Comité ERFEN ha señalado que será el último trimestre de este año, específicamente diciembre, y el primer trimestre del próximo año, los de mayor impacto. Esa es la información con la que contamos y que sin duda va siendo actualizada. 

En las próximas semanas la ciudadanía va a poder contar con un visor en línea que le va a permitir identificar la provincia, el cantón y la zona de exposición, de tal manera que la ciudadanía y el sector privado puedan diseñar sus planes de acción.

¿Hay coordinación con el sector privado?

Estamos articulando con el sector privado, indicándoles cuáles son estas zonas de exposición para que desde el sector empresarial, cualquiera sea la industria o la actividad económica, puedan diseñar sus planes de prevención, sus planes de contingencia. 

Recordemos que la parte más difícil posdesastre es precisamente la recuperación que conlleva al país a un tema económico.  En la línea de cadenas productivas comunitarias también estamos trabajando, fortaleciendo precisamente algo importante: el conocimiento de la gestión de riesgo. 

¿Tienen identificados cuáles son los sectores productivos que más afectación van a sufrir? 

Tenemos una data que la estamos afinando en cuanto a las áreas productivas que van a verse afectadas. Ayer tuvimos la primera reunión con todas las carteras de Estado. En las próximas semanas, el momento que se lance el visor, también vamos a tener mayores detalles de cuánto realmente es la afectación. 

Pero en términos generales, por supuesto, el sector de pesca, todo lo que son situaciones de plantación en Los Ríos, la situación de agricultura en Guayas y todo lo que es la región litoral realmente se va a ver impactada con esto.

En el momento de la emergencia, ¿cómo van a funcionar los alojamientos temporales?

Lo que estamos haciendo es adquirir alojamientos temporales unifamiliares. Esto es una situación nueva para el país. Habitualmente, lo que se hacía es trasladar a las familias a un alojamiento comunitario, instalado en un centro educativo, en algún espacio físico en donde la población evacuada permanecía.

Lo que estamos haciendo es adquirir alojamientos temporales unifamiliares.

Sin embargo, en el momento en que una familia pierde su vivienda, estos alojamientos comunitarios son insuficientes, porque no se pueden quedar un mes o dos meses en estos espacios. Y lo que queremos es que el núcleo familiar pueda ser trasladado a estos modulares que se arman en aproximadamente veinticuatro horas y están en las bodegas de la Secretaría.

Ya tuvimos el lanzamiento en la provincia de Manabí, hicimos otro en Esmeraldas. Son módulos de 18 metros cuadrados, para familias de cuatro personas, y cuentan con un baño interno. Mientras tanto se trabaja de manera paralela con el Viceministerio de Vivienda, para entrar a un proceso de plan habitacional definitivo. 

El plan piloto fue en septiembre del año anterior, que lo tenemos en el cantón Baños a propósito de la emergencia allá. Serán estas dos modalidades, que dependerán muchísimo de la emergencia y del análisis del sitio que hagamos. 

¿La Secretaría tiene identificadas ya las ubicaciones donde se van a instalar esto alojamientos temporales unifamiliares que necesitarán conexiones servicios básicos, como agua, electricidad y alcantarillado?

Por supuesto. Los lugares ya están precalificados y ahí hay una diferencia: unos son para los alojamientos comunitarios y otra para instalar los alojamientos familiares temporales. También está considerado el despliegue que esto significa. Con el Ministerio de Defensa están coordinados los vehículos porque hay que trasladar a los ciudadanos.