Mario Paladines, el ecuatoriano que patentó la marca de 'abogado latino' en España

MADRID. Mario Paladines tuvo el acierto, hace más de dos décadas, de registrar en España la marca de “abogado latino”, una frase que todavía hoy aparece en sus tarjetas de presentación y resume buena parte de su historia. Había trabajado en Ecuador en propiedad industrial, entre marcas y patentes, y cuando emigró sabía exactamente a qué quería dedicarse. Lo que no imaginaba era el largo rodeo que tendría que dar antes de volver a ejercer. Su padre le había dejado una advertencia práctica, casi un manual de supervivencia, que terminó sosteniéndolo durante años. “Mi padre siempre decía una profesión y un oficio. El oficio te dará de comer en épocas complicadas y mira, me ha venido muy bien”, cuenta, mientras recuerda que trabajó como electricista durante todo el tiempo que tardó en homologar el título.

El trámite de homologación fue mucho más que un simple papeleo. Este quiteño, hoy de 57 años, llegó a España, presentó los documentos y descubrió que tendría que volver prácticamente a estudiar la carrera. La homologación le tomó tres años. “Me tomaron exámenes de 16 materias”, cuenta. Aunque su expediente académico le permitió acceder gratuitamente al proceso, tuvo que volver a sentarse a estudiar derecho desde cero. “A mis años de derecho les tuve que sumar tres más”, resume. El reconocimiento oficial llegó en 2008, certificado que todavía conserva colgado en la pared de su despacho junto a su título de la Universidad Central del Ecuador y otros estudios que ha ido realizando en España.

La oficina donde trabaja hoy es la misma que alquiló cuando comenzó. No se ha movido de allí desde entonces. Además de los títulos, resalta en la pared la inscripción enmarcada de la patente de “abogado latino” y dos cuadros de Eduardo Kingman como sello de su origen. Si se escudriña un poco más, aparecen en las vitrinas pequeñas figuras de la cultura Valdivia que conviven con la Virgen de Legarda quiteña que algún cliente le regaló. Entre archivadores y carpetas se acumulan los expedientes de unas 4.450 personas que han pasado por su despacho, aunque Paladines calcula que podrían acercarse a 6.000 porque durante los primeros años no llevaba un registro exhaustivo.

Abrir un despacho siendo abogado extranjero en la España de comienzos de los 2000 era una rareza. “Había muy pocos latinos, se contaban con los dedos de la mano, como mucho unos diez”, recuerda. ¿Y ecuatorianos? “Apenas dos o tres”. La falta de red de apoyo convirtió sus primeros años en un ejercicio de resistencia solitaria. “Llegué aquí sin nadie. No tenía familia, amigos, conocidos, no tenía a quién preguntar”. Todo lo aprendía en libros. Y aun así, los libros no bastaban.

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Todavía recuerda su primer juicio como una experiencia “traumatizante”. Era un caso de alcoholemia de un joven ecuatoriano que duplicaba la tasa permitida. Él acababa de estrenarse en los tribunales españoles y sintió que lo empujaban a una piscina sin saber nadar. “Ponte la toga y pum”, resume. Había estudiado el procedimiento, pero la práctica era otra cosa. El fiscal, al notar su nerviosismo, terminó ayudándolo. “Mira, esto es así, así, y así…”, le explicó antes de la audiencia. El caso acabó con una conformidad para reducir la pena, pero Paladines salió del juzgado entendiendo que ejercer derecho en España implicaba reaprender incluso el idioma. “Venía con el acento y con formas de hablar donde cada adjetivo significa otra cosa”, dice. A veces los jueces no entendían exactamente lo que quería decir. Todavía me pasa”.

La incertidumbre económica tampoco ayudaba. Recuerda el miedo del primer mes, preguntándose si podría pagar el alquiler del despacho. Tenía apenas “un escritorio, un ordenador y un fax”. Para levantar el negocio trabajaba sábados, domingos y madrugadas enteras atendiendo detenciones, expulsiones y urgencias migratorias. Durante años mantuvo jornadas de doce horas diarias. “Aquí recién aprendí lo que es el derecho”, dice ahora, convencido de que el sistema español le obligó a desmontar y reconstruir todo lo que sabía sobre la profesión.

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La regularización: desafíos y riesgos

Con el tiempo, el despacho terminó especializándose en extranjería. Hoy gran parte de su trabajo pasa por regularizaciones, arraigos, nacionalidades, asilos y reagrupaciones familiares. Solo del actual proceso extraordinario de regularización asegura tener “unos 400 expedientes” con su firma. También ha visto cómo la burocracia se volvió cada vez más digital y más inaccesible para muchos migrantes. Formularios electrónicos, plataformas y citas imposibles han convertido a los abogados en intermediarios casi inevitables. “Cuando te encuentras con un montón de sistemas especiales y complicaciones digitales, la cosa es complicada para ellos”, explica.

En cuanto al proceso de regularización, Paladines advierte —además de la saturación y dificultad de resolver los expedientes en el plazo de tres meses— que obtener los papeles ahora no garantiza la estabilidad futura si no se consigue un empleo formal: "El problema es que el mercado de trabajo se va a saturar y no sé en qué van a trabajar, no sé cómo van a hacer para renovarlo cuando necesiten contrato de trabajo". Teme que muchos de los beneficiarios actuales puedan "quedarse en irregularidad dentro de un año" debido a la falta de contratos estables.

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En el camino de su trabajo también ha tenido que combatir otra batalla: la corrupción normalizada con la que algunos clientes llegan desde sus países de origen. Cuenta que todavía hay personas que le sugieren “dar algo al juez” o pagar más dinero para acelerar procedimientos. Él corta la conversación de inmediato. “No, a mí esas cosas no me propongas”, dice que les responde. Y cuando habla de Ecuador, su tono se endurece. “Ecuador tiene un cáncer, una metástasis, que es la corrupción”, afirma. Cree que el problema ha penetrado tan profundamente en las instituciones que luchar contra ello supone “remar contra la corriente”. Por eso mira desde lejos el deterioro del país y admite que ya no se imagina ejerciendo allí.

En el despacho donde alguna vez temió no llegar a pagar el alquiler, ahora trabaja codo a codo con su hija de 23 años. La escena tiene algo circular porque fue precisamente ella la razón por la que terminó emigrando a España. Su esposa estaba embarazada cuando familiares que ya vivían aquí les sugirieron venir para que la niña obtuviera la nacionalidad española. Ella viajó primero y él terminó siguiéndola después. La pareja se separó con el tiempo, pero sus dos hijos terminaron siendo el centro de su vida.

A veces piensa qué habría pasado si se hubiera quedado en Quito. Cree que quizá ahora sería juez, como algunos colegas de su generación. Pero basta mirar alrededor de su oficina —los títulos, los expedientes, los acentos mezclados en la sala de espera, las pequeñas reliquias ecuatorianas en sus vitrinas— para entender que su historia terminó construyéndose en otro lugar. Uno donde tuvo que empezar de cero para convertirse en el abogado latino que imaginó cuando todavía trabajaba como electricista esperando que España le devolviera el derecho a ejercer.