Regularización extraordinaria en España: ¿qué pasa con los estudiantes y qué pueden hacer los solicitantes de asilo?

MADRID. La nueva vía de regularización extraordinaria en España se abre en un contexto de incertidumbre jurídica para miles de personas extranjeras que intentan evitar quedar en un limbo administrativo. Entre ellas, una parte importante ha solicitado protección internacional en un sistema que sigue bajo presión: más de 32.800 solicitudes de asilo se registraron solo en el primer trimestre de 2026, entre ellas unas 60 de personas ecuatorianas.

En este escenario, la regularización aparece como una posible salida. La abogada Elena Muñoz, coordinadora jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), explica que las personas solicitantes de asilo pueden acogerse a este proceso —abierto hasta el 30 de junio— incluso si su solicitud ha sido denegada o sigue en trámite.

“Pueden acogerse al proceso siempre que cumplan dos requisitos básicos, que es no tener antecedentes penales y acreditar al menos cinco meses de estancia continuada en España”, explica Muñoz.

Solicitantes de asilo: una segunda oportunidad

Un punto relevante es que el proceso de regularización puede neutralizar situaciones más graves. Las personas con órdenes de expulsión en curso pueden acogerse a este proceso. “Si te conceden la regularización, se revocaría la orden de expulsión”, señala la abogada. En la práctica, esto convierte a la regularización en una tabla de salvación para quienes estaban al borde de la deportación.

Sin embargo, esta vía extraordinaria tiene letra pequeña. “Una vez que le concedan la regularización, tiene que renunciar a la solicitud de asilo”, explica Muñoz. Este detalle no es menor, ya que implica elegir entre seguir con el procedimiento de asilo o aceptar una autorización de residencia distinta, con una duración inicial de un año, y para renovarla, será necesario demostrar continuidad de residencia, medios económicos y, en muchos casos, actividad laboral.

La protección internacional, en cambio, otorga un permiso de residencia y trabajo permanente y el beneficio fundamental de la "no devolución", que impide que la persona sea enviada a su país de origen donde su vida o libertad corren peligro. Además está el derecho a traer a España a familiares directos (cónyuge, hijos menores o ascendientes dependientes) bajo el estatuto de protección.

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El mito del certificado de vulnerabilidad, ¿quiénes sí lo necesitan y quiénes no?

Uno de los mayores focos de confusión ha sido el informe de vulnerabilidad. No es obligatorio para todas las personas, aunque muchas lo han solicitado por miedo a quedar fuera. Los solicitantes de protección internacional no lo necesitan.

Muñoz insiste que además de los solicitantes de asilo hay otros grupos que no lo necesitan: “Hay personas extranjeras que no son solicitantes de protección internacional que tampoco necesitan el informe de vulnerabilidad si han trabajado anteriormente o tienen intención de trabajar y presentan un contrato de trabajo o presentan una declaración de que quieren trabajar por cuenta propia o si tienen familiares directos, hijos menores de edad o hijos mayores de edad que convivan con ellos y que tengan una discapacidad o ascendientes de primer grado, padre, madre, no necesitan tampoco requieren el informe de vulnerabilidad."

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Los estudiantes están fuera del proceso (salvo una excepción)

Aquí aparece uno de los límites más claros del proceso. Las personas con permiso de estancia por estudios en vigor no pueden acceder a esta regularización. “La regularización está pensada para personas que están en situación irregular”, explica Muñoz.

Esto significa que quienes ya están en situación legal deben recurrir a las vías ordinarias del reglamento de Extranjería.

Solo hay una excepción y podrían acogerse si su permiso ha caducado y no pueden renovarlo ni acceder a otra vía para mantenerse en situación regular.

Para el resto, la alternativa sigue siendo modificar su estancia a residencia y trabajo, un procedimiento más largo, pero previsto en la normativa.

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Menores de edad: una puerta abierta

El proceso sí contempla a menores en situación irregular, incluso si sus padres tienen documentación en regla. “Sí que pueden entrar”, confirma Muñoz.

Este punto intenta resolver situaciones en las que los hijos quedan fuera del sistema administrativo pese a que sus progenitores sí tienen papeles.

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Guía práctica: preguntas clave sobre la regularización

1. ¿Quién puede solicitar la regularización?

   • Personas extranjeras que estaban en España antes del 31 de diciembre de 2025.
   • Deben acreditar al menos cinco meses de estancia continuada.
   • Está dirigida exclusivamente a quienes no tienen autorización de residencia y trabajo vigente.

2. ¿Qué ocurre con los solicitantes de asilo?

   • Pueden acogerse quienes solicitaron protección internacional antes del 1 de enero de 2026.
   • No importa si el expediente está en trámite o ha sido denegado.
   • Si se concede la regularización, deberán renunciar al asilo.
   • La regularización permite revocar órdenes de expulsión.

3. ¿Es obligatorio el informe de vulnerabilidad?

   • No es un requisito general.
   • Solo se exige si no hay contrato de trabajo, intención de autoempleo o vínculos familiares.
   • Los solicitantes de asilo en este proceso no lo necesitan.

4. ¿Qué documentación es imprescindible?

   • Pasaporte completo (aunque esté caducado si no se puede renovar).
   • Certificado de antecedentes penales del país de origen (apostillado y traducido).
   • Pruebas de estancia: empadronamiento, informes médicos, envíos de dinero, abonos de transporte o certificados de ONG.

5. ¿Se puede trabajar durante el trámite?

   • Sí, una vez admitida la solicitud.
   • Se autoriza provisionalmente a residir y trabajar.
   • La autorización inicial tiene una duración de un año.

6. ¿Cómo afecta a hijos y menores?

   • Se puede solicitar la residencia de hijos menores o mayores con discapacidad junto a la del solicitante.
   • Se flexibilizan requisitos habituales.

7. ¿Cuáles son los plazos y errores más comunes?

   • El plazo de solicitud es de 90 días, acaba el junio de 2026.
   • Muchos errores provienen de iniciar trámites sin información previa.
   • El tiempo de resolución puede variar según la provincia.