Dormir en sótanos y pagar por una cuenta ajena | La red clandestina que atrapa a los repartidores migrantes en Madrid
Para miles de repartidores migrantes sin permisos de trabajo, la única vía de subsistencia exige pedalear bajo una identidad ajena, ceder hasta el 20% de sus ingresos al dueño de cuenta de una aplicación y, en casos extremos, dormir junto a sus bicicletas en bodegas.
Un repartidor de comida recorre Madrid en su bicicleta. Las firmas de delivery en España han tenido que establecer contratos laborales para sus trabajadores, pero hay un mercado oculto: el de los migrantes que trabajan con perfiles prestados porque no tienen papeles.
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AFP
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El incendio de unos trasteros situados en un sótano del céntrico distrito madrileño de Arganzuela, donde la noche del domingo 30 de agosto murió un repartidor bangladesí de 26 años, ha puesto el foco sobre la seguridad de las baterías de litio. Pero también ha dejado al descubierto una realidad que suele permanecer oculta tras las entregas a domicilio.
La investigación trata de determinar si el fuego se originó en la zona utilizada para cargar bicicletas eléctricas y si la víctima vivía en el lugar. En el sótano se almacenaban bicicletas de reparto, cascos, paquetes y mochilas. Carlos Sola, responsable de Nuevas Realidades del Trabajo y del área de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, sostiene que el sótano también se había convertido en un lugar para pasar la noche. “Era un trastero irregular donde se cargaban bicicletas eléctricas, se alquilaban a estos chicos, incluso dormían allí algunos de ellos”, explica.
Para Sola, el caso representa una expresión extrema de la precariedad que persiste en el reparto a domicilio, pese a la norma que establece la presunción de laboralidad de quienes trabajan bajo la organización y el control de las plataformas. Muchos de quienes recorren Madrid en bicicleta son migrantes recién llegados que todavía no disponen de permiso de trabajo y dependen de una cuenta alquilada para entrar en el sector.
A partir de su experiencia sindical, Sola estima que esta práctica afecta a la mayoría de los repartidores de la capital. “Me atrevería a decir que un 70 % o un 80 % de las cuentas son alquiladas en Madrid”, afirma.
Trabaja con cuentas de aplicaciones que son de otros
A las puertas de una cocina fantasma de Vallecas, en el sur de Madrid, las conversaciones transcurren durante los pocos minutos que deja la espera de un pedido. Estos establecimientos no atienden al público ni tienen mesas. En su interior, varias marcas preparan comida destinada exclusivamente al reparto. Afuera, los repartidores miran sus teléfonos, recogen una bolsa y vuelven a salir. Casi ninguno dispone de tiempo suficiente para detenerse a contar su historia.
Uno de los ecuatorianos abordados asegura primero que es peruano, pero no sabe precisar de qué ciudad. Después reconoce que nació en Ecuador y pide no aparecer en el reportaje porque carece de papeles. El temor no se limita a una posible sanción: quien trabaja con una cuenta ajena depende de su titular para conservar sus ingresos y puede perderla si es identificado.
Ronny, un venezolano que vivió siete años en Ecuador y todavía conserva un número de teléfono con el prefijo 593, sí se anima a hablar. Lleva un año en Madrid y ha obtenido una autorización temporal para trabajar gracias a la regularización extraordinaria de 2026. Sabe lo que significa pedalear durante un mes y no recibir el dinero.
Antes de llegar a España vivió en Manta, adonde se trasladó en 2017 tras salir de Venezuela. Comenzó vendiendo agua de panela con limón cerca de una obra. Después trabajó en la construcción, se ganó la confianza de un constructor y terminó administrando, junto con su esposa, un complejo deportivo. La violencia en Ecuador influyó en su decisión de regresar a Venezuela, pero allí encontró una situación peor que la que había dejado y volvió a marcharse.
En Madrid lo recibió un conocido de Ecuador que le facilitó una cuenta de Glovo para empezar a repartir. Cuando terminó el primer mes y llegó el momento de cobrar, el hombre dejó de responderle y lo bloqueó. Ronny asegura que nunca recibió el dinero de aquellos pedidos. “Cuando ya cumplí el mes me bloqueó y me escribió que no le pagaron”, recuerda.
Después consiguió otra cuenta alquilada y trabajó con ella durante siete meses. Esta vez sí cobraba, aunque el titular se quedaba con el 20 % de unos ingresos mensuales de 1.200 euros (USD 1.393). Las cotizaciones figuraban a nombre del propietario de la cuenta y tampoco llegaba hasta Ronny el dinero correspondiente a las vacaciones. Los descuentos se presentaban como el precio de una supuesta ayuda. “Las vacaciones se las quedan ellos porque dicen que son los dueños de la cuenta y que te están ayudando, sabes, pero realmente no es una ayuda”, afirma.
El alquiler de cuentas de aplicaciones —una realidad que PRIMICIAS también ha documentado que viven ecuatorianos en Nueva York— funciona al margen de cualquier contrato. Para un migrante sin permiso de trabajo puede convertirse en la única vía para pagar una habitación y mantenerse mientras intenta regularizar su situación. Algunos titulares también fueron antes repartidores sin papeles y ahora cobran a los recién llegados por utilizar sus perfiles. La plataforma solo identifica a la persona que abrió la cuenta; quien realmente completa los pedidos permanece fuera de sus registros.
Desde que obtuvo la autorización para trabajar, Ronny tiene un contrato con Arendel, una empresa que gestiona repartidores para plataformas. Asegura que cobra 1.200 euros mensuales por una jornada de 30 horas semanales. Para aumentar esa cantidad debe cumplir los objetivos fijados por la empresa. Los llama “retos” y calcula que puede sumar entre 100 y 150 euros al mes.
Continúa trabajando en bicicleta porque no ha podido validar en España su permiso de conducir venezolano para utilizar una moto. Durante el verano madrileño hubo momentos en los que pensó que no resistiría sobre los pedales. Recuerda jornadas con temperaturas superiores a los 40 grados, el esfuerzo para entregar a tiempo y a clientes que lo recibían con reproches por la tardanza. Algunos recogían la comida y le cerraban la puerta de golpe. “Yo en algún momento pensé que me iba a desmayar”, admite.
Ronny también sufrió un accidente en bicicleta que relaciona con el calor y el estrés. El tráfico, las temperaturas extremas, la presión de los tiempos de entrega y la duración de las baterías acompañan cada recorrido. En mitad de la jornada, encontrar un lugar donde descansar, calentar la comida o conectar la bicicleta se convierte en otra preocupación.
A pocos metros de la cocina fantasma, Ronny y otros repartidores pueden utilizar un local que les facilita la responsable del establecimiento. Allí cargan las baterías, comen y se protegen del frío o del calor. El espacio es compartido y a veces surgen discusiones porque dos personas necesitan el mismo enchufe o alguna intenta imponerse a las demás.
El local permaneció cerrado durante varios meses después de que la batería de un patinete provocara un incendio, según relata Ronny. “Se explotó un patín adentro y se quemó”, recuerda. El episodio tenía elementos parecidos a los del sótano donde murió el joven bangladesí, aunque en aquella ocasión no hubo víctimas.
Una ley que no ha acabado con la precariedad
Sola calcula que entre 30.000 y 35.000 repartidores trabajan directa o indirectamente para Uber Eats, Just Eat y Glovo en España. La denominada ley rider entró en vigor en 2021 e incorporó al Estatuto de los Trabajadores la presunción de laboralidad de quienes prestan servicios de reparto mediante plataformas digitales. Las tres grandes empresas han adaptado sus modelos a ritmos distintos.
Just Eat apostó por un modelo laboral y firmó un convenio propio con los sindicatos. Glovo completó en julio de 2025 el paso a un sistema de repartidores asalariados, cuatro años después de la entrada en vigor de la norma. Uber Eats anunció en enero de 2026 que dejaría de colaborar con autónomos y que estos podrían incorporarse como asalariados a alguna de sus flotas colaboradoras. La transición todavía continúa.
La laboralización también ha extendido las llamadas flotas, empresas intermediarias que realizan el reparto para las plataformas. Comisiones Obreras tiene contabilizadas oficialmente 22 en España, aunque Sola calcula que rondan la treintena si se incluyen las pequeñas subcontratas que operan en el ámbito local. El representante sindical advierte de que este modelo fragmenta las plantillas y obliga a muchos empleados a pasar de una empresa a otra, lo que dificulta la continuidad laboral y la acumulación de derechos.
Quienes consiguen un contrato se encuentran con otro problema. Muchas de las flotas aplican el convenio estatal de mensajería, aprobado en 2006. Cuando se actualizó aquel acuerdo, el salario mínimo interprofesional era de 540,90 euros mensuales (USD 628). Al no existir un convenio sectorial adaptado al reparto mediante plataformas, buena parte de los trabajadores termina cobrando el salario mínimo vigente y depende de los incentivos para elevar sus ingresos.
Sola explica que la negociación de un nuevo convenio colectivo permanece atascada mientras las patronales discuten si el reparto debe continuar dentro del sector de la mensajería, incorporarse a la logística y el transporte o contar con una regulación específica.
Ronny logró salir del alquiler de cuentas cuando obtuvo sus papeles. Aun así, sus ingresos dependen de los incentivos, de una bicicleta que necesita cargar y de un espacio prestado donde resguardarse. El repartidor ecuatoriano que no quiso dar su nombre continúa en el mismo punto en el que estuvo Ronny durante sus primeros meses en Madrid: trabaja bajo una identidad que no es la suya y evita hablar por miedo a perder su única fuente de ingresos.
El incendio de Arganzuela mostró una forma extrema de esa precariedad. El peligro no está únicamente en las baterías de litio, sino también en un sistema que empuja a algunos repartidores a trabajar bajo otro nombre y, en los casos más extremos, a dormir junto a las bicicletas que les permiten sobrevivir.
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