Montos de operaciones ilícitas congelados en la banca pasarían a una cuenta del Estado, según proyecto de ley
El proyecto de Ley para el Control de Flujos Irregulares plantea que la UAFE podrá ordenar el congelamiento de fondos de manera inmediata por indicios de operación sospechosa.
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Los montos que se encuentren congelados por el sistema financiero o por orden judicial, relacionados con posibles operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o fraude, deberán ser transferidos a una cuenta única administrado por el Estado, plantea el proyecto de Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, presentado este 29 de julio a la Asamblea Nacional.
Esto deberá ocurrir en un plazo máximo de 30 días, luego de que entre en vigencia la ley y aplicará para los fondos congelados antes de la vigencia de la norma.
La propuesta legal, presentada este martes como proyecto económico urgente, también incluye reformas a la Ley de Prevención, Detección y Combate al Lavado de Activos.
Una de ellas se refiere a una medida cautelar excepcional para la inmovilización inmediata de fondos en el sistema financiero nacional y el sistema financiero popular y solidario, por parte de la la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), cuando tenga indicios de una operación sospechosa o vinculada a posibles delitos financieros.
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La medida será proporcional al riesgo detectado, es decir, se limitará al monto equivalente de la transacción sospechosa o inusual.
El congelamiento de fondos deberá ser ejecutado por las entidades financieras en un plazo de 72 horas y tendrá una vigencia de ocho días calendario. En ese lapso, la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado deberá pronunciarse sobre su ratificación, modificación o revocatoria.
Los montos que sean congelados por las entidades del sistema financiero, relacionados con posibles operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o fraude, deberán ser transferidos a una cuenta única administrada por el Estado en un plazo máximo de cinco días.
Esa transferencia "tendrá carácter temporal, bajo condición de custodia y reserva", recalca el proyecto legal.
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