Caso Progen: Las nuevas vinculaciones se quedan en mandos medios y asesores del sector eléctrico

El investigado Cristhian Andrés Dahik Quijano se desempeñó como subgerente jurídico de la Unidad de Negocio Termopichincha de Celec, que estuvo a cargo de los contratos con Progen. Estuvo en el cargo entre el 20 de junio de 2024 y el 12 de septiembre de 2024. Según el expediente del caso, el exfuncionario elaboró y aprobó los contratos de emergencia con Progen.

Específicamente, se presume su participación en la redacción de los contratos TPI-CON-0062-24 de Salitral y TPI-CON-0067-24 de Quevedo. Según la Fiscalía, estos documentos omitían cláusulas de domiciliación legal y carecían de un cronograma de multas.

Marlon Iván Casilla Hernández es investigado en su calidad de administrador del Contrato Emergente Nro. TPI-CON-0062-24 de la central térmica de Salitral. 

En los documentos recopilados por la Fiscalía,  Casilla registra una salida migratoria hacia Houston, en Estados Unidos, entre el 18 y el 23 de septiembre de 2024.

Su viaje se efectuó para la inspección de unidades de generación en la firma Progen Industries LLC, junto a Roberto Luque, entonces ministro de Energía y actual titular de Infraestructura. 

Bajo su firma se procesó la solicitud de pago del primer hito del contrato por un monto de USD 69,5 millones, correspondiente al 70% del valor contractual. La Fiscalía investiga si tenía la competencia legal para autorizar este millonario desembolso y calificar hitos técnicos.

• Administradores de contratos con Progen no están procesados, pese a que eran los encargados de supervisar su ejecución

En calidad de supervisor de operación de Celec, Luis Javier Ugsha Guanotasig fue nombrado administrador del contrato de Salitral el 15 de julio de 2024. Presentó su desistimiento formal el 4 de agosto de 2024, aduciendo problemas de salud familiares y de distancia de la central.

José Luis Sampietro Saquicela ejerció como administrador del contrato de Quevedo desde el 11 de septiembre de 2024 hasta el 5 de diciembre de 2024. Según el expediente del caso Apagón, el funcionario fue relevado por problemas administrativos como la falta de aprobación del cronograma del proceso.

Dentro de su gestión, Sampietro tramitó ante el área legal una solicitud de suspensión del plazo contractual debido al huracán Helene. También gestionó cotizaciones con AP Inspections el 23 de septiembre de 2024 para la verificación técnica de los equipos en Estados Unidos.

El ingeniero mecánico Marcos Alberto Guerrero Bravo asumió la administración del contrato de Quevedo el 6 de diciembre de 2024, tras el relevo de Sampietro. Según documentos del proceso, labora en Celec desde 2013 tras ganar un concurso de méritos.

El 3 de febrero de 2025, el funcionario remitió una advertencia escrita a la contratista Progen por incoherencias numéricas de seriales. Además, validó telemáticamente mediante enlace de Google Meet la verificación técnica en fábrica de cuatro unidades generadoras.

La especialista Daniela Piedad Gordillo Ramírez asumió funciones de asesoría legal en la Unidad Termopichincha el 13 de septiembre de 2024. Según el expediente, se investiga su intervención en la etapa de ejecución de los contratos de Quevedo y Salitral.

En octubre de 2024, la funcionaria recibió el expediente de prórroga para evaluar el sustento de fuerza mayor pedido por Progen. Además, bajo el cargo de subgerente jurídica encargada, suscribió rectificaciones de fechas por un lapsus calami en resoluciones previas.

El exdirector de planificación y desarrollo de proyectos de Celec, José Xavier Aimara Guaita, es investigado por su presunto rol precontractual. Según parte del expediente del caso, el sospechoso justificó técnicamente la necesidad de la polémica contratación.

En ejercicio de su cargo, elaboró y aprobó el 10 de junio de 2024 la actualización del Informe Técnico Económico para la declaratoria de emergencia que dio paso a los contratos. Debido a esto, la Fiscalía General del Estado dispuso que peritos informáticos extrajeran de forma forense el contenido digital de su correo institucional.

El investigado Peter Christian Dreher Pozo cumplió funciones como asesor en el Ministerio de Energía y Minas entre mayo y octubre de 2024, durante las gestiones de Luque y Antonio Goncalves (ya procesado). Según parte del expediente del caso, la Fiscalía indaga su presunta influencia en la toma de decisiones relativas a la crisis.

El Ministerio Público solicitó formalmente a la cartera de Estado que certifique todos los informes, memorandos y acuerdos firmados por el exasesor. La Fiscalía busca determinar si validó la idoneidad técnica o legal de la contratista extranjera Progen en sus proyectos.

El excoordinador general jurídico del Ministerio de Energía y Minas, José Manuel de Oliveira Allu, también en la época de Luque, es investigado por presunta intervención contractual. 

La Fiscalía solicitó certificar si el investigado ordenó o autorizó pagos directos a favor de Progen o si validó la idoneidad legal de la empresa. También se dispuso la ampliación de peritajes para estructurar un cuadro con sus delegaciones precontractuales y de ejecución.

En su declaración formal ante las autoridades, el excoordinador negó haber integrado comisiones o procesos de contratación de las centrales.