En una semana se cerrará la posibilidad para que la Fiscalía procese a más personas por el caso Progen

El 20 de agosto de 2026 se cerrará la instrucción fiscal de 90 días en el denominado caso Apagón. Con este plazo se cerrará toda posibilidad de vincular a más sospechosos a la trama de peculado vinculada a los contratos de emergencia con la firma Progen.

La Fiscalía indaga un perjuicio de USD 104 millones por la compra de 50 generadores eléctricos para Quevedo y El Salitral. Los equipos, contratados en agosto de 2024, resultaron de fabricación anterior a 2020, estaban repintados y nunca funcionaron.

Pese al perjuicio, las defensas denuncian una falta de igualdad en el proceso. La última polémica en torno al proceso involucra al exgerente Fabián Calero, uno de los procesados en el caso que está prófugo, a quien se le niega declarar vía Zoom y se le exige comparecer de manera presencial en Quito.

En contraste, directivos de Progen, también prófugos, recibieron enlaces para declarar por videoconferencia desde el extranjero. Con el cierre de esta etapa, se cerrará la opción de vincular a otros funcionarios que participaron en las etapas de la negociación.

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Nombres ausentes en el proceso

La trama se originó durante la crisis de cortes de luz de hasta 14 horas de abril de 2024. El entonces ministro encargado, Roberto Luque -actual ministro de Infraestructura-, declaró la emergencia del sector eléctrico para autorizar que Celec ejecute contrataciones directas. Luque no ha sido procesado.

A las puertas del cierre del caso, hay otros nombres mencionados en el expediente que no han sido vinculados y que se quedarían definitivamente fuera del proceso. Por ejemplo, José Walther Manrique Suárez. El expediente lo identifica como coordinador de la comitiva oficial de Progen y socio de Astrobryxa S.A., firma que recibió USD 20 millones por los contratos.

Tampoco enfrenta cargos John B. Manning, director de Progen, quien invitó al exministro Luque a Texas. Su hermano confesó a detalle cómo fue la estafa, en una demanda civil que se libra en una corte de Estados Unidos.

En el área pública aparece el nombre Juan Manuel de Oliveira, excoordinador jurídico de Energía en la época Luque. Testimonios técnicos señalan que la representante Karla Saud pretendía resolver los temas complejos del contrato directamente con este exasesor.

Otro exfuncionario libre de cargos es Peter Dreher, asesor directo de Luque en Energía. Dreher integró la comitiva de viaje junto al exgerente Fabián Calero en mayo de 2024 para conocer las supuestas fábricas de la contratista.

¿Qué pasa con la versión de Calero?

En mayo de 2026, el fiscal subrogante Leonardo Alarcón formuló cargos contra 21 personas por peculado. El juez de la Corte Nacional Marco Vinicio Rodríguez ordenó prisión preventiva para 17 procesados ante un inminente peligro de fuga.

Entre los procesados con orden de prisión preventiva constan el exministro de Energía Antonio Gonçalves y el exgerente Fabián Calero. En cambio, Byron Orozco y César Toledo recibieron arresto domiciliario por salud.

Mientras la instrucción fiscal del caso Apagón agoniza, se ha desatado una disputa por el acceso a rendir versiones. El fiscal Alarcón negó por segunda vez la solicitud del exgerente Calero para rendir la ampliación de su versión vía telemática.

El abogado defensor Juan Francisco Pozo denunció una falta de igualdad de condiciones. Mientras a otros prófugos como Karla Saud y Andrew Scott Williamson se les enviaron enlaces de Zoom, a Calero se le exige declarar de forma física.

La comparecencia presencial del exgerente fue programada para el 11 de agosto. Su defensa había anticipado que revelaría información clave omitida por la Fiscalía en la fase previa. Pero la diligencia no pudo instalarse. Calero se niega a rendir una versión presencial alegando que no hay garantías para su vida.

A esto se suma que la Fiscalía envió un enlace al técnico prófugo Marco Antonio Chicaiza para el 27 de agosto de 2026, y prevé versiones virtuales de los directivos Helio Costa y William Scott para mediados de septiembre de 2026.

Las defensas cuestionan que estas diligencias se fijen fuera de los plazos legales. La instrucción fiscal concluye el 20 de agosto de 2026 y, tras esa fecha, ya no se podrá incluir a más personas que participaron en la millonaria trama.