Petroecuador alcanza 180 mecheros eliminados en la Amazonía en cuatro años

La petrolera estatal Petroecuador aseguró este miércoles 1 de julio de 2026 que desmanteló 10 antorchas de gas en la Amazonía entre enero y junio de este 2026, por lo que el número de 'mecheros', como se los conoce en Ecuador, llegó a 180 desde que comenzó el proceso en 2022.

"La eliminación de los 180 mecheros representa un avance del 42 % dentro del plan previsto por la empresa pública hasta el año 2030", señaló Petroecuador en un comunicado.

Para alcanzar este número, la petrolera estatal incorporó nueva infraestructura para la captación, transferencia, acondicionamiento y tratamiento del gas asociado al petróleo, y el recurso recuperado "se utiliza en generación eléctrica, refinación y sistemas de calentamiento, lo que reduce la dependencia de combustibles importados".

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Hasta el momento, este proceso ha permitido disminuir 710.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono, "optimizando la calidad del aire del ecosistema amazónico y protegiendo el entorno de las comunidades circundantes", informó empresa pública.

Además, ha generado más de USD 273 millones en ahorros para el Estado, principalmente por la reducción de importaciones de diésel, añadió la institución.

Los 180 mecheros estaban ubicados en nueve campos petroleros de las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos.

En 2021, la Corte Provincial de Justicia de la provincia amazónica de Sucumbíos ordenó que se eliminen más de 400 antorchas de gas que emiten grandes cantidades de dióxido de carbono y otros residuos tóxicos al ambiente, un proceso que Petroecuador empezó en 2022 y planea terminar en 2030.

De acuerdo a la petrolera, el proceso de apagado y desmontaje de cada mechero puede tomar entre 12 y 36 meses, según la complejidad técnica, las condiciones geográficas y la adaptación de nuevas tecnologías a las instalaciones existentes.

Estos trabajos se coordinan con el Ministerio de Ambiente y Energía, lo que facilita la planificación de inversiones, la reducción de riesgos operativos y el cumplimiento de las normativas vigentes, según la empresa estatal.

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