El 29 de marzo de 2023, las empresas petroleras debían cumplir con la primera fase de eliminación de mecheros, aledaños a poblados de la Amazonía.
Dos meses después de su cumpleaños 18, Silvia Yánez fue al médico por sospecha de embarazo. En su cuerpo no solo estaba formándose una vida, desde hace 15 días. También crecían dos tumores, específicamente en el hígado, que ya alcanzaban ocho centímetros.
El diagnóstico: Linfoma No Hodking de Células Grandes, un cáncer del tejido linfático. Yánez vive en la parroquia San Carlos del cantón Joya de los Sachas, provincia amazónica de Orellana. Y desde los ocho años vivió a 100 metros de una estación de bombeo del campo petrolero Sacha, que mantenía encendido día y noche un mechero para la quema de gases residuales.
Ella, junto a sus padres y cinco hermanos, respiraba un aire contaminado con estos gases.
Los tumores, que ya eran tres, fueron más fuertes que su bebé. A los dos meses, Yánez accedió a un aborto para no poner en riesgo su vida y poder practicarse tratamientos contra el cáncer. Para entonces, había perdido las fuerzas hasta para caminar y llegó a pesar 60 libras.
Durante más de año y medio, recibió 18 sesiones de quimioterapia y 30 de radioterapias, en el hospital Solca, de Guayaquil, ante la inexistencia de atención contra el cáncer en la Amazonía, lo que la obligó a alejarse de su familia por largas temporadas.
Las secuelas de la enfermedad y del tratamiento fueron tanto físicas como emocionales. Silvia no volvió a menstruar, sus ovarios quedaron del tamaño de una "lenteja", le dijo su médico. Y a pesar de muchos intentos, más nunca logró quedar embarazada.
Silvia Yánez, terapéuta, recorre las comunidades para monitorear y dar seguimiento a los efectos en la salud de los mecheros de gas. El 27 de marzo 2023. Patricia González
Hoy tiene 34 años, estudia enfermería, y desde hace tres años forma parte de la Unión de Afectados por Texaco (Udapt).
Entre abril de 2018 y diciembre de 2022, la Udapt y la organización Clínica Ambiental hallaron 442 casos de personas con diagnóstico confirmado de cáncer, en los cantones de Lago Agrio, Shushufindi, Francisco Orellana y Joya de los Sachas, de las provincias de Sucumbíos y Orellana. El 72,6% de los casos corresponde a mujeres.
Una sentencia de reparación
Los mecheros ubicados en los campos petroleros de la Amazonía para la quema de gas desprenden gases contaminantes como dióxido y monóxido de carbono, óxidos de azufre y nitrógeno, metano, propano, butano y benceno.
Estos gases contaminan poblaciones aledañas y sus animales a través del aire que respiran, el agua y los alimentos que consumen.
La Udapt contabilizó 447 mecheros: 232 en Orellana, 210 en Sucumbíos y tres en Pastaza, que estaban causando daño al ambiente y a las poblaciones cercanas.
Por el derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, nueve niñas amazónicas, cuatro de Sucumbíos y cinco de Orellana, presentaron el 18 de febrero de 2020 una acción de protección contra el Estado.
Retiro de mecheros
El 3 de mayo de 2021, la Corte Provincial de Sucumbíos acepta, en segunda instancia, la acción y dispone medidas de reparación integral. La primera de ellas era la eliminación gradual de los mecheros utilizados para la quema de gas, por parte de las empresas petroleras.
Los primeros en retirarse debían ser los que se encuentran "aledaños a los centros poblados", con una fecha tope del 29 de marzo de 2023. El resto deberá retirarse hasta diciembre de 2030.
Solo la estatal Petroecuador tiene inventariados 424 mecheros entre Orellana, Sucumbíos y Napo. Pero, también hay empresas petroleras privadas que hacen uso de mecheros, con lo que en total serían unos 486 mecheros.
El jefe de Ingeniería de la gerencia de Proyectos de Petroecuador, Luis Villafuerte, asegura que la petrolera cumplió con la primera fase de la sentencia y apagó o eliminó 112 mecheros en nueve campos petroleros.
Para dar cumplimiento a la sentencia, la empresa se rigió por el reglamento del Ministerio de Energía, emitido en diciembre de 2022, que indica que deberán eliminarse en la primera fase los mecheros "a menos de 100 metros" de centros poblados.
El reglamento define como centro poblado a "una concentración de mínimo 20 viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí".
Sin embargo, las medidas de reparación de la Corte de Sucumbíos no señalan una distancia precisa entre los mecheros y las viviendas. Por ello, para Pablo Fajardo, abogado de las niñas que presentaron la demanda, el reglamento se hizo para favorecer a las petroleras.
Fajardo explica que el efecto de los mecheros puede percibirse a una distancia de por lo menos dos kilómetros.
No todo en la vida es dinero
Con esta acción de protección, las nueve niñas quieren crecer en un ambiente sano para no repetir la historia de Silvia ni de sus propios familiares.
Carmen Samaniego, de 40 años, es la madre de Denisse Nuñez, una de las niñas demandantes. Vive en el barrio Sol de Oriente de la Joya de los Sachas, a 500 metros de un mechero, que fue instalado luego de que ella llegó a vivir allí hace ocho años.
Además, desde hace 10 años es maestra de un colegio, que también está a 500 metros de dos mecheros, que incluso son visibles desde la unidad educativa, asegura Samaniego.
Hace cinco años, a Carmen le detectaron un cáncer de tiroides, con metástasis en pulmón. En 2018, la operaron en el Hospital Carlos Andrade Marín, en Quito, para retirarle la tiroides y los ganglios del cuello, y sigue en tratamiento.
Denisse tiene 15 años, estudia y por las noches practica taekwondo. Su inspiración para demandar al Estado fue su madre. "En estos cinco años muchas veces no estuve con ella, sufrió mucho por el cáncer. Cada vez que viajaba a Quito, me quedaba con mi tía o mi abuela".
La Udapt ha detectado que si bien la enfermedad es más frecuente en mujeres, en los hombres es más mortal. De las 442 personas con cáncer desde 2018, han fallecido 155 y la mayoría eran hombres, según Udapt.
El papá de Dannia Bravo, una de las niñas que demandó al Estado, falleció de cáncer en el cerebro en marzo.
"Las personas diagnosticadas con cáncer viven cerca de los mecheros, e incluso abandonan los tratamientos porque no tienen recursos. El Estado está matando a la gente", dice Natali Casigña, madre de Dannia, con visible tristeza en su rostro.
Natali, madre de dos hijos, quedó viuda con apenas 30 años. Ella y su familia viven en la comunidad Unión Alamoreña, de Joya de los Sachas. A unos 700 metros de su casa se hallan dos mecheros. Ella asegura que continúan encendidos.
Con la lluvia, que es abundante en la Amazonía, los mecheros se apagan, pero siguen emanando gases contaminantes, cuentan los habitantes de Sacha.
"Le exijo al Estado que no se burle de los amazónicos, no todo en la vida es dinero. No le pedimos que dejen de explotar el petróleo, sino que lo hagan de forma responsable", añade Natali, sentada en el comedor de su casa, junto a su hija, la noche del 27 de marzo de 2022.
Otra de las medidas de reparación que debía cumplir el Estado, a través del Ministerio de Salud, era la realización de un estudio médico-científico, que mostrara el grado de afectación de la actividad petrolera en la población aledaña. Para ello, se le otorgó un plazo de seis meses.
El Ministerio de Salud respondió a Primicias que el 27 de marzo de 2023 remitió un informe técnico referente a la acción de protección con "conclusiones y recomendaciones", firmado por el Director Nacional de Investigación en Salud.
Primicias pidió ese informe para conocer sus conclusiones, pero la cartera de Salud no lo entregó, con el argumento de que está en una instancia judicial.
La sentencia añade que, de haber un número significativo de afectados como resultado del estudio, el Ministerio debía crear una unidad oncológica dentro del Hospital General Marco Vinicio Iza, ubicado en Lago Agrio. Para esto, se le otorgó 18 meses adicionales.
Al respecto, la entidad asegura que tanto el Hospital General Marco Vinicio Iza, de Sucumbíos, como el Hospital General José María Velasco Ibarra, en Napo, cuentan con un especialista oncológico clínico.
Sin embargo, personas con cáncer o sus familiares de la provincia de Orellana afirman que ante la falta de atención médica para este tipo de enfermedades en la Amazonía, son remitidos a hospitales de Quito o Guayaquil.
El mal olor del mechero llega a la casa
Por la cercanía a los mecheros, habitantes de Sacha aseguran que han padecido otro tipo de patologías, como alergias de piel, dolores estomacales, afecciones respiratorias y náuseas.
Este tipo de enfermedades las ha sufrido Evelyn Mora y su familia. Ella también es una de las demandantes, quien hoy tiene 18 años.
"El mal olor del mechero llega a la casa. El agua tampoco es buena, tiene un olor feo", cuenta Evelyn en su casa de tablas de madera y techo de zinc, acompañada de su familia.
Su madre, Sara Castro, cuenta que a todos les "pica la piel", mientras su hija Evelyn muestra las ronchas en su pierna.
A unos 300 metros, están ubicados ocho mecheros. Se observan entre los árboles. El 28 de marzo había dos encendidos.
En la comunidad Luz y Vida, en Joya de los Sachas, viven unas 500 familias. Algunas casas están a tan solo 50 metros de una plataforma petrolera de seis pozos, con varios mecheros, que suelen prenderse de manera intermitente, dicen los comuneros.
Unos 25 vecinos estaban reunidos el 28 de marzo para hablar sobre las afectaciones a su salud y al ambiente que provocan los mecheros.
Comunidad amazónica Luz y Vida, ubicada en la provincia de Orellana, apoya la lucha legal de niñas para que se apaguen los mecheros que queman gas. El 27 de marzo de 2023. Patricia González
Los comuneros decían que en las noches hay neblina y es por la contaminación, que el agua es turbia y que los cultivos se han dañado. Madres manifestaron que los niños más pequeños sufren muy seguido de tos y gripe.
La sentencia también ordenaba al Ministerio del Ambiente realizar un plan de monitoreo anual para verificar el "restablecimiento de los ambientes naturales" de los alrededores a la quema de gases a través de mecheros.
El Ministerio de Ambiente dice que el monitoreo es responsabilidad de las compañías petroleras, y asegura que estas remitieron al Ministerio el plan y cronograma para la eliminación progresiva y gradual de los mecheros, que aún no han sido retirados.
Según la sentencia, la Cartera de Estado también debía coordinar una evaluación sobre la calidad del recurso hídrico y efectuar un estudio para dotar de agua potable a los habitantes.
Con relación a esta disposición, Ambiente dice que solicitó a los Municipios de 17 cantones la realización de estudios para la implementación de sistemas de agua potable, en favor de los asentamientos aledaños a los mecheros que no cuentan con el servicio.
Monitoreo de la comunidad
Luego de haber superado el cáncer, Silvia Yánez ahora recorre en moto la provincia de Orellana para alimentar el registro de las personas que sufren de cáncer en la provincia. Desde hace tres años es parte del equipo de terapeutas de la Unión de Afectados por Texaco (Udapt).
Además de levantar el registro de casos, Silvia ofrece acompañamiento a las personas, les hace terapia física y los motiva para que no abandonen el tratamiento.
"Cuando atraviesas esta enfermedad, entiendes el valor de la vida. Estar acompañado es muy importante y es lo que yo intento hacer", dice Yánez.
Cada seis meses, Silvia debe realizarse exámenes de marcadores tumorales, tomografías y ecografías para saber si su cuerpo sigue libre de cáncer. Desde agosto de 2022 no ha podido viajar a Guayaquil para practicárselos.
Lo cuenta mientras a sus espaldas está un mechero quemando gas. Petroecuador, operador de esa estructura, tiene siete años más para apagarlo.
Nota actualizada: Esta nota fue publicada el 31 de marzo de 2023, a las 5:28, y fue actualizada a las 16:10 del mismo día para incluir el pronunciamiento del Ministerio de Salud, y el 14 de abril, a las 21:00, para incluir la respuesta del Ministerio de Ambiente.
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