Libertad sindical en Ecuador: estos son los hallazgos de una misión internacional en el país 

Una misión sindical internacional visitó Ecuador para realizar una evaluación sobre la situación de la libertad sindical, los derechos laborales y garantías democráticas en el país. 

La delegación estuvo integrada por representantes de la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Confederación Sindical de las Américas (CSA), la Internacional de Servicios Públicos (ISP), UNI Global Union, la Internacional de la Educación, así como centrales sindicales de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Panamá, España y Uruguay. 

En su visita de tres días, la misión recogió testimonios y sostuvo encuentros con organizaciones sindicales y sociales. De igual manera, fue recibida por instituciones del Estado, entre ellas, la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional y el Ministerio del Trabajo. 

• El ingreso promedio de los ecuatorianos cae, mientras aumenta el empleo precario

La delegación internacional expresó su seria preocupación por la falta de resultados concretos frente a las denuncias presentadas por las organizaciones sindicales ecuatorianas, así como por la ausencia de un diálogo efectivo y permanente entre el Gobierno y el movimiento sindical autónomo, de acuerdo con un comunicado difundido el 13 de mayo.

Estos fueron los hallazgos principales de la misión sindical internacional en Ecuador:  

• El desmantelamiento del sector público y de las organizaciones del sector público, con el fin de intensificar los procesos de privatización de los servicios y bienes públicos.
• La persecución y despido de dirigentes sindicales mediante la figura del visto bueno por defender los bienes públicos o derechos laborales. Se resaltaron los casos de David Almeida y Gabriel García, de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo de Ecuador (Antep), así como de Christian Villalba, del Sindicato de Trabajadores de la Presidencia de la República.
• La persecución penal en contra de dirigentes por ejercer el derecho a la protesta, como en los casos de Edwin Bedoya, presidente del FUT, y Andrés Quishpe, presidente de la UNE. La misión señaló que estas medidas buscan ser un acto “aleccionador y ejemplificador” para evitar que el resto de trabajadores proteste ante medidas arbitrarias de la patronal o el Estado.
• El congelamiento de cuentas bancarias de las organizaciones como medida punitiva a su labor crítica, destacando el caso de la Unión Nacional de Educadores (UNE). 
• La existencia de selectividad por parte del Ministerio del Trabajo en el registro de directivas sindicales. Se observó prioridad en la atención a organizaciones denominadas como “sindicalismo amarillo o patronal", como la Central Única de Trabajadores (CUT), frente a las organizaciones combativas, cuyos trámites mantienen retrasos de más de un año.
• Las restricciones al derecho de organización colectiva, tanto en el sector público como en el privado, mediante la exigencia de requisitos desmedidos y el congelamiento fáctico de los contratos colectivos.
• El incumplimiento sistemático e histórico de las recomendaciones del Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dichas recomendaciones han señalado enfáticamente obligaciones para el Estado ecuatoriano, tales como permitir la organización sindical por rama de actividad y garantizar la protección contra injerencias estatales a favor de los dirigentes sindicales.