Las polémicas marcan la gestión de unas autoridades electorales prorrogadas
Ecuador lleva seis años en una vorágine de votaciones. Mientras tanto, los consejeros y jueces de la Función Electoral acumulan críticas por sus silencios y decisiones cuestionadas.
Las autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral en la inauguración de las votaciones por la consulta del 21 de abril de 2024, en Quito.
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Desde 2019, Ecuador ha pasado por tres elecciones generales, dos seccionales, dos referendos y tres consultas nacionales. Todas han sido dirigidas por las mismas autoridades electorales, en su gran mayoría, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Esto pese a que ambas entidades deben someterse a renovaciones parciales cada tres años. Sin embargo, desde el régimen de transición de 2018 en las autoridades de control, eso no ha sucedido. El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), enredado en sus escándalos y pugnas internas, ha sido incapaz de llevar adelante los procesos de selección.
Y, aunque consejeros y jueces electorales son designados para periodos de seis años, la mitad del Consejo debía haber sido renovada en noviembre de 2021 y la mitad del Tribunal en abril de 2022.
Esa prórroga indefinida de funciones se ha cobijado además en la idea de que, debido a tantos procesos electorales continuos, no se puede cambiar a las autoridades electorales en medio de un llamado a las urnas, para no poner en riesgo las votaciones.
Las polémicas del CNE y TCE
La última polémica que rodea a las autoridades electorales es la aceptación de la propuesta del gobierno del presidente candidato Daniel Noboa de prohibir que los ciudadanos fotografíen sus papeletas después de votar.
La medida fue denunciada como inconstitucional ante la Corte Constitucional (CC), que no se ha pronunciado todavía, pese a que el Consejo decidió que esa acción será tratada como una infracción grave, lo que implica multas de entre USD 9.870 a USD 32.900 y la pérdida de los derechos políticos.
También se presentaron otros recursos de impugnación ante el mismo CNE y una apelación ante el TCE, mientras uno de sus jueces pidió a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la decisión, porque podría vulnerar derechos civiles y políticos.
Sin embargo, este podría ser el menor de los escándalos que han enfrentado tanto consejeros como jueces electorales. A continuación PRIMICIAS recoge otras cinco polémicas de la Función Electoral:
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La campaña del Presidente sin licencia
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El presidente candidato, Daniel Noboa, decidió dedicarse a tiempo completo a su campaña electoral. Desde el 30 de marzo hasta el 10 de abril de 2025 no ejercerá su cargo; sin embargo, no pidió licencia sin sueldo ni encargó la Presidencia de la República.
En la primera vuelta lo hizo por horas, bajo el argumento de una fuerza mayor y encargando la Presidencia por decreto a su secretaria de la Administración Pública. Esto último fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, pero la campaña sin licencia fue ignorada por el Consejo Nacional Electoral.
Por lo que en esta segunda vuelta Noboa notificó al CNE que no pediría licencia porque la medida está supeditada a la voluntad política del Legislativo y una decisión negativa del Pleno generaría "un riesgo para el Presidente de la República y candidato".
Es así que en estas elecciones generales de 2025, el candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) ha podido esquivar el artículo 93 del Código de la Democracia que manda que “los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral”.
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La suspensión de la Vicepresidenta
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El Tribunal Contencioso Electoral suspendió por dos años los derechos de participación política de la vicepresidenta Verónica Abad y le impuso una multa de unos USD 14.100, tras una denuncia de violencia política de género de la canciller Gabriela Sommerfeld.
Según la denuncia, la vicepresidenta habría realizado declaraciones denigrantes—utilizando términos despectivos y estereotipos de género—con la intención de menoscabar la imagen de Sommerfeld y obstaculizar el ejercicio de sus funciones en el ámbito internacional.
La cuestionada decisión del Tribunal implica que Abad no puede ejercer cargo público alguno en ese lapso. Tampoco podrá votar. Sin embargo, la Mandataria queda atrapada en un limbo jurídico, pues tampoco ha sido destituida del cargo, porque eso es algo que solamente la Asamblea Nacional puede concretar.
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El recuento que nunca se dio
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Después de un empate técnico entre Guillermo Lasso y Yaku Pérez en febrero de 2021, los candidatos de Creo y Pachakutik alcanzaron un acuerdo para pedir el recuento del 100% de los votos en Guayas y del 50% en otras 16 provincias.
El acuerdo se selló en las oficinas del mismo CNE en Quito, después de una histórica reunión entre los candidatos que disputaban el segundo lugar.
Sin embargo, el mayor acuerdo político de la reciente historia ecuatoriana se diluyó en las manos de los consejeros electorales, que no pudieron aprobar su implementación: un consejero abandonó la sesión, solo dos votaron a favor, uno en contra y una abstención.
Finalmente, el pleno del CNE solo aceptó el reconteo de 31 urnas en todo el país.
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La eliminación de la candidatura de Topic
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El principal contendor del presidente candidato para las elecciones de 2025 era el empresario guayaquileño y por segunda vez aspirante a Carondelet, Jan Topic. Pero el Tribunal Electoral decidió impedir su participación.
La sentencia del 10 de noviembre de 2024 argumentó un presunto conflicto de intereses al considerar que el Topic tiene contratos con instituciones del Estado. Esto pese a que Topic traspasó sus acciones de tres empresas (Telconet, Consorcio Tránsito Seguro y Megadatos) que tienen contratos con el Estado, previo a su candidatura.
Los jueces consideraron que tiene "control efectivo" de esas firmas y es el "beneficiario final".
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Fracaso del voto telemático
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Más de 409.050 ecuatorianos estaban habilitados para sufragar desde el exterior en las elecciones extraordinarias de agosto de 2023, pero solo 121.594 pudieron acceder a la plataforma del voto telemático.
Este error ocasionó que se deban repetir las votaciones para asambleístas por el exterior y que los migrantes registrados se queden sin la oportunidad de votar en la primera vuelta presidencial.
La falla en el sistema contratado por el CNE obligó a apurar unas votaciones presenciales solo para la segunda vuelta de octubre de 2023, que incluyó la papeleta de legisladores de esas circunscripciones.
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