Miércoles, 24 de abril de 2024

Petroecuador pierde arbitraje por más de USD 60 millones contra Pañaturi

Autor:

Mónica Orozco

Actualizada:

31 Ago 2022 - 5:28

La Procuraduría General del Estado (PGE) interpuso un recurso de anulación frente al laudo arbitral. El conflicto empezó en 2019.

Recorrido de técnicos de Petroecuador al campo Indillana, ubicado en la Amazonía ecuatoriana, en mayo de 2022.

Autor: Mónica Orozco

Actualizada:

31 Ago 2022 - 5:28

Recorrido de técnicos de Petroecuador al campo Indillana, ubicado en la Amazonía ecuatoriana, en mayo de 2022. - Foto: Twitter Petroecuador

La Procuraduría General del Estado (PGE) interpuso un recurso de anulación frente al laudo arbitral. El conflicto empezó en 2019.

Un tribunal arbitral internacional condenó a la petrolera estatal Petroecuador a pagar USD 80 millones a la empresa Servicios Integrados Pañaturi.

La empresa es una subsidiaria de servicios petroleros perteneciente a la gigante estatal china Sinopec.

El tribunal ad hoc le dio la razón a Servicios Integrados Pañaturi en febrero de 2022, pero el laudo se hizo público recién en agosto, cuando la Procuraduría General del Estado (PGE) interpuso un recurso de anulación ante el mismo tribunal.

"La PGE presentó un recurso de anulación. Por lo tanto, el caso no está terminado", dijo el organismo a PRIMICIAS.

El tribunal arbitral, administrado bajo las normas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), tuvo como sede a Santiago de Chile.

El origen de la disputa

Pañaturi firmó en 2014 tres contratos de servicios específicos con financiamiento con la desaparecida petrolera estatal ecuatoriana Petroamazonas, que se fusionó con Petroecuador en 2020.

El objetivo era optimizar la producción en tres campos petroleros: Indillana, Limoncocha y Yanaquincha, ubicados en el distrito petrolero de la Amazonía norte de Ecuador.

Bajo este tipo de contrato de servicios específicos con financiamiento, la contratista extrae el petróleo y asume las inversiones para aumentar la producción.

A cambio, el Estado le paga una tarifa por cada barril de petróleo que la contratista logre incrementar por encima de una curva de producción acordada en el contrato.

La subsidiaria de Sinopec, que opera bajo este tipo de contrato, solicitó un arbitraje en 2019, alegando que Petroecuador no había cumplido con pagos pactados.

La pretensión inicial de Pañaturi era obtener una indemnización de USD 80 millones.

Pero, según el laudo arbitral, Ecuador tendría que pagar USD 59,49 millones por las tarifas impagas en los tres contratos, de acuerdo con el siguiente desglose:

  • Indillana, un pago de USD 21,27 millones.
  • Limoncocha, una deuda de USD 21,99 millones.
  • Yanaquincha Este, un pago de USD 16,23 millones.

El laudo ordena, además, un pago de USD 3,8 millones por descuentos que Petroamazonas le hizo a Pañaturi, de acuerdo al siguiente detalle:

  • Indillana, un valor de USD 2,3 millones.
  • Limoncocha, un pago de USD 1,09 millones.
  • Yanaquincha Este, un pago de USD 435.111.

El tribunal condenó también a Petroecuador a abonar a Pañaturi USD 990.479 por honorarios de abogados, consultores y peritos, y otro monto adicional de USD 292.679 por gastos de procedimiento.

Además de la deuda, el laudo ordena a Petroamazonas el pago de intereses por mora que deberán ser calculados, pero que Pañaturi calcula en USD 9,8 millones.

Otro revés más

El fallo en favor de Pañaturi no es el único revés que ha sufrido Ecuador en cortes internacionales de arbitraje en 2022.

Un tribunal internacional, administrado por la Corte Permanente de Arbitraje, condenó en junio de 2022 a Ecuador a pagar USD 11 millones a la petrolera Gente Oil, constituida en Singapur.

En el caso de Gente Oil, la Procuraduría presentó el 24 de agosto un recurso de nulidad, que todavía está en proceso.

Mientras tanto, la petrolera francesa Perenco inició en 2022 acciones de cobro por un laudo arbitral de hace un año, que ordena que Ecuador le pague USD 374 millones.

Perenco registró el 24 de agosto la deuda de Ecuador en una corte de Singapur y ante el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido.

Antes, Perenco ya había planteado en julio de 2022 acciones de cobro en una corte de Luxemburgo.