El único acuerdo que existe en la Comisión de Régimen Económico es que el proyecto no pase sin debate, es decir, que no acabe siendo aprobado por el ministerio de la ley, una figura que se aplica a los proyectos económicos urgentes cuando el Legislativo no logra aprobarlos dentro del plazo de 30 días.
El domingo 17 de noviembre vence el plazo para que la Asamblea vote el proyecto de Ley de Crecimiento Económico en segundo y definitivo debate.
Si la Asamblea no cumple con los tiempos establecidos para el trámite, el proyecto entrará en vigencia por el ministerio de la ley, es decir, con el texto original sin modificaciones.
Los asambleístas solo se han puesto de acuerdo en que quieren evitar el ministerio de la ley, para lo que deberán redoblar sus esfuerzos. El objetivo es que el informe para segundo debate sea aprobado este martes, 12 de noviembre.
Una misión casi imposible porque el proyecto de ley contiene 404 artículos, reformas a 22 cuerpos legales, ocho disposiciones generales, 25 transitorias, cuatro disposiciones derogatorias y una final.
Además,los alegatos en la mesa legislativa tardan. Los asambleístas destinan un tiempo amplio a la discusión acerca de la forma del documento, deteniéndose en aspectos como los signos de puntuación, la sintaxis y la redacción. O, al menos, esa fue la tónica de la sesión de ayer 11 de noviembre.
Y a la hora de tratar los asuntos de fondo de los artículos la discusión se torpedea por las posturas políticas de los asambleístas. La mayor parte de las intervenciones queda en observaciones pero no se cristalizan cambios a la propuesta enviada por el Ejecutivo.
Incluso existen reformas que todavía no han sido discutidas en la preparación del informe para segundo debate, como el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip), y el Código Orgánico Monetario y Financiero.
Por ahora el análisis del proyecto se concentra básicamente en el aspecto tributario y en cuerpos legales de menor envergadura, como la Ley de Economía Popular y Solidaria.
El presidente de la Comisión, Daniel Mendoza, afirma que “lo más responsable” sería presentar el informe para segundo debate con los puntos más importantes del ámbito monetario.
La propuesta de la asambleísta de Suma, Gabriela Larreátegui, es que se archive los dos códigos, el de Finanzas y el Monetario, y que luego el Ejecutivo los presente como un proyecto conjunto con carácter económico urgente.
Todos se echan la culpa
Los legisladores de la Comisión de Régimen Económico se deslindan de la posibilidad de que el proyecto de ley termine pasando por el ministerio de la ley.
Larreátegui dijo que el podio de los responsables lo lidera el Presidente Lenín Moreno “porque ha mandado un proyecto con más de 400 artículos para ser analizado en 30 días. Fue ingresado el viernes, 18 de octubre, a las 23:00. Eso provocó que se perdiera tiempo” por el fin de semana.
Para el legislador correísta, Esteban Melo, el segundo responsable es el titular de la Asamblea, César Litardo, a quien responsabilizó por no convocar a primer debate durante el último feriado, entre el 1 y 4 de noviembre.
Otro integrante de la mesa legislativa que prefirió no ser identificado también responsabilizó a Mendoza por la falta de “liderazgo” para tratar el proyecto de ley.
Los puntos de la discordia
Los legisladores tiene severos reparos al proyecto de ley a tan solo seis días para que termine el plazo de la votación.
PRIMICIAS resumió los principales puntos:
1.- La supuesta falta de independencia del Banco Central que implica la reforma al Código Monetario, la cual propone que los miembros del directorio del banco sean nombrados por el Presidente de la República.
La propuesta no ha sido discutida en la Comisión de Régimen Económico.
2.- El cobro de una contribución especial para las empresas que facturen más de USD 1 millón y la eliminación de las deducciones de gastos para quienes generen ingresos de USD 100.000 o más al año.
La mayoría de los legisladores concuerda con el concepto pero está en desacuerdo con los montos de la contribución para las empresas.
3.- Bajar de 5% a 2,5% el pago del Impuesto a la Salida de la Divisas (ISD), pero al mismo tiempo se propone eliminar el crédito tributario.
Hay consenso en la Comisión de Régimen Económico para que el tributo se mantenga en el 5%, sin eliminar el crédito tributario.
4.- El impuesto para la segunda venta de bienes inmuebles dentro de un plazo de cinco años. Los legisladores no han llegado a un acuerdo sobre este punto.
5.- El impuestos para los usuarios de las plataformas digitales de intermediación. La Comisión no llega a un acuerdo.
6.- La supuesta reducción de atribuciones de control a la Superintendencia de Bancos, incluida en las reformas al Código Monetario.
Mientras el gobierno dice que no se le quita atribuciones a la Superintendencia, los legisladores piensan todo lo contrario.
La mayoría de la comisión concuerda con que la Superintendencia debería tener facultades sancionadoras para controlar la banca pública y privada.
El artículo no ha sido discutido durante la preparación del informe para segundo debate.
7.- La reforma coloca al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador (ISSFA) y al Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL) como instituciones gubernamentales que se ocupan de la seguridad social.
La Constitución señala que el IESS es una entidad autónoma regulada por la ley. Los legisladores “no han tocado” esta propuesta del Ejecutivo debido a que no han discutido las reformas al Coplafip.
8.- El artículo 12 del proyecto de ley señala que la información que reposa en las bases de datos del SRI es reservada y debe ser usada exclusivamente dentro de los ámbitos de competencia administrativa o tributaria de dicha entidad.
Esa reforma fue discutida y tampoco existen acuerdos en la mesa legislativa. La propuesta es que el gobierno identifique qué tipo de información puede ser reservada y cuál no.
Los desacuerdos en la Comisión de Régimen Económico, incluso, llegan a reformas que parecerían que tienen la aprobación de todos, como el impuesto a las bolsas plásticas.
Si bien aprueban el impuesto los legisladores tienen observaciones. Quieren que el tributo sea más específico, es decir, que dependa del gramaje. Mientras más pesada sea la funda más alto será el impuesto.
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