La falta de confianza en el país hace que haya mayor informalidad, lo que repercute en el crecimiento y el desarrollo de la economía.
En Ecuador la confianza está por debajo de la media de Latinoamérica, que tampoco es ideal. Así se refleja en el libro Confianza: La clave de la cohesión social y del crecimiento de América Latina y el Caribe, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado en enero de 2022.
En la región el nivel de confianza entre las autoridades, los empresarios y los ciudadanos es de 13%. Lo que es igual a 29 puntos porcentuales menos en comparación con los niveles que tienen economías más fuertes como las de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Además, ese indicador en Latinoamérica se ha deteriorado: hace una década era de 20%.
Si se analiza por país, Ecuador es una de las naciones con peor desempeño, porque solo el 10% de la población cree en los demás.
La poca confianza en el país y en la región son preocupantes, teniendo en cuenta que esa situación “obstaculiza el crecimiento de las empresas y de la innovación“, sostiene el BID.
Más regulación, más informalidad
¿Por qué la falta de confianza entorpece el crecimiento económico? Porque en un escenario de alta desconfianza entre el Gobierno, los empresarios y los ciudadanos aumentan las regulaciones estatales excesivas, los costos de transacción y de los contratos, sostiene el informe.
En resumen, no creer en los demás se traduce en mayor burocracia.
Otro efecto de este problema es que el sector empresarial tiene más trabas para acceder a financiamiento, lo que repercute en su inversión, innovación y productividad.
“El crecimiento requiere inversión de capital, pero los impuestos distorsionadores, los costos regulatorios y una vigilancia arbitraria del cumplimiento desalientan dicha inversión”, afirma el BID.
Y, todo eso, deriva en economías más informales, lo que es una respuesta de los negocios y las personas a las onerosas e innecesarias regulaciones o una señal de su disposición a obtener una ventaja privada a expensas de la comunidad.
“Cuando la confianza generalizada es baja, es probable que también lo sea la creencia en que las reglas han sido hechas en aras del interés público y que los demás las cumplirán”, dice el BID.
¿Y eso qué efecto tiene? Pues que las empresas y las personas opten por la informalidad en lugar del cumplimiento regulatorio, asegura el informe del organismo multilateral.
Y añade que la poca confianza en el país hace que el 34% del Producto Interno Bruto (PIB) se explique por una economía sumergida.
Se entiende por economía sumergida al conjunto de actividades económicas no declaradas que escapan del control.
Y eso ocasiona que el 49,5% de personas con empleo esté en el sector informal de la economía, según la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), lo que desemboca en un ingreso per cápita promedio inferior y, por lo tanto, mayor desigualdad.
Tres de cada 10 personas en el país viven en condición de pobreza, con menos de USD 2,8 al día, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Vivir en pobreza significa afrontar privaciones en materia de educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo y seguridad social.
Menor recaudación tributaria
La informalidad, impulsada por la ausencia de confianza, deriva en evasión de impuestos, que se da cuando un contribuyente oculta u omite ingresos y bienes a la administración tributaria.
Este sigue siendo uno de los puntos débiles en la región, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La evasión de impuestos en el país representa el 7,7% del Producto Interno Bruto (PIB) o lo que es igual a USD 7.000 millones.
La falta de esos recursos incide en la inversión en los gastos permanentes del Gobierno, que son salud, educación y justicia, lo que aumenta la desigualdad.
La reticencia a pagar impuestos también responde a la desconfianza en el sector público, por una mayor percepción de corrupción, sostiene el BID.
La corrupción es uno de los retos que tiene Ecuador para hacer negocios, según el centro brasileño de estudios económicos Fundación Getulio Vargas (FGV).
Y así lo ha reconocido el mismo Gobierno, que sostiene que al año se registran USD 1.500 millones en compras públicas fraudulentas.
Por eso, la actual administración ha asegurado que está trabajando en la transparencia de los procesos, las auditorías independientes y el cumplimiento de estándares internacionales.
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