El agro, la construcción y el comercio registran la mayor cantidad de empleos informales. Un estudio propone cuatro acciones al Estado para reducir el problema.
La mayoría es mujer, tiene empleos precarios, percibe ingresos mensuales por debajo del salario básico y no cuenta con afiliación a la seguridad social. Esas son las principales características del empleo informal en Ecuador.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) define a los trabajadores informales como las personas con empleo que laboran para empresas que no cuentan con Registro Único de Contribuyentes (RUC).
La población ocupada en el sector informal de la economía venía creciendo desde 2014 hasta superar en marzo de 2019 a aquella con empleo formal.
Al final, la crisis económica, agravada por la pandemia, golpeó con mayor fuerza a la población del sector informal que, además, se incrementó.
Los trabajadores en la informalidad pasaron de 3,6 millones en diciembre de 2019 a 4 millones en noviembre de 2021, según el INEC. Esto significa que en dos años alrededor de 400.000 personas ingresaron a la informalidad.
De los 4 millones de personas en la informalidad, solo 404.500 tienen un empleo adecuado, es decir, ganan igual o más que el salario básico y laboran 40 horas a la semana. El resto enfrenta situaciones precarias.
Una dura realidad
Para Ana Patricia Muñoz, directora de Grupo Faro, el concepto de informalidad debiera ir más allá de tener RUC e incluir un enfoque desde el trabajador y sus condiciones laborales.
A las 07:30 del pasado 8 de enero de 2022, María Araujo tendió en el piso una lona para colocar pinzas de ropa, guantes de lavar, jaboneras, coladores, cucharas, cuchillos y esponjas.
Los productos que vende María en una vereda de la calle Moro Moro, en el sur de Quito, son su única fuente de ingresos. Al medio día, el sol suele ser intenso, pero es peor si llueve porque entonces ella no podría salir a trabajar.
La jornada de María dura casi 12 horas y, pese a eso, en estos días solo logra ingresos de USD 40 al mes, que no alcanzan para cubrir sus gastos.
"Yo necesito unos USD 100 para vivir, pagar el arriendo, comprar la comida. Eso sacaba antes de la pandemia, pero las ventas ahora están malas", cuenta María con pesar.
María perdió el Bono de Desarrollo Humano hace dos años porque intentó legalizar un pequeño terreno que tiene en la provincia de Tungurahua, de donde es oriunda.
"Debo varios meses al dueño del cuarto que arriendo, que me amenaza con mandarme, a veces con insultos", relata la mujer de 65 años.
En noviembre de 2021, según el INEC, la tasa de informalidad entre las mujeres era del 52%, mayor a la de los hombres que es del 48%.
Además, de la población afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) solo el 5,7% corresponde a trabajadores informales, a noviembre de 2021, de acuerdo con el INEC.
De igual modo, las actividades con las tasas más altas de informalidad son la agricultura, con el 77% y la construcción con el 69%. Le siguen el comercio con el 44% y los servicios con el 31%.
Si se observa los datos por ciudad, Guayaquil es la ciudad con la tasa más alta de informalidad con un 42%. Luego están Machala, con el 35%; y Quito y Ambato, con el 25%. Estas cifras corresponden a la encuesta trimestral de empleo con corte a septiembre de 2021 del INEC.
Pérdida de capital humano
En noviembre de 2021, la tasa de informalidad de las personas con educación secundaria fue del 45% y de aquellos con estudios superiores, del 21%, de acuerdo con el INEC.
Un estudio que realizó Grupo Faro sobre la informalidad en Quito, publicado en diciembre de 2020, también da cuenta de que existe un alto grado de población educada dentro del grupo de comerciantes informales.
Con ello, el país pierde un potencial importante de capital humano, considera la Directora de Grupo Faro. Además, los trabajos informales no son temporales ni de transición.
La investigación de Grupo Faro mostró que cerca de la mitad de los trabajadores informales de Quito había estado en esa actividad por más de tres años.
Es preocupante que la informalidad se vuelva un estado permanente, donde no hay estabilidad económica.
Ana Patricia Muñoz / Grupo Faro
Fernando Arroyo lleva 14 años como comerciante informal. En el balde de su camioneta, él vende pescado y marisco, que adquiere tres veces por semana en Esmeraldas.
Antes, Arroyo trabajó como guardia de seguridad y empleado en una fábrica, pero luego le fue difícil hallar trabajo y empezó su negocio propio.
La venta de pescado y marisco le deja una ganancia de USD 400 al mes, que destina a cubrir los gastos de su esposa y cuatro hijos.
La mayor preocupación de Fernando es perder la mercadería en manos de los agentes municipales porque no está formalizado. "Toca estar huyendo, prácticamente", dice.
En algún momento, Fernando quisiera tener un puesto en un mercado, ser formal, pero no tiene recursos para el arriendo o para pagar impuestos.
Algún día quisiera tener un puesto en un mercado, pero formalizarse es todo un trámite.
Fernando Arroyo / Comerciante
La falta de acceso a crédito es otro obstáculo para la innovación y la formalización de los comerciantes, según el estudio Los Relatos de un Ecuador sin oportunidades, publicado en octubre de 2021 por el Observatorio de la Libertad Laboral de la Fundación Libre Razón.
El estudio recoge los relatos de 60 comerciantes de nueve provincias de Ecuador, llamados "urbanos". Así Fundación Libre Razón busca cambiar la connotación negativa que genera entre la población y las autoridades el término de "informal".
"Se prefiere invisibilizarlos, que formalizarlos", dice Mauro Echeverría, uno de los investigadores del estudio realizado por Libre Razón.
La mayoría de los 60 comerciantes entrevistados por esa Fundación contaron que se ven obligados a pedir dinero a sus familias o a 'chulqueros', con tasas de interés que pueden superar el 1.238% al año.
Falta de una política estatal
Grupo Faro y Fundación Libre Razón creen que hace falta una política integral para reducir la informalidad en el país.
Libre Razón plantea que esa política debe involucrar al Estado, los propios comerciantes y los gobiernos locales, y prever, al menos, estas cuatro medidas:
- Reducir los trámites para formalizar negocios, incluso con la creación de un régimen especial para emprendedores.
- Una reforma laboral para aumentar el empleo formal.
- Promover acuerdos comerciales que fomenten la inversión privada y extranjera en el país, que permitan dinamizar la actividad productiva y el empleo.
- Acceso a crédito barato. La población informal debe ser un destino prioritario para los créditos al 1% con plazos de hasta 30 años, que lanzó el Gobierno.
Muñoz, de Grupo Faro, agrega que también es necesario asegurar condiciones dignas de trabajo para el sector informal como acceso a la salud y al aseguramiento.
Otra medida, según Muñoz, es revisar la política social para evitar que por la formalización de los negocios los trabajadores informales pierdan los bonos de forma inmediata.
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