Al igual que su predecesor, el presidente Guillermo Lasso planteó la concesión de varios activos del Estado, como hidroeléctricas y refinerías.
La hidroeléctrica Sopladora ha estado, al menos desde 2019, en la lista de activos del Estado que podrían pasar a manos de una administración privada, vía concesión o monetización. Se trata de una forma para inyectar liquidez al Gobierno Central.
Problemas legales e incluso observaciones a la obra misma habían detenido el proceso, hasta ahora.
A inicios de mayo, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) adjudicó un contrato a la firma financiera francesa BNP Paribas para que se encargue de estructurar un modelo para la concesión de la Central Hidroeléctrica Sopladora.
El contrato fue suscrito USD 5,5 millones. El plazo de ejecución del proyecto es de 24 semanas (cerca de 6 meses).
La firma financiera francesa, dice el contrato, debe establecer un modelo para “obtener ingresos por la gestión delegada” de Sopladora a un inversionista privado.
Siete firmas financieras, además de la ganadora, fueron invitadas por Celec a participar del proceso: Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, UBS, Lázard Frères, Deloitte y Houlihan Lokey.
La central hidroeléctrica, que tiene una capacidad de 487 megavatios y está ubicada entre Azuay y Morona Santiago, es operada por el holding estatal Celec. Fue construida por la empresa estatal China Gezhouba Group en consorcio con la ecuatoriana Fopeca S.A. con una inversión de USD 672 millones.
A pesar de esta contratación, el gerente de Celec, Gonzalo Uquillas, dijo a PRIMICIAS que la concesión de Sopladora dependerá de la administración del presidente Lasso.
Y explicó que la contratación fue posible después de que Celec subsanara algunos pendientes legales que demoraron la licitación.
Entre esos pendientes está la recepción definitiva de la central por parte del Gobierno, lo que se concretó en abril de 2021, así como la finalización de un examen especial de Contraloría, en el que se determinaron glosas por USD 248 millones en contra de las empresas China Gezhouba Group y Fopeca, encargadas de la construcción de la hidroeléctrica.
Cardenillo, en la lista
Uquillas informó que Celec también está buscando una firma financiera para estructurar un proyecto que permita la construcción y concesión de la central hidroeléctrica Cardenillo.
La obra, de aproximadamente USD 1.300 millones, estaría ubicada entre las provincias de Morona Santiago y Azuay, y tendría una potencia instalada de 600 megavatios.
“El Gobierno no tiene los recursos necesarios para emprender en este proyecto, por eso será concesionado a la empresa privada”, dijo Uquillas.
Concesiones, una tarea pendiente
Si bien, en 2020, la pandemia del coronavirus se atravesó en los planes del Gobierno, la monetización de activos del Estado o la concesión a la empresa privada, es una oferta que se viene arrastrando, por lo menos, desde 2019.
En 2020, el Gobierno incluyó en el Presupuesto General del Estado (PGE) ingresos por USD 1.000 millones por concesión de activos, aunque se tenía previsto un ingreso inicial de USD 2.000 millones.
Y aunque no pudo concretar esos ingresos, el Gobierno volvió a proyectar ingresos por monetización de activos en 2021.
Según el Ministerio de Finanzas, para este año se proyectó USD 860,8 millones en ingresos por concesiones. Hasta mayo esa cuenta estaba en cero, así como lo muestra el siguiente cuadro:
En varias ocasiones, el presidente Guillermo Lasso ha dicho que durante su administración llevará adelante un plan de concesiones. En esa lista no solo están las hidroeléctricas.
El primer mandatario también ha mencionado a las tres refinerías de la petrolera estatal Petroecuador, carreteras de la red vial estatal, la telefónica estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y proyectos mineros.
El mandatario también anunció que venderá, en el mercado internacional, el Banco del Pacífico, con capital estatal.
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