Presupuesto para reducir brecha de género crece, aunque el gasto es lento
El Gobierno prevé usar USD 793 millones para reducción de brecha de género y de violencia contra la mujer en 2023. Esto es el 3% del gasto total del presupuesto.
Marcha de mujeres en contra de los abusos y femicidios en Quito el 1 de octubre de 2022.
Hamilton López/API
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De enero a octubre de 2022, un promedio de 30 mujeres han sido víctimas de femicidio y muertes violentas cada mes. Ante eso, el Gobierno se comprometió a implementar acciones para reducir la brecha de género y la violencia contra este grupo.
El presidente Guillermo Lasso hizo la promesa dos semanas después del femicidio de María Belén Bernal, ocurrido el 11 de septiembre en la Escuela Superior de la Policía, y convertido en el caso más emblemático por las circunstancias en las que ocurrió.
Para implementar las medidas prometidas, Lasso dijo que emitiría un decreto ejecutivo al respecto y reconoció que hacerlo demandaría más presupuesto público.
El Gobierno todavía no emite el referido decreto, pero la promesa de incremento de recursos ya se refleja en la Proforma de 2023. Así, el presupuesto para implementar políticas enfocadas en reducir la brecha de género en Ecuador será de USD 793 millones en 2023.
Se trata de un incremento de USD 130 millones frente a la asignación de 2022.
La asignación para acortar la desigualdad de género representa el 3% del total de gastos previstos en la Proforma de 2023.
Gasto va lento
Para Geraldina Guerra, vocera de la Fundación Aldea, no basta con que el Gobierno incremente el presupuesto, porque "a veces el dinero queda solo en el papel", dice.
En la práctica, las entidades públicas no ejecutan los presupuestos con rapidez, porque hay demasiada burocracia, añade.
La Secretaría de Derechos Humanos, que tiene a su cargo políticas de género, ha ejecutado el 51% de su presupuesto hasta octubre de 2022 y apenas quedan dos meses de que se termine el año.
De hecho, el Gobierno recortó el presupuesto para esa Secretaría. La entidad tenía una asignación de USD 21 millones en 2022, pero el presupuesto cayó un 43% en la Proforma de 2023.
Guerra menciona que cada año las casas de acogida que reciben presupuesto del Gobierno deben hacer un trámite para firmar nuevos convenios y que se renueven las asignaciones.
Los procesos no son rápidos, denuncia.
La vocera de la fundación también lamenta que se estima que solo 500 menores de edad huérfanos de madres víctimas de femicidios reciben un bono creado por el Gobierno para atender a estos niños. "Hemos identificado que alrededor de 1.500 deberían recibirlo", añade.
El presupuesto para este bono para los menores de edad que quedaron en orfandad tras el femicidio de sus madres suma USD 222.334 para 2023. Esto representa una leve reducción de 4% frente al valor previsto en 2022.
Recortes en lo social
En donde habrá recortes es en los presupuestos para programas orientados a mejorar las condiciones de vida de niños y adolescentes.
La asignación para este grupo suma USD 863 millones para 2023. Esto representa una caída de 42% frente al presupuesto de 2022.
Mientras que la asignación para políticas dirigidas al bienestar de los adultos mayores se reduce un 16%. Y el presupuesto destinado a planes para personas con discapacidad tiene una caída de 14%.
En el presupuesto de reducción de brechas también hay recursos para políticas dirigidas a la protección de la naturaleza.
Las transferencias para implementar estas medidas ambientales suma USD 175 millones en 2023; es decir, 30% menos que en 2022.
La subsecretaria de presupuesto del Ministerio de Finanzas, Olga Núñez, explica que las entidades públicas deben demostrar que están reduciendo la brecha en lo social y ambiental, con base en parámetros de un catálogo de parámetros y registrarlo.
"No todas las entidades lo hacen", reconoce Núñez.
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