El primer mandatario firmó el Decreto Ejecutivo No. 812. Declaró el estado de emergencia por la “grave conmoción interna” que vive la parroquia por los constantes hechos de violencia registrados. Se dispone la movilización, en especial de la Policía y las Fuerzas Armadas.
El Gobierno reaccionó ante el incremento de la violencia en la parroquia de la Merced de Buenos Aires, en Imbabura. Desde finales de 2017, la zona ha sido afectada por la minería ilegal.
El estado de excepción estará vigente por 60 días.
Según el presidente Lenín Moreno, se ha reconocido la presencia de 10.000 personas que realizan actividades de minería ilegal.
Actividad que se encuentra relacionada con “grupos armadas, bandas delictivas dedicadas a la trata de personas con fines de explotación laboral, sexual, intimidación, delitos contra la propiedad” que afectan a los habitantes de la parroquia.
Además, en el primer semestre de 2019, se han registrado 27 hechos violentos. Entre ellos, un fallecido por arma de fuego, otro por arma blanca, un muerto por deslizamiento de tierra y heridos por riñas.
La semana pasada, un grupo de dirigentes de los mineros ilegales estuvo en la Asamblea: hicieron una propuesta para que el Gobierno autorice a la empresa minera Hanrine Ecuadorian Exploration para que les ceda 90 hectáreas de la concesión que tiene en Buenos Aires.
Allí, el dirigente Luis Valencia reconoció que en Buenos Aires “todos estamos armados porque debemos cuidar nuestras inversiones”.
Ellos estuvieron acompañados por la asambleísta socialista Silvia Salgado.
Como lo anticipó PRIMICIAS el 28 de junio, los mineros de Buenos Aires tienen empresa registrada en la Superintendencia de Compañías a través de la cual buscan su regularización: la Minera Buenos Aires S.A. (Minbuenarsa).
La empresa está domicialiada en Imbabura, en la Vía San Lorenzo y la Y de Buenos Aires.
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Informes de inteligencia de la Policía señalaban que, hasta mayo de 2019, hay más de 2.000 mineros ecuatorianos, 2.000 venezolanos, unos 1.200 colombianos y 500 peruanos que llegaron atraídos por una enorme veta de oro. Quedan un legado de destrucción ambiental alarmante y un problema difícil de solucionar para el gobierno.
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El general Carlos Alulema Miranda, director nacional de la Policía Judicial, habló con PRIMICIAS a mediados de mayo de 2019 sobre la situación de orden público en La Merced de Buenos Aires y sobre los operativos que se realizarán para frenar la minería ilegal y la violencia en esta parroquia de Imbabura, en donde las autoridades han identificado a varios grupos armados ilegales dedicados a la extorsión.
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