La Defensoría del Pueblo recibió, de marzo a agosto de 2020, a nivel nacional, más de 11 mil denuncias de vulneración de derechos. Destacan los casos de despidos irregulares, entre ellas de personas con discapacidad e incluso embarazadas.
La Defensoría del Pueblo registró un aumento de las vulneraciones de derechos desde que inició la pandemia, en marzo de 2020. Desde ese mes y hasta agosto de 2020 se cuentan 11.342 denuncias.
De este número destacan los casos de casi 400 despidos ilegales en el sector público de personas con algún tipo de discapacidad física o mental.
También, dentro de ese número están mujeres embarazadas que fueron notificadas de su desvinculación de empresas estatales. No se consideró la protección que da la Constitución de la República a los grupos vulnerables.
El tema de los despidos irregulares se encuentran en dos registros de la Defensoría del Pueblo: en las denuncias de la vulneración de derechos a 353 personas con discapacidad y 1560 de trabajadores y jubilados (ver gráfico).
Las personas con discapacidad, además de las desvinculaciones ilegales, denunciaron:
- Falta de accesibilidad a la información
- Falta de atención en la salud
- Bono de contingencia impago
Con enfermedades catastróficas
Solo en Guayas se han reportado 34 casos de mujeres embarazadas o lactantes que eran funcionarias públicas y fueron despedidas.
Para que cuatro de ellas recuperaran su trabajo, la Defensoría del Pueblo interpuso una acción de protección en contra el Ministerio de Educación, donde laboraban.
“Hemos detectado una creciente vulneración de derechos en los últimos meses, no solo de mujeres, sino también de personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas”, explica Mirelli Icaza, delegada de la Defensoría del Pueblo en Guayas.
Ella cuenta un caso específico: “Una empleada de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) fue despedida, sin saber que estaba embarazada. Ella notificó y la entidad se rehusó a reincorporarla. Sin embargo, se interpuso una Acción de Protección y ganó”.
Deben recuperar empleo
Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, también reclama por los despidos irregulares. "Hay grupos vulnerables que la ley protege, pero las autoridades se han saltado las normas".
El dirigente explica que, de hecho, el Ministerio de Trabajo envió un oficio las entidades públicas recordando esta prohibición, "pero han hecho caso omiso".
“Estos despidos a personas con discapacidad física o mental se dan por descuidos de los departamentos de Recursos Humanos de las entidades públicas. Los afectados pueden acudir a la justicia para ser restituidos”.
Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos
Los familiares de fallecidos en Guayaquil durante la pandemia, cuyos cuerpos no han sido identificados, el 26 de junio de 2020. Este grupo planteó una acción de protección. Cortesía
Lluvia de acciones de protección
El número de recursos de Acción de Protección que interpone la Defensoría del Pueblo va en aumento. En 2019 fueron 35 y en lo que va de 2020 ya suman 126, lo que representa un incremento del 260%.
La Constitución de 2008 instauró este figura: la Acción de Protección se interpone cuando un ciudadano considera que se vulneran sus derechos y puede, al mismo tiempo, pedir medidas cautelares. Si un juez falla a su favor, la sentencia es de obligatorio cumplimiento.
El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, asegura que este incremento es culpa de una violación de los derechos cada vez más recurrente por parte del Estado.
"Se me califica de opositor al Gobierno, pero nuestro rol como lo manda la ley es velar por el cumplimiento de los derechos".
Freddy Carrión, Defensor del Pueblo.
Estas han sido las acciones de protección que la Defensoría destaca:
- El 20 de junio de 2020 se aceptó una Acción de Protección a favor de los clientes de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) para refacturar los valores cobrados demás durante el confinamiento.
- El 26 de junio otra Acción de Protección reconoció la vulneración de derechos de los familiares de las víctimas de la pandemia en Guayaquil, cuyos cuerpos se extraviaron o no han sido identificados.
- El 19 de agosto se interpuso una Acción de Protección para obligar al Ministerio de Salud que tome exámenes a un grupo de estudiantes para que haga su año de medicina rural. El trámite aún está en curso.
- El 1 de septiembre de 2020, un juez acogió la Acción de Protección contra el Ministerio de Finanzas para pagar puntualmente los sueldos de los trabajadores públicos.
¿Medidas cautelares son efectivas?
Miguel García, dirigente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, es crítico en cuanto a la Acción de Protección por el caso de los sueldos. "Si con una sentencia se pudiera generar ingresos, esa sería la vía. Pero no es la solución: el Gobierno no tiene recursos para pagar".
Como ejemplo, destaca que los trabajadores judiciales interpusieron una acción similar y ganaron. Por eso, ellos reciben sus salarios puntualmente.
“Eso crea una suerte de discriminación entre los mismos trabajadores”, reclama García.
De allí que la Defensoría del Pueblo planteó una nueva demanda que englobe a todos los trabajadores públicos. "Pese a una sentencia favorable, muchos de ellos aún no cobran los meses de julio y agosto", reclama García.
Para Freddy Carrión, se trata de respetar los derechos. Advierte que cualquier funcionario que incumpla una sentencia corre el riesgo de ser destituido, incluso el Ministro de Finanzas, Richard Martínez, en el caso del no pago a tiempo de los salarios a la burocracia.
"Hacemos un seguimiento de todos los casos para que las sentencias no queden en letra muerta", recalca Carrión.
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