Por una acción de protección planteada por la Defensoría del Pueblo, la justicia ordenó al Estado ecuatoriano emitir una disculpas públicas y la inmediata identificación de los cuerpos, además de ofrecer atención psicológica a los familiares.
El Juzgado de Garantías Civiles de Guayaquil acogió el 26 de junio de 2020 la acción de protección solicitada por la Defensoría del Pueblo a favor de las 38 familias cuyos allegados murieron durante el pico de la pandemia pero sus cuerpos nunca aparecieron.
Ahora se reconoce la vulneración de los derechos de estas personas y a su estabilidad emocional, señaló Mirelly Icaza, delegada de la Defensoría del Pueblo en Guayas.
El fallo, dijo Icaza, ordena al Estado emitir disculpas públicas y ofrecer atención psicológica a las víctimas por al menos un año. Además exige a las entidades públicas involucradas, entre ellas el Ministerio de Salud y hospitales públicos, que identifiquen a los cadáveres.
Actualmente esa labor la realiza la Unidad de Criminalística de la Policía Nacional, mientras que la Fiscalía lleva adelante una investigación por el presunto mal manejo de cadáveres.
En los exteriores del juzgado se reunieron los familiares, quienes celebraron la acción de protección.
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