Una acción de protección pretende obligar a las autoridades a la identificación inmediata de los cuerpos. La audiencia estaba prevista para el 10 de junio de 2020, pero se suspendió.
María Teresa y Soraya Díaz son hermanas. Perdieron a su madre, Enriqueta Razo, el 27 de marzo de 2020 tras dos días de hospitalización en una clínica privada de Guayaquil.
Hasta esa casa de salud llegaron para tratar de curar a la mujer de 85 años de edad contagiada con covid-19. “El gobierno se la llevó porque mi hermano intentó recuperar el cuerpo, pero llegó medicina legal”, recuerda Soraya Díaz.
Ambas participaron en el plantón de los familiares de fallecidos por la pandemia en Guayaquil y que hasta la fecha no logran recuperar los cadáveres de sus seres queridos.
Las hermanas ingresaron los datos de su madre al sitio web donde se informa la ubicación de los muertos que recogió la disuelta Fuerza de Tarea Conjunta. “No hay nada allí”, reclaman.
“Queremos que nos den el cuerpo y la vamos a inhumar en el lugar donde nosotros vamos a pagar. Es lo último que podemos hacer por nuestra madre”, protesta la mujer.
Reclamo legal
Ella forma parte de un grupo de 38 familias que identificó la Defensoría del Pueblo. Esta institución interpuso una acción de protección contra los ministerios de Salud y Defensa, además de los hospitales públicos.
Mirelli Icaza, delegada en Guayas de la Defensoría del Pueblo, explicó que el objetivo del recurso legal es que un juez obligue a todas las entidades involucradas a la identificación inmediata de los cuerpos y la entrega a los familiares.
La audiencia estaba prevista para esta tarde pero se suspendió porque una de las partes, el hospital Luis Vernaza, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, no recibió la notificación.
La Fiscalía inició una investigación por la mala disposición de los cadáveres durante los últimos días de marzo y principios de abril.
La identificación está a cargo de la Unidad de Criminalística de la Policía, pero las labores avanzan lento debido al alto grado de descomposición de los cuerpos.
Derechos Humanos hizo un estudio
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos también asiste a los familiares.
Ellos realizaron un estudio que involucró a 368 personas que sufrieron la muerte de un familiar durante la emergencia sanitaria.
“De este levantamiento de información se registran, a la fecha de cierre de este informe preliminar, 76 personas fallecidas cuyos cuerpos se encuentran aún extraviados o que sus familiares recibieron, recientemente, información sobre su paradero”, señala el reporte.
De ese universo, 25 personas fallecieron en hospitales públicos y privados, mientras que 51 personas lo hicieron en sus hogares.
Pese a los reclamos, aún no se fija fecha y hora para la audiencia con la que los familiares aspiran recuperar los cadáveres de sus seres queridos.
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