El informe no vinculante de la Comisión de Régimen Económico pasará al Pleno en los próximos días. La única polémica tiene que ver con el plazo para que la deuda alcance el 40% del PIB.
En un segundo intento, la Comisión de Régimen Económico aprobó, este 23 de junio de 2020, el informe no vinculante sobre el veto parcial del Ejecutivo a la Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas.
El documento será remitido al presidente de la Asamblea, César Litardo, para su análisis en el Pleno del Legislativo.
El informe no vinculante sugiere que la Asamblea se allane a 15 de las 16 observaciones que hizo el presidente Lenín Moreno. La propuesta del legisladora de PAIS, Pinuccia Colamarco (alterna de Daniel Mendoza), tuvo un respaldo de 7 legisladores de la Comisión de Régimen Económico.
El pasado 20 de junio la Comisión fracasó en su primer intento por aprobar el informe no vinculante. Entonces la propuesta del legislador de CREO, Luis Pachala, era que la Comisión recomendase el allanamiento total.
Las observaciones acogidas
La Asamblea necesita el voto favorable de la mayoría de los asistentes a la sesión para allanarse a las objeciones del Ejecutivo a la Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas.
Esta ley es, básicamente, una reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip).
Estos son los 15 artículos que la Comisión de Régimen Económico sugiere enmendar:
Programación presupuestaria
- El Ministerio de Finanzas emitirá las directrices sobre los techos presupuestarios globales, institucionales y de gasto de las empresas públicas.
- Las modificaciones al Plan Anual de Inversiones (PAI) y sus efectos en la programación presupuestaria cuatrianual serán autorizadas por Finanzas, en función de la disponibilidad de espacio presupuestario.
- Para la consecución de los programas de preservación de capital del Presupuesto General del Estado deberá emitirse un informe técnico que sustente que el proyecto es económica viable y socialmente favorable.
- Mejorar el procedimiento así como la redacción sobre la opción de incrementar en un máximo del 5% el Presupuesto General del Estado por parte del Ministerio de Economía.
- Mejorar la redacción sobre la coherencia de ley para que el Ministerio de Finanzas emita los techos presupuestarios globales, institucionales y de gasto de las empresas públicas de la Función Ejecutiva.
- Toda planificación de gasto permanente y gasto no permanente de las entidades durante la formulación de las proformas institucionales deberá observar el techo de gasto comunicado por el Ministerio de Finanzas.
- El Ejecutivo mejora la redacción sobre el artículo innumerado que establece los lineamiento sobre los atrasos en los pagos de los gastos de las entidades que conforman el Sector Público.
- Finanzas determinará las directrices presupuestarias y estas serán una referencia obligatoria para todas las entidades y organismos del Gobierno Central y las otras funciones del Estado.
- Mejorar la redacción sobre la opción que tiene el Ministerio de Finanzas para determinar el límite nominal anual de modificación del gasto primario para las entidades del Gobierno Central y otras funciones del Estado.
La nueva facultad para el Banco Central
- El Ejecutivo faculta al Banco Central y a la banca pública para que acceda de manera directa a financiamiento para liquidez como lo establece el Código Monetario y Financiero.
Emisión de bonos
La Comisión se allanó a cuatro propuestas del Ejecutivo respecto al manejo de los bonos del Estado.
- El presidente propone que toda emisión de bonos, en moneda de curso legal o extranjera se negociará en forma universal, a través de las bolsas de valores o las plataformas de negociación. Se exceptúan de la negociación de bonos, las transacciones que se realicen en forma directa entre las entidades y los organismos del sector público.
- La negociación de bonos estatales, ya sea Notas de Tesoro o cualquier otro título público, deben tener las mismas características. Es decir, que no genere "costo fiscal".
- Finanzas debe presentar en los primeros 90 días de 2021, una estrategia para reducir y eliminar los saldos de Certificados de Tesorería (Cetes) que están colocados al 31 de diciembre de 2020. Ese cambio, dice la propuesta de Ejecutivo, permite terminar este año "cumpliendo con las necesidades de liquidez que el Gobierno requiere", dada la crisis económica y sanitaria que enfrenta el país.
- Y finalmente, la mesa legislativa acoge la propuesta del Ejecutivo que aclara que, el reemplazo de los Certificados de Tesorería (Cetes) por las Notas del Tesoro se concretará a partir de enero de 2021.
Deuda pública
La mesa legislativa también se allanó a la propuesta del Ejecutivo para eliminar el plazo que se había establecido para que la deuda pública alcance hasta el 40% del PIB.
En la Ley de Fomento Productivo, que fue emitida en 2018, se había fijado que ese meta se alcanzaría en 2021.
Comisión se ratifica en texto original
La comisión ahora plantea insistir en que el límite de la deuda pública del 40% del PIB se alcance en 2022. Así lo había resuelto la Asamblea en el texto aprobado.
Si los legisladores logran tener los 71 voto para ratificarse en ese texto, se desecharía el cronograma que había planteado Moreno en su objeción.
La propuesta del Ejecutivo era:
- Reducir la deuda hasta el 57% del PIB en una plazo máximo al 2025.
- Reducir la deuda hasta el 45% del PIB en un plazo máximo al 2030.
- Reducir la deuda pública al 40% del PIB hasta 2032.
Este informe de la Comisión pasará al pleno de la Asamblea Nacional.
También le puede interesar:
Contenido Patrocinado
Banco del Pacífico cumple 52 años a favor de la evolución financiera
Contenido Patrocinado
Ciencias computacionales, opciones infinitas en un mundo digital
Lo último