Los problemas de consenso siguen en la Comisión de Régimen Económico para aprobar el informe no vinculante sobre las objeciones del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas.
La propuesta del legislador de CREO, Luis Pachala, que recomendaba la aprobación del informe no vinculante sobre el allanamiento total a las 16 objeciones del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, fue rechazada.
La moción solo tuvo el respaldo de seis legisladores de la Comisión de Régimen Económico.
Hubo tres votos en contra y cuatro abstenciones.
Con la decisión, el presidente encargado de la Comisión, Franco Romero, suspendió la sesión.
Según la ley, la Asamblea Nacional tiene 30 días para analizar y resolver el veto enviado por el presidente Lenín Moreno, el pasado 15 de junio de 2020.
El informe rechazado incluía las observaciones que realizaron las autoridades de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, (EMCO).
En un comunicado remitido a la mesa legislativa, las autoridades de EMCO se pronunciaron a favor de la propuesta del Ejecutivo de establecer directrices para techos presupuestarios de las empresas públicas.
El presidente del directorio de EMCO, Marco Ávila, informó además, que los planes de inversión de las empresas públicas deben ceñirse al techo institucional, conforme lo propone el Presidente Lenín Moreno en el veto parcial de la propuesta de ley.
El equipo asesor de la Comisión detalla el contenido y observaciones del veto a la Ley de Finanzas Públicas para su posterior debate, el 18 de junio. Asamblea
El veto parcial del Ejecutivo
La ley aprobada por la Asamblea el 16 de mayo mantiene la autonomía presupuestaria, un seguro de cobertura petrolero y minero que protegería al país si los precios del crudo y de los metales caen por debajo de cierto umbral.
También ratifica la creación de un Fondo de Estabilización y ratifica la autonomía de las instituciones de la Seguridad Social.
El Ejecutivo remitió el veto parcial a la ley con 16 observaciones.
Uno de los principales cambios que propone Moreno es que el Ministerio de Finanzas emita las directrices sobre los techos presupuestarios a las empresas públicas del Gobierno Central.
El Ejecutivo también plantea que el Banco Central y los bancos públicos mantengan el acceso a operaciones de financiamiento para liquidez e intermediación financiera.
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