Consejo Provincial de Azuay no alcanza los votos suficientes para consulta popular antiminera

Actualizado el lunes 22 de julio de 2019, a las 14:57

Fue una de sus propuestas de campaña y, ahora, empieza el proceso. El prefecto de Azuay Yaku Pérez lideró la sesión en la Cámara Provincial de Azuay para llevar adelante la consulta popular en esa provincia.

El dirigente indígena busca detener la minería a gran escala en Azuay. Este lunes, 22 de julio de 2019 presentó en la cámara la siguiente pregunta:

"¿Está usted de acuerdo en que se prohíba, sin excepción alguna, todo tipo de minería metálica en fuente de agua, en zonas de recarga hídrica? Sí / No.

La propuesta en el Consejo Provincial tuvo el respaldo de 14 votos. Hubo ocho votos en contra y uno en blanco. No obstante la votación no fue suficiente, pues necesitaba obtener tres cuartas partes de los votos en la Cámara Provincial.

No obstante el prefecto Yaku Pérez habló de que esa cantidad de votos le otorgaba "legitimidad" al proceso, por lo que iniciará un proceso de recolección de firmas, para convocar a la consulta.

En entrevista con PRIMICIAS, Yaku Pérez, prefecto de la provincia de Azuay, explicó los riesgos que corren las comunidades de la provincia si la actividad minera continúa.

Hasta ahora, ha sido uno de los activistas más duros contra la empresa Ecuagoldmining, concesionaria del proyecto minero Río Blanco.

Pérez ya tiene experiencia en estos procesos. Participó activamente en la consulta popular en el cantón Girón que, en marzo de 2019, se pronunció para detener la minería en los páramos o fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha.

El prefecto tampoco es una persona grata para la empresa Ecuagoldmining, concesionaria del proyecto minero de oro Río Blanco.

Xavier Sánchez, subgerente de Ecuagoldmining, lo acusa de apoyar a un 'grupo armado' antiminero que impide el acceso al campamento de Río Blanco, desde mayo de 2018.

Río Blanco es otra de las grandes esperanzas económicas del Gobierno -después de que se iniciara la explotación de Mirador, en Zamora Chinchipe-, pero el proyecto está detenido.

Los trabajos se suspendieron por culpa de dos sentencias judiciales. El gobierno fue acusado de no realizar la consulta previa entre las comunidades de Molleturo, en Azuay, antes dar paso a las actividades mineras en la zona.

La empresa teme el avance de la minería ilegal y, por si fuera poco, ahora deberá responder a la Contraloría General, que determinó irregularidades en las autorizaciones que se entregaron para el uso del agua.

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Aclaración: en la versión anterior de este artículo, publicada el 22 de julio a las 14:00, aseveramos que la consulta popular antiminera en Azuay había alcanzado los votos necesarios para realizarse, lo cual no es correcto. Esta es la versión corregida del artículo original y fue cambiada el 22 de julio a las 14:57.