La reforma al Código Monetario y Financiero plantea que todo medio de pago electrónico deberá “ser cubierto en un 100% con activos de las reservas internacionales”.
Ya causa reacciones el proyecto de ley que el Gobierno ha enviado a la Asamblea Nacional para garantizar la independencia del Banco Central frente a posibles arremetidas del Poder Ejecutivo para tomar dinero de las reservas.
Bautizado como Ley para Defensa de la Dolarización, que reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero (Comyf), el proyecto llegó a la Asamblea el 8 de febrero.
Ha sido cuestionado por dos de las tres figuras más opcionadas para pasar a segunda vuelta en las elecciones para Presidente de la República.
El candidato por la correísta Unión por la Esperanza (Unes), Andrés Arauz, dijo la propuesta de ley busca “privatizar al Banco Central” e insistió en que, de llegar a la Presidencia, usará USD 8.000 millones de las reservas internacionales del Banco para inyectarlos en la economía.
Mientras que el candidato del movimiento indígena Pachakutik, Yaku Pérez, pidió al saliente Gobierno de Lenín Moreno que no tome decisiones importantes “que comprometan el patrimonio del país” y que las deje para la próxima administración, por respeto.
La segunda vuelta de las elecciones es el 11 de abril y el nuevo gobierno asumirá funciones el próximo 24 de mayo.
Los cambios propuestos
Moreno insiste en varios cambios para devolverle la independencia al Banco Central y a la Junta de Política y Regulación Financiera frente al poder Ejecutivo.
Según Augusto de la Torre, exdirector para América Latina del Banco Mundial y miembro del Consejo Asesor Económico de la administración de Moreno, el proyecto de ley busca que el Gobierno de turno no use al Banco Central como “caja chica” para financiar el gasto público.
Mientras que Freddy García, consultor económico de Inteligencia Empresarial, explica que el proyecto de ley en el fondo es para proteger la dolarización al blindar las reservas internacionales del país.
La Asamblea tiene 30 días de plazo para votar el proyecto, que es parte de las metas estructurales acordadas entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Junta Financiera
El proyecto de ley cambia además la denominación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera a Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF).
La nueva junta estaría conformada por cinco miembros vinculados a la academia, dos de los cuales serán miembros a tiempo completo y tres serán miembros a tiempo parcial.
Los nombres de los integrantes serán presentados por el Presidente de la República y elegidos por el pleno de la Asamblea.
La nueva junta se encargará, entre otras cosas, de emitir el marco regulatorio para las entidades financieras, de valores y seguros; y establecerá los criterios y protocolos para proteger al sistema financiero nacional y a los sistemas de valores y seguros.
Esta junta tendría facultades para regular las actividades financieras de las entidades de la Seguridad Social y para establecer los presupuestos y las reformas de las instituciones del sector financiero estatal.
Banco maniatado
Aunque el Banco Central del Ecuador (BCE) es parte de la Función Ejecutiva, gozaría de autonomía institucional, administrativa, presupuestaria y técnica, según el proyecto de ley.
En el código actual, el BCE solo tiene independencia administrativa y presupuestaria.
“Eso no significa privatizar al Banco Central. Dicen eso por mala fe e ignorancia. Y, en realidad, lo que se busca es que el banco tenga independencia del gobierno de turno”, dice Augusto De La Torre, asesor económico del Ejecutivo.
Y se deja claro que el Banco Central está obligado a fomentar y a preservar la integridad de la dolarización, a través del fortalecimiento de las reservas internacionales, según la propuesta legal.
Cuatro murallas
La propuesta de ley plantea el regreso de los cuatro balances (o sistemas) del Banco Central. La estructura fue establecida cuando el país se dolarizó y fue desarmada en el gobierno del expresidente Rafael Correa.
En esos sistemas se registrarán los depósitos, por ejemplo, de las entidades bancarias públicas y privadas, del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y de todas las instituciones que forman parte del Sector Público no Financiero, como empresas públicas y gobiernos seccionales.
Con la propuesta de ley, se busca asegurar que las reservas internacionales puedan respaldar los pasivos del Banco Central, especialmente los depósitos que realiza el sistema financiero privado en el Banco.
“Los cuatro sistemas son una especie de murallas chinas que impiden que el Gobierno eche mano de dinero ajeno, como lo son las reservas internacionales, que son los dólares que tiene el Banco Central en pasivos”, explica De La Torre.
El nuevo proyecto de ley también faculta al Banco Central para invertir la reserva internacional en activos que prioricen -en ese orden- la seguridad, la liquidez y la rentabilidad.
En el caso de las inversiones de las reservas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sus rendimientos serán transferidos al Instituto cada mes.
Con auditorías
La propuesta señala que, de existir pérdidas acumuladas en el Banco Central y que no pudieran ser cubiertas con la reserva general, se solicitará al Ministerio de Finanzas un aporte para subsanar el déficit.
No es todo. La reforma legal propone que, a nombre del Estado, el Banco Central pueda contratar créditos externos para atender la balanza de pagos y cubrir las necesidades de liquidez.
El proyecto de ley también establece que todas las operaciones del Banco Central serán auditadas, al menos una vez al año, por auditores independientes con experiencia internacional.
Y por primera vez la Contraloría General del Estado podrá examinar el uso de los recursos públicos en el Banco Central.
No le pueden sacar dinero
La propuesta del Ejecutivo prohíbe que el BCE proporcione financiamiento directo o indirecto al Gobierno Central, al Ministerio de Finanzas, a los gobiernos seccionales o a otras instituciones públicas. La prohibición incluye:
- La concesión de cualquier préstamo o anticipo a corto plazo al sector público.
- La emisión de garantías por parte del BCE para las transacciones financieras realizadas por el sector público.
- Cualquier transacción financiera por parte del Banco Central con el sector público.
Pero hay una excepción. El Banco Central sí podrá realizar operaciones para las actividades de comercio exterior del sector público.
La propuesta también prohíbe que el Banco Central compre acciones o participaciones en empresas de propiedad privada y pública, así como la compra de valores emitidos por dichas empresas.
Para que el Gobierno no le meta mano a las reservas, el BCE tampoco podrá comprar valores emitidos por el Estado. Lo que incluye la renovación y el canje de todos los valores públicos (papeles) que posea el Banco Central.
¿Y las otras monedas?
De acuerdo con la propuesta de ley, el Banco Central será la única entidad autorizada para proveer y gestionar moneda metálica, equivalente y convertible a dólares, con respaldo de las reservas.
Y, en ningún caso, dice la propuesta de ley, el Estado podrá obligar a una persona natural o jurídica a recibir moneda distinta del dólar de Estados Unidos.
“Eso significa que las divisas distintas al dólar ya no son consideradas como medio de pago”.
Freddy García, consultor económico
La propuesta del Ejecutivo propone que todo medio de pago electrónico, administrado por el Banco Central, deberá ser cubierto en 100% con las reservas internacionales.
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