Según los registros del Decevale, las dos empresas tenían, hasta el 29 de septiembre de 2020, un saldo por liquidar de USD 64,2 millones por la emisión de obligaciones de largo plazo y la negociación de facturas comerciales en el mercado de valores.
Las empresas Ecuagran y Delcorp, que han sido declaradas en proceso de disolución por la Superintendencia de compañías, aún tienen una millonaria deuda con sus inversionistas, según un informe al que tuvo acceso PRIMICIAS.
El informe de la Superintendencia de Compañías, no solo ofrece información sobre las operaciones irregulares del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), sino también sobre los impagos de las empresas Ecuagran y Delcorp en el mercado de valores.
Del informe se desprende que el Depósito Centralizado de Valores o Decevale custodiaba varios valores, entre ellos facturas comerciales y obligaciones de Ecuagran y Delcorp.
Según los registros del Decevale, hasta el 29 de septiembre las dos empresas tenían una deuda por amortizar (pago en cuotas) de USD 64,2 millones con 31 inversionistas.
Entre ellos están:
- 15 fondos (de inversión, de pensiones, de seguro de riesgo, de cesantía, de retiro invalidez y muerte y complementarios previsionales cerrados).
- 2 fideicomisos mercantiles.
- 1 servicio de cesantía.
- 4 empresas.
- 3 aseguradoras.
- 2 bancos públicos y privados.
- 2 casas de valores.
- La Bolsa de Valores de Guayaquil.
- 1 persona natural.
Aunque el número de inversionistas podría ser mayor porque “el sistema del Decevale solo muestra los valores por vencer y no los vencidos, que son dados de baja, independientemente de si fueron pagados o no”, sostiene la Superintendencia de Compañías.
Entre los inversionistas perjudicados por Ecuagran, una empresa dedicada al almacenamiento y venta de cereales, y por Delcorp, dedicada al negocio de fertilizantes, está el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).
La lista de perjudicados también incluye al fondo de pensiones de la Policía Nacional (Isspol), la estatal Corporación Financiera Nacional (CFN), el Fondo de Cesantías del Magisterio y hasta la aseguradora de propiedad del Estado Seguros Sucre.
Ecuagran y Delcorp son empresas que están relacionadas, pues tenían el mismo presidente ejecutivo, Gad Goldstein, quien abandonó el país rumbo a Miami el 5 de agosto de 2020.
Ambas protagonizan desde agosto de 2020 un escándalo financiero por no pagar las deudas que se desprenden de la negociación de facturas comerciales y de obligaciones de largo plazo en las bolsas de valores de Ecuador.
Por este caso la Superintendencia de Compañías resolvió, el 11 de noviembre de 2020, la disolución de las dos empresas, por una serie de razones.
En el caso de Delcorp, porque tiene “imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social para el cual se constituyó”.
La lista de inversionistas perjudicados por Ecuagran y Delcorp se ve en un informe de la Superintendencia de Compañías, que intervino y demandó al Decevale por “abuso de confianza” en el caso de la presunta estafa al Isspol que incluye, además de negociaciones irregulares de bonos de la deuda, papeles de Ecuagran y Delcorp.
El Decevale es una institución clave en el mercado bursátil porque es la encargada de realizar operaciones de compensación, liquidación y custodia de los valores negociados en bolsa.
¿Y los responsables?
Si bien la Superintendencia sabe quiénes invirtieron en los papeles de Ecuagran y Delcorp, lo que aún se mantiene en reserva es el nombre de los actores que son investigados por este caso.
PRIMICIAS solicitó a la Superintendencia de Compañías información sobre los actores del mercado de valores que estarían intervenidos por las operaciones irregulares de Ecuagran y Delcorp, así como por las del Isspol.
La entidad respondió que “la información de todo lo preguntado es de carácter reservado. El resultado del informe de la interventora, el nombre de las compañías intervenidas son reservados. Por tanto, nos apegamos a la ley y al debido proceso como lo hemos venido haciendo”.
Inversiones por ley
Que la lista de perjudicados por Ecuagran y Delcorp sea cada vez sea más larga se explica en parte por la existencia de una disposición de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.
Desde 2017, la norma establece que las entidades del sector financiero están obligadas a destinar un porcentaje de su liquidez a la compra de ciertos activos, entre los que se encuentran valores de renta variable y fija, como las obligaciones a largo plazo que emitieron Ecuagran y Delcorp.
A eso se suma que la norma dispone que, para formar parte de las reservas mínimas de liquidez, “las inversiones en valores de renta fija del sector no financiero de emisores nacionales privados deberán ser adquiridas en el mercado de valores ecuatoriano y contar con una calificación mínima de A“.
Una calificación A implica que la empresa que emite y vende los papeles en bolsa tiene buena capacidad de pago del capital y los intereses en los términos y plazos pactados con sus inversionistas, algo que Ecuagran y Delcorp no cumplen.
Una fuente del mercado de valores, que prefiere mantener su nombre en reserva, ha dicho a PRIMICIAS que esta última exigencia hizo que “empezaran a inflarse las calificaciones en el mercado”.
En un reportaje del 13 de octubre de 2020, PRIMICIAS comprobó que las calificaciones de riesgo AAA dominan el mercado de valores ecuatoriano, pero nadie puede asegurar que se ajusten a la realidad de las empresas emisoras.
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