Finanzas busca salida dialogada para la reforma económica que ahora pende de un hilo

Economía

Autor:

María Teresa Escobar

Actualizada:

13 Nov - 19:07

Richard Martínez, ministro de Finanzas de Ecuador, en su despacho. - Foto: Gonzalo Calvache

Finanzas busca salida dialogada para la reforma económica que ahora pende de un hilo

Autor:

María Teresa Escobar

Actualizada:

13 Nov - 19:07

En vísperas de la votación en la Asamblea del informe para segundo debate del llamado proyecto de Ley de Crecimiento Económico, que decidirá la suerte de esta reforma clave para el Estado, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, dice que si el proyecto se cae el país se verá privado de recursos importantes para garantizar su estabilidad fiscal.

El ministro de Finanzas considera que muchas de las observaciones realizadas por la Asamblea al Proyecto de Ley de Crecimiento Económico son válidas y dice que el gobierno está dispuesto a ceder y a dialogar.

Pero también advierte que “hay posiciones políticas que se radicalizan y nos impiden avanzar en un debate serio y ordenado”.

Martínez discutió con PRIMICIAS qué puede ceder el gobierno y qué no para tratar de salvar este proyecto, que se convirtió en una suerte de plan económico tras la caída de la decisión de eliminar los subsidios a la gasolina y el diésel, en medio de violentas protestas, y cómo será el manejo económico en 2020.

¿Qué pasa si el proyecto de Ley de Crecimiento Económico se archiva o es desmembrado en la Asamblea?

El país pierde. El Estado no contaría con recursos que son importantes para la estabilidad fiscal. Perderíamos, además, la oportunidad de debatir con altura y de llegar a consensos, lo cual es un mal mensaje para la sociedad.

También perderíamos la posibilidad de tener reglas fiscales mucho más robustas y un Banco Central independiente, para evitar lo que pasó durante los últimos años (cuando el gobierno del expresidente Rafael Correa usó al Banco Central para financiarse y hacer emisiones inorgánicas).

¿Está dispuesto a ceder terreno para salvar la reforma y hasta dónde los consensos que se alcancen significarán un recorte de la meta de recaudación tributaria de USD 731 millones?

Sí, habrá que hacer un sacrificio, pero esperamos que no sea demasiado grande. Todavía se están discutiendo algunos temas tributarios, pero yo estimaría que la meta de recaudación, con los cambios, bordearía los USD 600 millones.

Un consenso importante al que hemos llegado en el campo tributario es eliminar la propuesta de cobrar Impuesto a la Renta a la venta ocasional de inmuebles, queremos garantizar una expectativa positiva en el sector de la construcción.

Otro punto de acuerdo en el marco tributario es permitir que las personas que tengan un ingreso de más de USD 100.000 anuales puedan deducir de su pago de impuestos los gastos de salud en el caso de enfermedades catastróficas.

Enfermedades consideradas catastróficas

¿A qué otros puntos de acuerdo han llegado con la Asamblea, por ejemplo sobre el cobro de un impuesto a las bolsas plásticas y el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)?

En el caso de la eliminación del crédito tributario del ISD a las materias primas y bienes de capital de la industria también estamos trabajando en un esquema equilibrado, que permita garantizar la recaudación que necesitamos sin afectar la competitividad. Para este punto específico todavía estamos haciendo las corridas numéricas.

También hay una propuesta (por parte de la Asamblea) para que el impuesto a las bolsas plásticas se implemente a través de un mecanismo gradual de cobro y estamos de acuerdo.

Había también en el caso de la repatriación de capitales una preocupación de la Asamblea sobre cómo garantizar la licitud de esos fondos y que esto no se convirtiera en un mecanismo de blanqueo de capitales. Sobre esto ya hay una nueva redacción que se ha planteado justamente para bloquear cualquier interpretación en ese sentido.  

Algunos asambleístas cuestionan que los miembros del Directorio del Banco Central sean nombrados por el Presidente de la República y que el Central tenga un régimen de compras especial.

Con relación al Código Monetario y Financiero también hay varios aportes, el primero es que estamos de acuerdo con que la Asamblea tenga incidencia tanto en el nombramiento y como en la destitución de los miembros del Directorio del Banco Central.

Hay margen para encontrar el mejor mecanismo y eso todavía lo estamos debatiendo con los legisladores.

En cuanto al sistema de compras públicas específico para el Banco Central, hemos dicho que no tenemos problema en eliminarlo para que el Banco Central se acoja al régimen de compras públicas general.

Se había planteado un régimen especial porque hay circunstancias en las que el Banco Central necesita actuar con mayor agilidad, como la importación de billetes de dólar o la contratación de vehículos para el transporte de valores.

¿Existen roces en cuanto a la eliminación del coeficiente de liquidez y sobre quién es el llamado a ejercer control sobre el Banco Central?

En lo que respecta a la eliminación del coeficiente de liquidez doméstica, también hemos dicho (a la Asamblea) que tenemos la voluntad para retirar esa reforma.

El control de la gestión del Banco Central a través de Contraloría es algo que también abiertos a revisar como posibilidad.

Lo que realmente nos interesa en la parte monetaria es guardar el corazón de la reforma, que es recuperar la autonomía y la independencia del Banco Central, respetando los parámetros de la Constitución.

Y hubo una alerta acerca de que el proyecto pretendía restar independencia a la seguridad social.

Fue una errónea interpretación de lo que se quiere hacer con la información de la seguridad social, que ha dado lugar a que algunos actores intenten posicionar la idea de que estamos tratando de limitar la independencia y la autonomía de la seguridad social, en general, y de los institutos de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía, lo cual es falso.

Pero la redacción de ciertos artículos, que están relacionados con la estadística, en información de estos entes generó una confusión.

No tenemos problema en revisar este punto para garantizar la claridad. Ni nos interesa ni podemos limitar la autonomía de estas entidades de la seguridad social.

Existen algunos reparos que tienen un sustento y un fundamento técnico y otros que se han intentado posicionar para afectar la credibilidad del proyecto de ley.

En cualquiera de los dos casos, sin lugar a dudas, creemos que no es saludable que se apunte únicamente al archivo del proyecto porque eso sería bloquear una agenda que beneficia al país.

¿Cuál es la intención del proyecto, que abarca desde una reforma tributaria y cambios en el Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta enmiendas del Código de Planificación y Finanzas Públicas? 

Corregir problemas estructurales de competitividad. Muchas de las propuestas del proyecto de ley apuntan en ese sentido, como la eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta o quitar la obligación de actuar como agentes de retención en la fuente a 100.000 contribuyentes.

Otros ejemplos son la propuesta de un sistema simplificado para las microempresas y para el sector agropecuario, la devolución automática o drawback para exportadores, son cambios que apuntan a transformar la competitividad en el mediano y en el largo plazo.

Uno de los incentivos más fuertes para atraer inversiones en el largo plazo es la sostenibilidad fiscal. Cualquier inversionista en el mundo mira si un país es sostenible a mediano y largo plazo antes de invertir.

La sostenibilidad fiscal se traduce en un menor riesgo país y esto en un mayor acceso para el país y para las empresas a financiamiento a tasas más bajas.

Desembocamos en estas reformas porque fracasó el plan para retirar los subsidios a la gasolina extra y el diésel. ¿Qué salió mal? ¿Faltó comunicación?

Era evidente que una decisión así iba requerir un esfuerzo político muy fuerte, una medida de esta naturaleza se puede preparar muchísimo pero uno solo sabrá a lo que se enfrenta en el momento de ponerla en práctica.

Tuvimos una protesta social legítima, pero también una serie de actos que complicaron la gestión de la decisión, pero no quiere decir que el gobierno haya abandonado la idea de focalizar gradualmente los subsidios, teniendo en cuenta las necesidades de ciertos sectores.

Hay cosas buenas, la primera es que en el país se superó el tabú de hablar de los subsidios a los combustibles y hay ciertos acuerdos sociales que no podemos perder, entre ellos está que ningún ecuatoriano quiere que este beneficio del subsidio siga yéndose hacia otros países o alimentando a las mafias vinculadas con el narcotráfico.

Segundo, hay un consenso sobre la progresividad del subsidio. Un galón de gasolina o de diésel cuesta lo mismo para una familia pobre que para una que tiene recursos y esa es la mayor distorsión: que el subsidio esté relacionado con el precio y no con el beneficiario.

El efecto de este tipo de subsidio es completamente inequitativo, la persona que más recursos tiene consume más combustibles y recibe un mayor subsidio.

¿Van a insistir en focalizar subsidios pero por el lado de la gasolina?

Es donde vemos que existe un margen de focalización mucho más rápido. Porque la preocupación en el caso de las gasolinas está relacionada con camionetas, con motocicletas que transportan mercancías.

Ya estamos levantando la información para la categorización de esas camionetas porque no todas están en la base de datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Técnica y logísticamente ¿Qué alternativas hay para ofrecer subsidio a unos vehículos y a otros no?

Varias y las estamos evaluando. Esperamos tener la próxima semana una evaluación integral de los aspectos logísticos, los costos y demás para tomar la mejor decisión, con todas las organizaciones con las que estamos dialogando sobre la focalización de los subsidios.

Estamos estudiando instrumentos como colocar un dispositivo en el tanque de combustible o un adhesivo que contiene información que se lee en la estación de gasolina, otra posibilidad es poner dispositivos en la boca de los tanqueros para evitar que vendan el combustible a quienes no estén cobijados por el subsidio.

Existen muchas alternativas, hay que escoger la que se adapte más a la realidad ecuatoriana.

¿Cuánto tiempo toma implementar un sistema de este tipo?

De un mes a seis meses, dependiendo de la alternativa de focalización que se escoja.

¿Renunció el gobierno a la meta de ahorrar USD 700 millones anuales en subsidios a los combustibles?

De ninguna manera. Con la focalización de la gasolina vamos a tener un ahorro de USD 400 millones que pueden ser USD 500 millones incluyendo el IVA, pero la meta de ahorro sigue siendo de USD 700 millones, estamos todavía construyendo la propuesta para llegar a ese número.

Es una meta que el país necesita que se cumpla no solo para garantizar la sostenibilidad fiscal sino también para evitar una distorsión enorme en la economía y para reducir el efecto ambiental de los combustibles fósiles.

¿El gobierno tuvo que retroceder en su decisión de quitar los subsidios a los combustibles por decreto, la Ley de crecimiento Económico está complicada en la Asamblea, cómo recomponer ahora el panorama con el FMI y los multilaterales?

El país tiene que ser pensado en un escenario en el que todos tenemos que acoplarnos a una nueva realidad.

Debemos encontrar un nuevo equilibrio. Mientras los objetivos cualitativos sean compartidos entre las partes será más fácil llegar a la meta cuantitativa.

Por ejemplo, objetivos cualitativos son reducir el déficit en el mediano plazo, reducir el tamaño de la deuda, mejorar la estructura de financiamiento de la deuda, generar reformas estructurales para modernizar la economía, ampliar la base de protección social.

Estos objetivos no han cambiado para el gobierno, en consecuencia, somos optimistas de que en las próximas semanas, hasta cerrar el mes o tal vez durante la primera semana de diciembre, vamos a encontrar una nueva estructura del acuerdo que se acople a la realidad económica y política de Ecuador.

¿Y los desembolsos que están pendientes y que el Fondo Monetario debía hacer?

Esperamos que se unan los desembolsos de las revisiones, tanto el que estaba pendiente como del que tiene que realizarse en las próximas semanas y, obviamente, hay que recalibrar las metas con el FMI tanto del cierre de 2019 como las de 2020.

Hemos hecho un barrido de todos los indicadores con el FMI hasta septiembre y en todos hemos llegado a los objetivos planteados.

¿Qué temas hay que revisar con el FMI?

No quiero adelantar todavía esos criterios, pero hay que revisar algunos indicadores para movilizar más recursos para estimular la economía el año entrante.

Además del crédito con el FMI, ¿qué otras operaciones prevén a futuro para aumentar las fuentes de financiamiento en 2020?

Viene una operación de mercado de cerca de USD 600 millones, por ahora solo puedo decir que no es una colocación de bonos en el mercado internacional.

Hay varias cosas en camino con los organismos multilaterales que tenemos que aprobar la próxima semana en el comité de deuda.

Y existe una emisión de USD 400 millones del bono social, hemos tenido un pequeño retraso en esta operación porque las condiciones de mercado se deterioraron.

Pero creo que esta última emisión podemos terminarla en la semana final de noviembre o en la primera quincena de diciembre.

Y, claro, están los desembolsos del FMI para iniciar el año con más velocidad.  

Así será la concesión de empresas del Estado 

La propuesta de Presupuesto para 2020 elaborada por el Minsiterio de Finanzas ha sido criticada porque incluye ingresos que son inciertos, como USD 2.000 millones por concesión y venta de activos del Estado, como la hidroeléctrica Sopladora y el Banco del Pacífico.

En 2019 se incluyeron USD 1.000 millones que finalmente no se materializaron porque el proceso de concesión de Sopladora y la venta de Banco del Pacífico no se concretaron.

Richard Martínez va más lejos y habla incluso del inicio del proceso para la concesión de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la mayor del país, en 2020.

“Yo no sería tan pesimista”

Pese a que las proyecciones hechas por el propio Ministerio de Finanzas para la economía ecuatoriana, como parte de los documentos anexos de la propuesta de Presupuesto para 2020, muestran que el país crecerá muy poco, el ministro Richard Martínez se dice optimista.

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