Un estudio actuarial determinará si es conveniente aceptar bonos como parte de pago de la deuda del Estado, aseguró el presidente del Consejo Directivo del IESS, Jorge Wated.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) logró un acuerdo con el Ministerio de Finanzas para el pago de la deuda por la contribución de 40% al Fondo de Pensiones, en efectivo y una parte en bonos del Estado.
La propuesta de Finanzas y aceptada por el IESS fue:
- USD 800 millones en bonos del Estado de cinco, 10 y 15 años, que puedan ser negociables en el mercado internacional.
- USD 600 millones en efectivo.
Durante una rueda de prensa ofrecida el 13 de octubre de 2020, el presidente del Consejo Directivo del IESS, Jorge Wated, dijo que el pago en bonos del Estado dependerá de un estudio actuarial, que determinará si es conveniente para la institución aceptar esa forma de pago.
“Con los bonos traeremos liquidez y provocaremos un efecto multiplicador en las inversiones que tiene el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess)“, dijo Wated.
Mientras que los recursos en efectivo que destinará el Ministerio de Finanzas al IESS provienen de los primeros USD 2.000 millones entregados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Ecuador, tras la aprobación del programa de crédito por USD 6.500 millones a 27 meses.
Wated también informó un nuevo problema que enfrenta el IESS. Reconoció que entre 2018 y 2020 se registró USD 4,5 millones en medicamentos caducados en 202 establecimientos de salud del Seguro Social.
“Esta información la estamos remitiendo a los organismos de control y este problema obedece a una falta de planificación y control gestión de medicamentos en todos sus procesos“, dijo Wated, quien agregó que buscará a los responsables.
Wated también informó que el Ministerio de Salud retiró 255 carnés de discapacidad a funcionarios del IESS que se habían jubilado por supuesta invalidez.
Según los registros del IESS, entre 2013 y 2020 se jubilaron 640 funcionarios del IESS. De ellos, 265 lo hicieron de manera ilegal, provocando un perjuicio al Estado de USD 20,2 millones.
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