Una consultoría busca actualizar las normas de control para evitar posibles riesgos sistémicos, en el futuro, en sectores como el de cooperativas de ahorro y crédito.
La pandemia de coronavirus y la emergencia sanitaria en Ecuador trajeron un leve aumento de la morosidad en los créditos de las cooperativas, según la intendente general técnica de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Seps), Catalina Pazos.
Pazos asegura que, a la par, hay una ligera caída de los depósitos pero descarta, de plano, un riesgo sistémico por el lado de las cooperativas de ahorro y crédito, que en el país suman ya 534 entidades.
Pese a la crisis económica, en abril de 2020 los depósitos en cooperativas llegaron a USD 12.692 millones, un 12% más que durante el mismo mes de 2019, según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Eso equivale a un incremento de USD 1.460 millones.
Pero los depósitos tuvieron su pico en lo que va del año el 20 de febrero, cuando llegaron a USD 12.796 millones, USD 104 millones más que en abril de 2020.
Lo que quiere decir que entre febrero y abril de 2020 hubo una caída de 0,81% en los depósitos.
Mientras que los créditos aumentaron en el último año en el sistema financiero popular y solidario (SFPS). En abril de 2020, llegaron a USD 12.048 millones, un 8,7% más en términos interanuales, o el equivalente a un aumento de USD 1.049 millones.
Pero durante la emergencia sanitaria los créditos cayeron 1%, específicamente entre marzo y abril de 2020, al pasar de USD 12.174 millones a USD 12.048 millones.
En ese periodo la cartera de crédito de las cooperativas bajó USD 126 millones en términos absolutos.
Un indicador que creció durante la emergencia sanitaria, pero que tampoco preocupa a la Superintendencia, es la morosidad o la falta de pago o las demoras en el pago por parte de los clientes.
En abril de 2020, la morosidad de la cartera en las entidades de la economía popular y solidaria alcanzó 6,05%, un 1,65% más que el mismo mes de 2019.
Las entidades del segmento 1, es decir, aquellas que tienen activos superiores a USD 80 millones, tenían una morosidad de 5,10% en abril.
En las cooperativas más pequeñas, con activos menores a USD 20 millones, la morosidad varía desde el 12,12% hasta el 21,23%.
FMI hizo observaciones
En 2019, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre la necesidad de “armonizar la regulación” para que las grandes cooperativas cumplieran con las mismas reglas que los bancos privados de Ecuador.
Al FMI también le preocupa el aumento de los créditos de consumo y de los microcréditos, que son relativamente riesgosos y que “están siendo otorgados de manera creciente por las cooperativas“.
Se consideran riesgosos porque suelen tener montos bajos, lo que hace que el proceso de tratar de cobrarlos a veces sea más costoso que los beneficios obtenidos.
Por eso el FMI recomienda a las autoridades de supervisión, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que monitoreen de cerca el crecimiento de los créditos antes mencionados.
Y precisamente, los créditos de consumo y los microcréditos están entre las principales operaciones de las cooperativas.
Según la Superintendencia, el 50,1% del total de la cartera de las cooperativas se destina a créditos de consumo, o el equivalente a USD 6.037 millones hasta abril de 2020.
Mientras que el 36,4% de las operaciones corresponde a microcréditos, o el equivalente a USD 4.390 millones.
Pazos dice que las Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ya realizó las mismas observaciones que hizo el FMI, pero no brindó mayores detalles sobre los resultados de esa gestión.
Una consultoría en camino
Pese a que la emergencia sanitaria por coronavirus no ha impactado -de gran manera- a las cooperativas, el Ministerio de Finanzas busca prevenir un posible riesgo sistémico.
Por eso Finanzas lanzó un concurso para contratar una consultoría que identifique “mecanismos de fortalecimiento” de la regulación del Sistema Financiero Popular y Solidario, como las cooperativas.
Según el documento de Finanzas, las expresiones de interés podrán presentarse -por escrito- hasta las 15:00 del lunes, 15 de junio de 2020 y la consultoría durará seis meses.
La intendente Pazos afirma que hay que actualizar las normas para proteger a los clientes y a los socios de las cooperativas de ahorro y crédito.
Considera que la consultoría, que sirve para todo el sistema financiero, permitirá que las cooperativas sigan las mejores prácticas internacionales de manejo de recursos.
“Somos diferentes”
Mientras que el gerente de la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Édgar Peñaherrera, dice que la consultoría nace en una solicitud de los bancos, que exigen que las cooperativas tengan las mismas regulaciones que ellos.
Peñaherrera alega que la lógica de las cooperativas es distinta a la de los bancos, porque el capital de las entidades de la economía popular y solidaria está concentrado en los socios y no en un grupo pequeño de accionistas, como ocurre con los bancos.
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