Martes, 16 de abril de 2024

Fiscalía retoma la investigación contra dos procesados del caso Isspol

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

22 Feb 2022 - 12:34

El fiscal provincial revocó el dictamen absentivo en contra del general Enrique Espinosa de los Monteros y Luis D., representante de la empresa Rusticussi. Ambos volverán a ser procesados, junto a otras ocho personas, por el presunto delito de peculado.

Autor: Redacción Primicias

Actualizada:

22 Feb 2022 - 12:34

Facsímiles del acuerdo firmado por IB Corp, de Jorge Chérrez, para la operación swap del Isspol. - Foto: PRIMICIAS

El fiscal provincial revocó el dictamen absentivo en contra del general Enrique Espinosa de los Monteros y Luis D., representante de la empresa Rusticussi. Ambos volverán a ser procesados, junto a otras ocho personas, por el presunto delito de peculado.

El fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, revocó este 22 de febrero de 2022 el dictamen absentivo en contra de dos de los ocho procesados en el caso por presunto peculado por la estafa al Isspol.

En este caso, se investiga USD 216 millones en fraudulentas operaciones realizadas por la seguridad social policial.

En enero pasado, el fiscal del caso, Martín Navarrete, decidió emitir su dictamen acusatorio en contra de ocho personas. Entre ellas están el intermediario financiero Jorge Chérrez y el general David Proaño, exdirector del Isspol. Sin embargo, emitió su dictamen absentivo en contra del general Enrique Espinosa de los Monteros y Luis D., representante de la empresa Rusticussi.

El Isspol presentó su oposición a ese dictamen absentivo, por lo que ahora volverán a ser investigados por un nuevo agente fiscal, quien deberá presentar el dictamen acusatorio.

El coronel Renato González, actual director del Isspol, aseguró que la investigación por peculado no se centra solamente en las operaciones realizadas a través de Chérrez, sino en USD 11 millones que se negociaron con las empresas Rusticussi y Provenza.

"En papeles esas inversiones aparecen como pagadas; pero eso no significa que el contrato deje de ser ilegal, que no haya habido irregularidades", sostuvo González.

En este caso, está pendiente la fijación de la fecha para la audiencia preparatoria de juicio, que se difirió en diciembre pasado.

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