Los mineros ilegales no se dan por vencidos y han vuelto a intentar que el Estado les devuelva la maquinaria pesada que les fue incautada, tras el desastre ambiental de Yutzupino.
Diez personas intentaron recuperar 14 de las 148 retroexcavadoras decomisadas en el operativo para desarticular la minería ilegal en la comunidad Yutzupino, el 13 de febrero de 2022.
Estos ciudadanos interpusieron una acción de protección ante la Unidad Judicial Penal de Tena para recuperar las 14 retroexcavadoras, valoradas en USD 150.000 cada una.
Durante el proceso judicial, los dueños de las maquinarias aseguraron que las incautaciones fueron ilegales porque supuestamente se llevaron a cabo sin órdenes judiciales de por medio.
Sin embargo, el juez Luis Mendoza les negó la acción de protección el 16 de marzo de 2022.
Los abogados de la Policía, de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Gobierno alegaron que la incautación se realizó con las correspondientes órdenes judiciales.
La comunidad de Yutzupino está ubicada en la provincia amazónica de Napo. Moradores de la zona aseguran que la actividad minera ilegal se desató entre noviembre de 2021 y febrero de 2022 en las orillas del río Jatunyaku.
Extrañas coincidencias
En la lista de quienes reclaman la devolución de las maquinarias ante la justicia hay, por ejemplo, varias personas dedicadas a actividades de transporte en la provincia de Zamora Chinchipe.
Entre ellas, Cecilia C., una de las accionistas de la empresa de transporte de carga pesada Alvarado Sisalima, según los registros de la Superintendencia de Compañías.
También se halla Guido N., presidente de la compañía de taxis Tuntiak Taxitun y Wilson M., de la compañía de transporte mixto Zafari Amazónico.
PRIMICIAS constató en el Consejo de la Judicatura que estos ciudadanos no tienen procesos penales abiertos por minería ilegal.
Personal de Fuerzas Aramdas y de la Policía durante el decomiso de maquinaria escondida en los alrededores de la comunidad Yutzupino, en Napo, el 18 de febrero de 2022.
Secuelas en Yutzupino
En el operativo en Yutzupino, que contó con la participación de 1.600 uniformados de Fuerzas Armadas y de la Policía, no hubo detenidos.
Hecho que el gobernador de Napo, Wilfrido Villagómez, lo atribuye a la fuga de información antes del operativo de control.
"Durante el operativo no se encontró a los mineros en delito flagrante. Por eso no hubo detenidos", dice Villagómez.
Por ahora, el acceso a la comunidad de Yutzupino está restringido y hay presencia de uniformados.
Tierra arrasada
PRIMICIAS contactó a moradores de la comunidad de Yutzupino, quienes bajo reserva de sus nombres dijeron que la zona destruida por las actividades mineras ilegales era usada para sembrar yuca y maíz, productos que se vendían en las ferias de Tena.
"Ahora no tenemos fuentes de ingreso porque los mineros ilegales destruyeron la tierra que era usada para la agricultura", dijo uno de los habitantes de la zona.
Los moradores también han visto una reducción de la actividad pesquera debido a la contaminación y al daño ambiental que se produjo en el río Jatunyaku.
Se reactivan ilegalidades en Imbabura
Mientras Yutzupino está bajo vigilancia, hay otros puntos de minería ilegal que se reactivaron en los últimos días.
Uno de ellos está en la parroquia de La Merced de Buenos Aires, en Imbabura, donde fueron detectadas operaciones mineras ilegales tras un operativo liderado por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, con apoyo de las Fuerzas Armadas.
En el operativo, realizado el 15 de marzo, fueron halladas herramientas y maquinaria para la extracción ilegal de oro.
También se descubrieron bocaminas activas y más de 3.000 sacos de material aurífero, que fueron decomisados.
Entre diciembre de 2017 y junio de 2019, La Merced de Buenos Aires fue el centro de actividades de minería ilegal de oro en la concesión Imba 2, que está en manos de la empresa australiana Hanrine, subsidiaria de Hancock Prospecting.
La Merced de Buenos Aires y la concesión Imba 2 soportaron la invasión de por lo menos 7.000 mineros ilegales entre 2017 y 2019, que causaron un desastre ambiental de grandes proporciones.
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