El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aún no desembolsa USD 75 millones para apoyar la reforma a las empresas públicas. El Estado, entre otras cosas, no ha logrado la fusión de sus empresas petroleras y falta un proyecto de ley.
En noviembre de 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Ecuador suscribieron un contrato de USD 75 millones por cuatro años para apuntalar las reformas a las empresas públicas del Estado.
El objetivo era lograr que las empresas fueran más eficientes y reducir las pérdidas económicas.
Entonces, el Gobierno expuso al BID los problemas de las 22 empresas públicas adscritas al Ejecutivo y con la información remitida se justificó la aprobación del préstamo.
En diálogo con PRIMICIAS, el responsable de las Finanzas Públicas del BID en Ecuador, Ubaldo González de Frutos, explica el peso que tienen las empresas públicas en la economía del país:
- Las EP manejan recursos que equivalen al 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB) o USD 9.876 millones.
- Las EP son responsables por el 48%, o unos USD 17.039 millones, del Presupuesto General del Estado.
- El patrimonio de las empresas públicas representa el equivalente al 34% del PIB, o unos USD 36.499 millones.
- El pago de salarios en estas empresas equivale al 1,2% del PIB, o unos USD 1.288 millones.
Pero, Ecuador todavía no recibe los USD 75 millones del BID porque no cumple con ciertos hitos establecidos en el contrato.
El primero tiene que ver con la contratación de una consultora internacional que lidere la fusión de las petroleras estatales Petroecuador y Petroamazonas. Ambas operan de manera independiente.
Petroecuador se encarga del negocio de refinación, transporte y almacenamiento de petróleo y combustibles y de la exportación de petróleo y fuel oil, además de la importación de derivados como el GLP, el diésel y la gasolina de alto octanaje.
Y Petroamazonas se dedica a la exploración y extracción de crudo y de gas natural, en los principales bloques petroleros del país.
La fusión de las dos empresas y la integración en un solo negocio es clave, dice González de Frutos. Una vez que se contrate a la consultora, el Gobierno recibirá los primeros desembolsos que financiará la fusión.
Según el BID, hay seis consultoras precalificadas para la licitación. La expectativa es que el contrato se firme en pocas semanas.
Un cúmulo de problemas
Las empresas públicas ecuatorianas tienen estándares de gestión y de gobernanza bajos, en comparación con los requerimientos internacionales. Así, consta en el diagnóstico del BID.
El organismo multilateral detectó también que las EP no tienen estados financieros auditados. Además, su régimen fiscal es bastante “peculiar” puesto que no declaran impuestos.
Pero, también hay otros problemas:
- Debilidad de la gestión corporativa.
- Falta de profesionalización de los directorios de las empresas públicas.
- Débil manejo financiero.
- Su rentabilidad, en ocasiones, no es clara.
- Separación de empresas inoficiosas.
- Empresas públicas dedicadas a la ejecución de política pública.
El tiempo se agota
González de Frutos ve difícil que el Gobierno mejore los indicadores y la gestión de las empresas públicas del Estado hasta el 24 de mayo de 2021, día en que termina el mandato del presidente Lenín Moreno.
El proyecto va más allá del 2021.
¿Por qué el pesimismo? El Gobierno, además de los otros incumplimientos, todavía no envía a la Asamblea el proyecto de Ley de Empresas Públicas, otra de las condiciones establecidas en el contrato con el BID.
Dentro del programa de ajuste fiscal y de reformas estructurales, el Gobierno tenía como prioridad la promulgación de una nueva ley de Empresas Públicas.
La iniciativa legal, que -al parecer- ya está lista y que contó con la asesoría del BID, plantea, por ejemplo, la profesionalización de los directorios de las empresas públicas.
También obliga a la publicación anual de los estados financieros auditados de cada empresa.
González de Frutos dice que el poder Ejecutivo debería presentar el proyecto de ley a la Asamblea lo más pronto posible. Otra medida clave para destrabar los desembolsos del BID.
El contrato
PRIMICIAS accedió al contrato entre el BID y Ecuador suscrito en agosto de 2019.
El documento pone énfasis en la fusión de Petroecuador y Petroamazonas. Además, menciona la necesidad de mejorar la cadena de valor de las empresas del sector eléctrico y aeronáutico, como la aerolínea Tame.
El BID dice que Tame presentó pérdidas por USD 73 millones, entre 2013 y 2018.
El proyecto con el BID no solo abarca a las empresas públicas del Estado central.
También plantea que el Ministerio de Finanzas dé soporte técnico para analizar la sostenibilidad de aquellas entidades que pertenecen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
El contrato establece, por ejemplo, la capacitación de los funcionarios de las empresas públicas en normas financieras internacionales NIIF.
El dinero del préstamo también servirá para apoyar al Gobierno en la optimización del talento humano, especialmente en Petroecuador, Petroamazonas, las empresas del sector eléctrico y Tame.
Una vez que se solucionen los problemas, dijo González de Frutos, será el Gobierno el que defina si quiere quedarse con la administración de las empresas o si delegará su gestión a operadores privados.
La posibilidad de privatizar o vender los activos públicos no es de competencia del BID, dijo González de Frutos. La intención del banco es que las empresas sean eficientes, agrega.
En un modo alguno creo que se vaya a producir la privatización de las empresas públicas. Dudo mucho que se privaticen algunas siquiera.
Ubaldo González de Frutos
Nota: la versión original de esta nota fue titulada “Gobierno incumple el acuerdo con el BID para arreglar empresas públicas”, publicada el lunes 9 de marzo de 2020, pero en realidad lo que no se han cumplido aún son algunos hitos del acuerdo. El contrato aparece como firmado en agosto de 2019 pero se firmó en noviembre de ese año. Por tanto hemos modificado el titular y la fecha del contrato el 10 de marzo a las 11:05.
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