El 80% de los negocios no percibe ingresos porque no se está operando a causa de la emergencia sanitaria y de la suspensión de la jornada laboral presencial.
Para el sector productivo el principal problema ahora es la falta de liquidez. Se han quedado sin caja por la restricción de la jornada laboral, así como por la paralización del consumo y de las actividades productivas no esenciales.
Los gremios empresariales de Ecuador consideran que esta preocupación no está siendo atendida por el Gobierno.
“Las medidas anunciadas el 10 de abril por el Gobierno, argumentan los gremios, les restan aún más liquidez a las empresas y reducen la capacidad de compra de la población“, sostiene la Cámara de Industrias y Producción (CIP).
El 80% de los negocios no está operando a causa de la emergencia sanitaria y de la suspensión de la jornada laboral presencial, dispuesta en el Decreto Ejecutivo 1017, según la CIP.
El 10 de abril, el presidente Lenín Moreno dio a conocer nueve decisiones para enfrentar la crisis desatada por el coronavirus: aportes especiales del sector privado, de los trabajadores, así como acuerdos entre partes para flexibilizar pagos son algunas de las propuestas del Gobierno.
En este escenario, el sector empresarial solicita al poder Ejecutivo y a la Asamblea Nacional repensar la orientación y el contenido de las medidas propuestas.
“Las reformas deben estar orientadas a otorgar herramientas que den respiro a la cadena productiva y a garantizar la operatividad del sistema de salud, de la cadena alimentaria, de la cadena de pagos, a preservar el empleo formal, a fomentar la reactivación productiva y el consumo nacional“, sostiene la CIP.
El 2 de abril, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CCE) envió al Gobierno el documento denominado Medidas Propuestas ante la Emergencia COVID-19 en Ecuador. Este gremio pide que el texto sea tomado en cuenta.
Las medidas propuestas por el CEE se centran el el sector fiscal, externo y financiero. Algunas de las propuestas son:
- Aprobar el drawback (devolución de impuestos de importación de insumos) para el sector exportador.
- Impulsar la agenda comercial a través de acuerdos comerciales con Estados Unidos y con la Alianza del Pacífico.
- Reducción de aranceles (tarifa 0%) para la importación de materias primas y bienes de capital destinados a la producción.
- Focalizar los subsidios a los combustibles.
- Reestructurar las obligaciones para los clientes que lo requieran en la banca privada y Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS (corto plazo).
- Orientar el crédito para que por lo menos el 50% se destine al fomento de la producción, a la industria, a la innovación, al emprendimiento y a las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Apoyo del sector privado
Una de las medidas anunciadas que más preocupa a las gremios son las contribuciones obligatorias para las empresas con utilidades superiores a USD 1 millón y de las personas que ganan más de USD 500, durante algunos meses.
Esos recursos estarán destinados a crear un fondo solidario que le permita al Estado hacer frente a la actual crisis sanitaria y económica, según el presidente Moreno.
Para el sector empresarial esto significa más recaudación y menos incentivos para mover el aparato productivo.
“Al 30 de marzo de 2020, las empresas ya empezaron a pagar la primera cuota del impuesto único por ingresos dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Simplicidad Tributaria, para mitigar la crisis fiscal del país” y se quiere aumentar la carga, reclama la CIP.
Según la recientemente aprobada Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, las sociedades económicamente activas que hayan generado ingresos gravados iguales o superiores a USD 1 millón en el ejercicio fiscal 2018, pagarán una contribución única y temporal, para los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, sobre dichos ingresos.
La Cámara de Comercio de Quito (CCQ) calcula que el cobro del impuesto único por ingresos más las nuevas contribuciones anunciadas por el Gobierno significarán un desembolso de USD 186,3 millones y USD 428,6 millones, respectivamente para las empresas.
En caso de que el Gobierno llegue a recaudar las contribuciones de empresas y ciudadanos, la Cámara de Industrias, Producción y Empleo (CIPEM) plantea que “el 20% deba ser destinado a fideicomisos privados de ayuda humanitaria“.
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