A la Seguridad Social le falta liquidez para asumir el aumento de las solicitudes de seguro de desempleo y más cuando la Ley acortó los plazos para el pago de este beneficio.
Un nuevo problema se perfila para las finanzas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y viene de la mano de una nueva Ley.
El lunes, 22 de junio, fue publicada en el Registro Oficial la Ley Humanitaria y la norma establece que durante abril, mayo, junio y julio de 2020 los afiliados que hayan perdido su empleo podrán acceder a la prestación del seguro de desempleo.
El seguro de desempleo, vigente desde 2016, se financia con los aportes que hacen los empleadores correspondientes al 1% de la remuneración de cada trabajador en relación de dependencia.
¿El problema? La Ley Humanitaria dice que el plazo para acceder a este seguro se reduce de los 60 días originales a 10 días.
Hasta la fecha, el seguro de desempleo tiene acumulados unos USD 515 millones que están invertidos en el Banco del IESS (BIESS) y distribuidos de la siguiente manera:
- El 53% fue invertido en préstamos quirografarios e hipotecarios.
- El 47% fue invertido en bonos del Estado.
Es aquí donde se halla el principal problema: el fondo del seguro de desempleo está invertido y para desinvertirlo, convertirlo en liquidez y pagar a los beneficiarios la entidad necesita al menos dos meses.
Por eso, recién a los 60 días de haber perdido su empleo los afiliados podían acceder a esta prestación.
Con la nueva ley, el acceso al seguro se reduce a 10 días durante un tiempo de cuatro meses: desde abril hasta julio.
Justamente un periodo en el que, además, el IESS considera un escenario en que las solicitudes para acceder al seguro de desempleo se incrementarán. Con los plazos acortados con la nueva ley, la opción que le queda es vender instrumentos, como bonos del Estado para obtener la liquidez necesaria para cubrir el seguro de desempleo.
Otra opción para pagar a los beneficiarios del seguro es que el IESS use parte de los USD 485,4 millones líquidos, de un total de USD 20.463 millones, que tiene en su portafolio de inversiones.
Aumento de beneficiarios
Otro de los problemas del IESS es el aumento de los egresos para pagar a un número creciente de afiliados desempleados.
Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entre enero y mayo el aporte de los empleadores al seguro de desempleo fue de USD 100,3 millones, un 11,7% menos que durante el mismo periodo del año pasado.
Y el IESS pagó USD 12,7 millones a 11.003 beneficiarios por seguro de desempleo entre enero y mayo de este año.
Mientras que en el mismo periodo del año pasado el IESS desembolsó USD 8,5 millones por este concepto para 8.985 beneficiarios.
Entre enero y mayo de 2020, el número de personas que se acogieron al seguro de desempleo creció 18,3% frente al mismo periodo de 2019, esto obedece parcialmente a la terminación de contratos laborales durante la emergencia sanitaria.
El presidente del Directorio del IESS, Jorge Wated, informó que 245.000 personas han perdido su empleo en lo que va del año y han dejado de aportar al Seguro Social. Lo dijo durante su comparecencia a la Asamblea el 22 de junio.
El IESS asumirá el seguro de desempleo de estas personas, dijo Wated, sin detallar si la caída de los aportes que se derivará de los despidos de trabajadores pondría en riesgo al fondo del seguro de desempleo.
La proyección del IESS es que, hasta finales de diciembre de 2020, habrá una reducción de 500.000 afiliados y es posible que, gran parte de esos ciudadanos, solicite el seguro de desempleo.
PRIMICIAS solicitó una entrevista con el director de Fondos de Terceros y del seguro de desempleo del IESS, Gustavo Vargas, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo una respuesta.
¿Y el dinero?
Antes de que se aprobara la Ley Humanitaria, la Mesa de Estudios de la Seguridad Social elaboró un informe que establece los problemas de iliquidez del IESS.
Y advertía que, con la nueva Ley, habrá una “presión significativa al fondo (seguro de desempleo)” debido a que solo el 1% del aporte (del empleador) al IESS se destina a financiar esta prestación.
La disponibilidad de esos recursos se verá afectada también por “la flexibilización de los pagos de aportes” a la Seguridad Social, durante la emergencia sanitaria.
Además, la Mesa cuestionaba que, ante un nuevo beneficio económico para los ciudadanos, lo primero que debía existir era una fuente identificada de financiamiento para pagar esos beneficios.
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