La decisión judicial de suspender el reglamento para el control de exportaciones mineras afectó a 53 operaciones. Una de ellas, la exportación de cobre del proyecto Mirador, la mina de cobre activa más grande del país.
La empresa Ecuacorriente S.A. (ECSA), concesionaria del proyecto Mirador, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, retrasó la exportación de su primer cargamento de 20.000 toneladas de concentrado de cobre.
ECSA es parte de los 53 exportadores mineros que no pudieron exportar durante dos semanas, debido a una orden judicial que suspendió el reglamento de Control de las Exportaciones de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).
El 7 de octubre, el juez de Garantías Penales de Guayas, Ricardo Ramos, suspendió la norma durante 120 días.
El juez alegó en su decisión que la Arcom no socializó el reglamento y que los exportadores solo contaban con un laboratorio para tomar muestras del material minero.
El coordinador general de la Arcom, Pablo Checa, dijo a PRIMICIAS que el retraso en la exportación de concentrado cobre del proyecto Mirador -inaugurado el 18 de julio- significó que Ecuador dejara de percibir USD 23 millones.
Además de Mirador, el Estado ecuatoriano dejó de recibir otros USD 18 millones por exportaciones de barras de oro y concentrado de oro y cobre de 52 empresas dedicadas a actividades ligadas al negocio minero.
Dos semanas después, el 22 de octubre, las exportaciones o cargamentos retornaron a la normalidad, pues el Directorio de la Arcom expidió una nueva norma que reemplazó al reglamento suspendido.
“Es una salida provisional mientras rige la medida cautelar, hasta el 24 de octubre 30 cargamentos fueron enviados al exterior”, dijo Checa.
Durante las dos semanas se vieron afectados los exportadores legales de los cantones Ponce Enríquez y Portovelo, en las provincias de Azuay y El Oro. También fue entorpecida la operación de la exportadora de barras de oro Agroindustrial El Corazón, ubicada en Pichincha, entre otras empresas.
En el caso de Mirador, los representantes legales del proyecto ajustan detalles como el transporte del material minero a un recinto aduanero, los contendedores y el embarque, y la toma de muestras del material.
“La primera exportación podría darse esta semana“, dijo Checa al detallar el potencial del proyecto Mirador:
- 3,22 millones de onzas de cobre.
- 2,96 toneladas de cobre para exportar.
PRIMICIAS solicitó información sobre este problema a ECSA, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo una respuesta.
Los problemas judiciales de la actividad minera no solo se restringen al campo normativo. También existen pedidos de consulta popular para detener la actividad minera en varias zonas del país.
Pero esas solicitudes han sido negados por la Corte Constitucional hasta ahora.
El gobierno de Lenín Moreno apunta a fortalecer la actividad minera como una fuente alterna al petróleo para generar recursos para el Estado a largo plazo, apara traer inversiones y crear empleos.
Desde 2017 y hasta septiembre de 2019 Ecuador percibió USD 723 millones por la exportación de 345 toneladas de barras de oro y concentrados de oro y cobre, según la Arcom.
¿Para qué se necesita un laboratorio?
Checa afirmó que el trámite para sacar el certificado de exportación del material minero puede demorar tres días.
El reglamento suspendido establecía los requisitos técnicos y administrativos, y la toma de una muestra de los minerales primarios y secundarios que se van a exportar.
El paso por el laboratorio permite “identificar el porcentaje de pago al país por las regalías de los materiales mineros porque ayuda a determinar el porcentaje de mineral contenido en una barra o en un cargamento”, explica Checa.
Desde el 6 de agosto Ecuador tiene tres laboratorios registrados en la Arcom para realizar el análisis de las muestras mineras.
Observaciones a la decisión judicial
La decisión del juez de suspender el reglamento, argumentando que no se socializó el reglamento y que solo había un laboratorio calificado, no tiene sustento, según la Arcom.
Checa afirmó que Arcom sí socializó el reglamento, incluso, fue publicado en la página web de la institución. También aclaró que antes de la sentencia judicial ya existían tres laboratorios registrados.
Con ese sustento, la Arcom presentó dos solicitudes para que se revoque la sentencia y puso una denuncia -el 15 de octubre- contra del magistrado porque no tendría competencia para dictar una medida cautelar sobre actos normativos del Estado.
“Se están vulnerando las acciones de la Arcom y el derecho de los exportadores”, dice Checa.
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