El 88% de municipios pequeños gasta el dinero de manera ineficiente

El pago de sueldos a funcionarios municipales es el principal egreso de 152 gobiernos autónomos descentralizados, definidos como pequeños.

La deuda del Gobierno Central con los 221 municipios del país ascendía a USD 1.164 millones hasta el 29 de julio de 2020, cuando la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) se reunió en Carondelet con el presidente Lenín Moreno.

Tras la cita fue definido un cronograma para pagar USD 82 millones en julio. Este dinero corresponde a las asignaciones presupuestarias que el Estado debería entregar cada mes.

De este dinero, unos USD 29 millones se transfirió a los municipios pequeños, considerados así porque tienen menos de 50.000 habitantes.

En este grupo entran 152 cabildos, que representan el 69% del total de las municipalidades del país. Los alcaldes de estas ciudades aseguran que han dejado de hacer obras importantes por la falta de recursos.

“Los municipios país, en especial los más pequeños, no hemos tenido recursos para enfrentar la pandemia. Hemos usado nuestros ahorros, pero estos ya se acaban”, dice Raúl Delgado, alcalde de Paute y presidente de la AME.

¿Para qué necesitan los municipios el dinero público? Al menos 134 de los 152 municipios destinan la mayoría de los recursos para el pago de salarios de sus empleados.

Solo 16 gastan más en inversión pública que en salarios de la burocracia. Este cálculo se desprende de un análisis de eficiencia elaborado por el Ministerio de Finanzas en 2019.

Eficiencia cuestionada

Delgado asegura que el Gobierno les ha propuesto reducir gastos operativos y en personal en las Alcaldías. Pero según el presidente de la AME, esto significaría un ahorro de USD 10 millones y “no representa un impacto significativo en el saldo total adeudado“.

En el caso del Municipio de Paute (Azuay), bajo la administración de Delgado desde 2017, el gasto en salarios es de 37% del presupuesto frente al 33% que se destina a inversión pública.

Paute tenía 234 trabajadores municipales en 2019 y gastaba USD 1,7 millones en personal.

Según el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad), los municipios tienen otras competencias además de pagar salarios.

Una de ellas es la regulación del uso del suelo, también pueden planificar obras de vialidad y deben prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales y manejo de desechos, entre otros.

“Si cada año nos dan nuevas competencias, necesitamos contratar más personal para atender los proyectos”, dice Delgado en referencia a la cifra de trabajadores municipales.

Pero estas competencias no son asumidas en su totalidad en varios cantones. Por ejemplo, en Pucará (Azuay) y San Miguel de Urcuquí (Imbabura), se destina apenas el 1% a las obras de inversión pública.

En Guayas, el alcalde de Santa Lucía, Edson Alvarado, asegura que la mayoría de municipios ha recortado gastos y burocracia, a raíz de la crisis económica agravada por la pandemia de Covid-19.

“No pueden decir que no hemos puesto de nuestra parte”, argumenta Alvarado, representante de la AME en la Zona 5, que abarca 51 municipios de cinco provincias.

Consultado por PRIMICIAS sobre las obras que ha postergado por los atrasos en las asignaciones, Alvarado responde que “son muchas, en el sector social, agua potable, atención ciudadana”.

Y asegura que al momento le deben dos meses de sueldo a los empleados municipales de Santa Lucía. Este cabildo cuenta con 253 trabajadores y gasta USD 2,1 millones al año en sueldos.

La AME ¿dividida?

El reclamo por las asignaciones estatales de los municipios no es nuevo. Desde 2019 protestan por el pago atrasado de las mismas, algo similar ocurre con los Gobiernos provinciales y con las juntas parroquiales.

El Gobierno ha venido pagando la deuda por partes.

El 11 de agosto alcaldes de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos bloquearon con camiones la vía que une a Santa Lucía con Daule.

Tras la protesta, el alcalde de Santa Lucía asegura que el Gobierno les ofreció revisar el tema. En la Zona 5, la deuda asciende a USD 300 millones.

Empleados municipales se unieron a la protesta realizada en la vía que une Daule con Santa Lucía, el 11 de agosto de 2020. API

“Los municipios pequeños no aceptaremos papeles (bonos estatales) ni cronogramas, sino el pago en efectivo y de inmediato”, dice Alvarado.

Una postura distinta tiene Delgado, de la AME Nacional, quien participó en la reunión con el Ejecutivo. Según este Alcalde, al momento se revisa un nuevo documento con el Ministerio de Finanzas, que contiene un potencial acuerdo para cancelar lo adeduado.

“Respetamos las acciones de los distintos coordinadores regionales de la AME, pero siempre hay que primero buscar el diálogo”, agrega Delgado.

Otras fuentes de ingresos

Los atrasos, según el Gobierno Central, obedecen a la caída de los principales ingresos del país, como la recaudación tributaria y la facturación por exportaciones de petróleo.

Entre enero y junio de 2020 los ingresos alcanzaron los USD 12.838 millones, un 27,6% menos que durante el mismo periodo del año pasado.

Pero además de las asignaciones presupuestarias, contempladas en el artículo 173 del Cootad, los municipios tienen otras fuentes de financiamiento.

Una de ellas son los impuestos, tasas y contribuciones especiales por mejoras. También pueden echar mano de la venta de bienes y servicios; de los recursos generados por multas y hasta de la venta de activos no financieros.

Además es posible generar proyectos de inversión pública a través de créditos externos con organismos multilaterales.

Por otra parte, según el artículo 249 del Cootad el presupuesto de un municipio, ya sea grande o pequeño, no puede ser aprobado si es que no destina y asigna el 10% de ingresos a programas sociales.

Pero esto, como se observa en el análisis de eficiencia, muchas veces no se cumple entre las 152 alcaldías pequeñas.

Noticias relacionadas