Aunque 59% del país votó en contra de la extracción petrolera del ITT, que está en el Yasuní, en Orellana y Sucumbíos votaron a favor de mantenerla.
Las provincias de mayor actividad petrolera, como son Orellana y Sucumbíos, votaron en la consulta popular a favor de continuar la explotación petrolera en el campo ITT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní.
En Orellana, una de las provincias donde está localizado el Yasuní, 58% de los votantes respondieron "No" a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?
Mientras que en Sucumbíos, también apoyaron continuar con la explotación petrolera en el ITT, con 51% de los votos.
Los resultados de la consulta popular implica parar la producción petrolera en todo el bloque 43, pese a que solo dos áreas del ITT están dentro del Yasuní: Tambococha e Ishpingo.
Pero, una tercera área del bloque, Tiputini, está fuera del Yasuní. Allí se encuentra una de las obras más importantes del ITT, una central de procesos donde se separa el agua del petróleo. Esa planta, que costó alrededor de USD 300 millones, deberá ser desmantelada, así como toda la infraestructura del bloque.
El bloque 43 - ITT tiene una producción promedio de 58.000 barriles de petróleo por día.
Un millonario hueco
El ITT está localizado en el cantón Aguarico, provincia de Orellana. Según el alcalde de esa localidad, Juan Carlos Orellana, el cierre de operaciones del ITT dejaría un hueco en su presupuesto de USD 70 millones anuales.
Con esos recursos, el municipio financia obra pública, salud y educación, explicó Orellana en una entrevista previa a PRIMICIAS.
Según Petroecuador, siete comunidades indígenas, de 2.514 habitantes, viven de la actividad petrolera en la zona de influencia del ITT. Se trata de una comunidad Waorani y seis Kichwas.
Personas de estas comunidades ofrecían servicios a Petroecuador, como el transporte.
La alcaldesa del cantón Puerto Francisco de Orellana (El Coca), Shirma Cortés, considera que el impacto económico para la ciudad podría ser importante con la paralización del ITT.
"El Coca vive del petróleo, es una ciudad logística petrolera", recalca Cortés. Y añade que la ciudad ofrece servicios de transporte, hotelería y alimentación al personal de la industria petrolera.
La ciudad también da mantenimiento a equipos para los procesos de exploración petrolera, como los tornos utilizados en la perforación, y alquiler de trailers.
Cortés recuerda que por transferencias petroleras a El Coca se le adeudan cerca de USD 12 millones, desde 2019. El monto se está pagando por cuotas, este mes recibieron un abono de USD 1,6 millones, asegura Cortés.
Por las leyes Amazónica y 40, el monto de renta petrolera que recibieron las provincias amazónicas entre 2017 y 2022 es de USD 250 millones.
Alternativa en el turismo
La alcaldesa de El Coca, Shirma Cortés, dice que en su administración comenzarán a enfocarse en preparar a la ciudad para vivir de también de otras actividades, como el turismo. "El problema son las vías, hay un abandono total", dice.
Y aclara que si bien reciben vuelos de turistas extranjeros que desean visitar la Amazonía, estas personas no pernoctan en El Coca, sino que viajan por vía fluvial a la reserva del Yasuní y se hospedan en "lodges" de primera clase.
Por eso, buscan fomentar el turismo dentro de la ciudad con mejor infraestructura turística, que llame la atención.
Cortés considera que para el cantón Joya de los Sachas el impacto económico será menor, porque además del petróleo, sus habitantes viven de la agricultura y la ganadería.
Provincias en contra
En la provincia amazónicas de Pastaza, donde también está el Yasuní, votaron a favor de conservar el petróleo del ITT en el subsuelo.
En Pastaza ha existido una oposición histórica de sus comunidades indígenas al avance de la actividad petrolera.
Napo y Morona Santiago también votaron a favor de no extraer petróleo en el Yasuní ni en otras áreas donde opera el ITT.
Entre las razones por las que se oponen comunidades indígenas a la explotación está la contaminación ambiental que ha dejado la actividad petrolera, así la pobreza y falta de servicios básicos de calidad en la Amazonía.
Morona Santiago es la provincia más pobre del país, con 66% de sus habitantes en esa condición. En Napo y Pastaza, la pobreza supera el 60%.
Mientras que en Orellana, 59% de sus habitantes vive en la pobreza, y en Sucumbíos, la tasa es de 55%, según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – Anual, 2022, del INEC.
En la Amazonía, más de la mitad de sus habitantes viven con menos de USD 3 al día, pese a la explotación petrolera que se realiza en esta región del país.
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