La última decisión judicial dejó sin efecto la adjudicación del contrato a Hispana de Seguros y el proceso precontractual volvió a la etapa de calificación de ofertas.
La contratación de una póliza de seguros para cubrir los activos de la petrolera estatal Petroecuador, la mayor empresa del país, pende de un hilo por dos decisiones judiciales.
Los activos de la petrolera tienen un valor asegurable de USD 5.954 millones y Seguros Sucre, con capital estatal, tiene la póliza hasta el 7 de diciembre de 2020, cuando termina su contrato.
El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) retomó la supervisión del proceso precontractual el 25 de noviembre, tras realizar críticas al concurso, argumentando que carecía de estudios técnicos y que no establecía claramente las multas en caso de incumplimiento del contrato.
Esto luego de que un juez del cantón Pedro Carbo (Guayas) revocó una decisión judicial que le impedía al Sercop emitir actos administrativos contra el cuestionado proceso de contratación de la póliza de Petroecuador.
Una segunda decisión judicial ha dejado sin efecto la adjudicación del contrato a Hispana de Seguros por USD 54,8 millones, así que el proceso volvió a la fase de calificación de ofertas económicas.
Esta última acción de protección, en favor de Latina Seguros, ordena que sea conformada una nueva Comisión Técnica de Petroecuador para calificar las ofertas de las aseguradoras.
La comisión fue acusada por Latina Seguros y por Seguros Sucre de manipular documentación y de cambiar las reglas del proceso.
Fue señalada, además, de incrementar los valores de las ofertas económicas de Latina Seguros y de Seguros Sucre sin permiso de las empresas, bajo la excusa de que había errores aritméticos en las ofertas.
La única oferta que no fue modificada por la Comisión fue la de Hispana de Seguros, empresa a la que se le adjudicó el contrato.
El subdirector del Sercop, Gustavo Araujo, habló con PRIMICIAS sobre el controvertido proceso.
¿En qué estado se halla el proceso?
Tras las órdenes judiciales, estamos en una etapa de supervisión de la fase precontractual del proceso de licitación de seguros para Petroecuador.
En otras palabras, estamos en una fase de análisis, a la espera de los descargos que debe hacer la entidad contratante (Petroecuador) y nuestro pronunciamiento deberá realizarse con base en la respuesta de la empresa petrolera.
¿Qué esperan de Petroecuador?
El Sercop espera toda la información y la documentación del proceso. Luego de un análisis se realizará un pronunciamiento oficial. No podemos dar una respuesta en este momento porque estamos en pleno control. Hasta el momento, los descargos de la petrolera todavía no llegan.
Sobre la base de las respuestas de la petrolera estatal, el Sercop hará una comparación de lo que consta en los pliegos del proceso precontractual frente a lo que dicen la norma y la ley.
Por ejemplo, hay que revisar la forma como calificaron las ofertas y por qué lo hicieron así y qué elementos razonables fueron incluidos en los pliegos para que se cumplieran los principios de la contratación pública.
De allí saldrán las conclusiones y eso trae consigo una gran responsabilidad porque está en juego el interés de la empresa más grande del Estado.
¿El proceso precontractual regresó a la calificación de ofertas?
La justicia ecuatoriana, tras aceptar una acción de protección de Latina Seguros, dispuso que el proceso volviera a la fase de la calificación de ofertas y que se modificara la conformación de la Comisión Técnica de Petroecuador que es el ente que se encarga, entre otras cosas, de evaluar las ofertas económicas.
El Sercop no fue parte procesal en esta acción de protección. Sin embargo, nosotros haremos calzar todas estas decisiones con las competencias que tiene el Sercop.
Es decir, ¿Petroecuador debe demostrar que volvió a la fase de calificación de ofertas?
Claro, Petroecuador tiene que cumplir la disposición judicial. El Sercop tiene que vigilar, más aún si hay una decisión legítima a nivel judicial.
¿Cuál es el escenario que debe evitar el Sercop?
El Sercop debe evitar -en este caso- la utilización de mecanismos de (contratación de) emergencia que, si bien constan en la ley, afectan a la concurrencia de ofertas.
Es decir, nosotros debemos propender para que en el proceso de contratación del seguro haya competencia para que Petroecuador logre obtener los mejores beneficios, el mejor servicio y al mejor costo.
¿Qué ocasionaron las medidas cautelares en este proceso?
Obstaculizaron el cumplimiento de la Ley Orgánica de Contratación Pública y eso podría servir como un precedente que distorsione todos los fundamentos de control que se realizan a las entidades públicas contratantes.
La decisión judicial puso un ladrillo más a la desinstitucionalización del Estado.
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