La falta de competencia y los vacíos legales hacen que el Estado obtenga ahorros mínimos, de solo 5,7%, con la Subasta Inversa Electrónica.
El 24% o casi un cuarto de todos los procesos de Subasta Inversa Electrónica (SIE) en contratación pública tuvo un solo oferente entre 2016 y 2022, según un estudio del Observatorio de Ciudadano de Compras Públicas, de la Fundación B77.
La Subasta Inversa Electrónica es el mecanismo de contratación más utilizado por las entidades públicas en Ecuador.
Así, en los últimos siete años, las compras públicas a través de este tipo de contratación sumaron USD 8.520 millones; esto es, casi ocho puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador.
La idea de las compras a través de la Subasta Inversa Electrónica es que el Estado obtenga mejores precios gracias a las pujas entre distintos oferentes.
Sin embargo, el 24% de los procesos o 29.523 procesos por USD 1.855 millones realizados entre 2016 y 2022 tuvieron un solo participante en la subasta.
De ahí que el Estado ha tenido mínimos ahorros, frente a lo que pudo obtener en una subasta real con más de un oferente, explica Carlos Villacís, vocero del Observatorio.
La investigación del Observatorio revela que mientras más oferentes participen en la puja o subasta, más presión hay para una baja en el precio final de adjudicación del contrato, frente al valor inicial referencial con el que el Estado lanza el proceso, agrega Villacís.
¿Es en realidad una subasta?
Cuando existe un solo oferente, no se da una puja que lleve a la baja el valor del contrato, sino una sesión de negociación directa con el único interesado.
En estos casos, el oferente deberá rebajar su oferta económica en al menos el cinco por ciento (5%) del presupuesto referencial de la subasta inversa convocada, según establece el Reglamento a la Ley de Contratación Pública.
Así, en los casos en los que hubo un solo oferente, el ahorro promedio para el Estado fue de apenas 5,7%, según el Observatorio. Esto equivale a un ahorro de USD 486 millones.
En contraste, en las subastas en las que hubo más de 10 participantes, el ahorro para el Estado llegó al 21,3%.
Es decir, si en todas las subastas inversas electrónicas realizadas entre 2016 y 2022 hubiera participado ese número de oferentes, el Estado habría podido ahorrar USD 1.789 millones.
Sin embargo, en siete años, apenas el 2,5% de los procesos de Subasta Inversa Electrónica se realizó con más de 10 participantes.
Para Juan Francisco Díaz, profesor en el Máster de Contratación Pública de la Universidad Andina Simón Bolívar, hay varios factores que explican este problema:
Uno es que los procesos de contratación de este tipo se han vuelto menos atractivos, porque las entidades del Estado piden requisitos que son muy difíciles de cumplir.
Y, añade que las entidades públicas piden garantías que encarecen el proceso para el posible proveedor, explica. A esto se suman las demoras en los pagos.
Díaz explica, además, que hay entidades que lanzan ofertas de Subasta Inversa Electrónica con requisitos que son prácticamente hechos a la medida, para que solo unos pocos oferentes puedan calificarse.
Esto último ocurre pese a que existen leyes suficientes para sancionar este tipo de prácticas, concluye Díaz.
Ahorro mínimo
¿Pero qué pasó con el resto de procesos de Subasta Inversa Electrónica durante siete años?
El informe muestra que, de los 125.102 procesos de subasta entre 2016 y 2022, casi la mitad; esto es, el 51%, tuvo entre dos y cuatro oferentes.
Se trata de un número bajo que no permite al Estado alcanzar el máximo potencial del sistema, según el Observatorio.
Y en estos casos, el ahorro promedio para el Estado fue de entre 5,9% y 9% frente al precio referencial de los contratos.
Por un vacío legal también hubo procesos en los que el Estado ahorró incluso menos del 5%.
En casi uno de cada cuatro procesos, el ahorro que alcanzó el Estado fue de apenas 2,27%, por lo que habría sido mejor que la entidad pública vaya a un proceso de contratación directa, menciona Villacís.
Tras la reforma al Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, vigente desde agosto de 2022, el mínimo que se debe reducir en las pujas de dos oferentes o más ahora también es de 5%, explica Díaz.
Entidades con menos oferentes
El Observatorio identificó que entre 2016 y 2022, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, así como el Municipio de Guayaquil, fueron las entidades públicas con más procesos de Subasta Inversa Electrónica con un solo oferente.
El hospital, que es parte de la red del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), tuvo 1.408 procesos de subasta, por USD 218 millones. En el 39% solo hubo un oferente, lo que significó un ahorro promedio de 6,5% frente a los precios referenciales de los contratos.
Apenas el 0,9% correspondió a procesos con 10 participantes. Y, en esos casos, el ahorro para el hospital llegó al 28% frente al valor inicial de los contratos.
Y el Cabildo del puerto principal tuvo 1.411 subastas, por USD 183,2 millones.
En el 28,3% de esos procesos solo hubo un participante. Y apenas en 0,7% de las subastas hubo más de 10 oferentes.
Según el estudio, en los casos en los que hubo más de 10 oferentes, el ahorro para el Cabildo llegó al 30% frente al valor referencial de los contratos.
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