El Gobierno creará la Secretaría Técnica de Alianzas Público-Privadas este año para canalizar las nuevas inversiones, dice el consejero presidencial Roberto Salas.
La falta de transparencia de procesos de selección, las leyes y los reglamentos confusos, y las demoras en los trámites ocasionaron que apenas cinco alianzas público-privadas (APP) en Ecuador se hayan firmado entre 2015 y 2021.
Estas son las cinco APP que fueron concretadas desde 2015:
- La concesión de la terminal portuaria de Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro, a la empresa turca Yilport, por un monto de USD 750 millones, en mayo de 2016.
- El contrato de concesión del Puerto de Aguas Profundas de Posorja a la empresa DP World, en junio de 2016.
- Un acuerdo de concesión de la carretera Huaquillas-Río 7 (El Oro) a la constructora Consur R7H, en julio de 2016.
- Concesión del Puerto de Manta (Manabí) a la cuestionada empresa chilena Agunsa, en diciembre de 2016.
- El dragado de Profundización del Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil (Guayas) al Consorcio Canal de Guayaquil, filial de la firma belga Jan De Nul, en diciembre de 2018.
Según el Ministerio de Producción, las inversiones en estas alianzas público-privadas alcanzaron los USD 2.300 millones.
Ese resultado es bajo comparado con países vecinos como Perú, que cuenta con inversiones mediante APP por encima de los USD 50.000 millones.
Ante los pocos resultados, el Gobierno trabaja en una nueva política de APP, estrategia que está a cargo del consejero Ad Honorem de inversiones y alianzas público-privadas, Roberto Salas, desde el 5 de agosto de 2021.
Salas dijo a PRIMICIAS que la meta es que el país suscriba, al menos, siete alianzas público-privadas por año.
El consejero Ad Honorem de inversiones y alianzas público-privada, Roberto Salas, en una entrevista en Quito, el 12 de noviembre. Primicias.
El objetivo es evitar los “malos negocios”
Para cumplir con ese propósito, la estrategia del Gobierno consiste en impulsar un reordenamiento institucional. De esta forma se crearán proyectos APP “de calidad, robustos y transparentes” y así, evitar posibles “malos negocios para el Estado”.
Y, un caso puntual es lo que ocurre con el Puerto de Manta, así como lo informó PRIMICIAS meses atrás.
Tras la delegación del puerto a Agunsa, la Autoridad Portuaria de Manta (APM), que dirige el puerto, pasó de ser una entidad rentable a tener déficit, que ocurre cuando los gastos son superiores a los ingresos.
La Contraloría revisó la delegación de esta obra a la firma chilena, tanto a la fase precontractual como a la administración del contrato, y realizó 48 observaciones.
Otro aspecto clave es impulsar un nuevo reglamento a la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas, que fue aprobada en diciembre de 2015.
El objetivo de los cambios reglamentarios es reducir los plazos, mejorar los procesos y agregar transparencia para garantizar que el Estado escoja “socios de calidad”.
Según Salas, ni el reglamento ni la ley vigente generaron resultados, por ser confusos, por falta de efectividad y por su excesiva tramitología.
Incluso, la normativa creó un Comité APP, conformado por autoridades del sector económico, pero “nunca funcionó y en los últimos cuatro años no hubo reuniones“, dice Salas.
Y, a futuro, Salas espera concretar una reforma a esta ley, que “prácticamente sería un nuevo cuerpo legal que dé seguridad jurídica a los inversionistas”.
Una nueva secretaría
La pieza medular de la estrategia del Gobierno es crear este año una Secretaría Técnica de Alianzas Público-Privadas. Para esto se toma de ejemplos los éxitos de entidades similares en Panamá y de República Dominicana.
El Gobierno quiere darle relevancia a esta política y, por eso, según el consejero del Presidente Guillermo Lasso, la nueva entidad pública estará adscrita a la Presidencia de la República
La futura secretaría tendrá de 25 a 30 personas y su presupuesto será entre USD 1,5 millones y USD 2 millones por año.
La secretaría técnica tendrá los siguientes objetivos:
- Servir de interlocutor para guiar a compañías privadas a buscar inversiones públicas.
- Crear mecanismos de seguimiento para conocer si los procesos de APP tienen problemas.
- Formar técnicos especializados en la creación, seguimiento y evaluación de procesos APP.
La nueva secretaría también contará con recursos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entregó al país para este fin y que, según Salas, casi no se había usado en años pasados.
Esta línea de crédito del BID asciende a USD 51 millones y se distribuye para tres fines:
- Fortalecimiento institucional que incluye la creación de la secretaría y formación de técnicos: USD 5 millones
- Estructuración de proyectos del Gobierno Central: USD 16 millones
- Proyectos para los gobiernos seccionales: USD 30 millones
Por ahora, Salas dice que la prioridad del Gobierno es presentar durante el foro Ecuador Open for Business un portafolio de más de 50 proyectos públicos de gestión delegada a privados (APP, concesiones, alianzas estratégicas, entre otros).
Los flujos financieros, en el caso de que se concreten estos proyectos, podrían alcanzar los USD 30.000 millones hasta 2025.
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