El Presidente de la Cámara de la Minería felicitó a la Corte Constitucional por negar y archivar el pedido de consulta popular previa en Carchi e Imbabura, pero afirma que esa resolución no sienta un precedente para detener futuras consultas solicitadas por la ciudadanía.
La decisión de la Corte Constitucional de negar y archivar el pedido de consulta popular previa para detener la minería a gran escala en cuatro parroquias de las provincias de Imbabura y Carchi, no convenció del todo al sector minero.
El dictamen de la corte garantiza que el proyecto de cobre, plata y oro Cascabel pueda ser desarrollado por la compañía minera australiana SolGold.
Cascabel es considerado como el yacimiento más grande de plata del mundo, el tercero de oro y el sexto de cobre.
Estos son los bloques mineros ubicados en Imbabura y Carchi Orfaith Rivera
Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería, dialogó con PRIMICIAS y aseguró que el dictamen no sienta un precedente para frenar futuros pedidos de consultas populares en zonas mineras.
Yépez espera que a futuro la Corte se pronuncie sobre la pertinencia de las consultas populares.
¿La resolución de la Corte Constitucional sienta un precedente para futuros proyectos en la industria minera?
No es un precedente pero es un primer paso importante que la Corte haya negado la consulta popular en Carchi e Imbabura.
El propio boletín de la Corte en su parte final indica que no se pronunció a fondo sobre la procedencia de las consultas populares.
¿Qué quiere decir?
Que la Corte, en un momento dado, deberá pronunciarse sobre el tema de fondo una vez que otro grupo de ciudadanos le vuelva a pedir que califique una pregunta para dar paso a una nueva consulta popular sobre el tema.
Allí tendrá que valorar lo que dice la Constitución, en el sentido de que no es posible llevar a cabo plebiscitos locales sobre temas que le competen solo al Gobierno central.
¿Esperaban un pronunciamiento más fuerte?
Sí. Nos hubiera gustado una definición clara de cuándo procede o no una consulta; si caben o no consultas locales en temas de interés nacional.
Creemos que es un paso importante porque la Corte votó de manera unánime.
Varios integrantes de la Corte tienen posturas ambientalistas. ¿Eso influirá en futuros pronunciamientos?
Creemos que en la Corte no hay cabida para juicios ni posiciones particulares sino que se respetará la normativa constitucional que es sumamente clara.
¿La nueva política minera beneficia al sector para que se convierta en el nuevo motor de la economía?
Es una determinación importante del Gobierno para avanzar en el desarrollo de actividades tendientes al fomento y al mejoramiento del nivel de vida de los ecuatorianos.
¿La consulta previa es clave para llevar adelante los temas mineros?
La política minera también determina el proceso de consulta previa, que es un proceso de difusión y de participación ciudadana en el caso de comunidades ancestrales aborígenes o indígenas.
Lo anterior está sustentado en el convenio 179 de la Organización Internacional del Trabajo y, por lo tanto, son normas supranacionales que deben aplicarse de manera obligatoria en el país.
En la consulta previa, que no es una consulta popular, no existe un criterio vinculante de las comunidades sino que el Estado, como ente rector de las actividades mineras, resuelve cómo continuar con el desarrollo de los proyectos mineros una vez realizada la consulta.
¿Les preocupa que autoridades electas en los últimos comicios seccionales, como el prefecto de Azuay Yaku Pérez, tomen acciones para frenar los proyectos mineros?
El hecho que la minería industrial arranque su producción a finales de año moverá a todos: a quienes somos consientes de los beneficios, a los que tienen dudas y están abiertos a dialogar, a aprender y a buscar confluencias.
Pero hay personas que no quieren avanzar con el desarrollo de los proyectos industriales.
Lo que hemos ganado con la resolución de la Corte es tiempo para empezar un proceso de diálogo profundo, en el cual encontremos puntos de confluencia que nos permitan seguir adelante como país.
La Defensoría del Pueblo le dijo no a la minería.
La posición de la Defensoría es sumamente parcializada. Ellos están para hacer respetar los derechos de los ecuatorianos, incluso de las personas jurídicas, que también tenemos derechos y obligaciones.
¿Qué papel juega el Gobierno en la protección ambiental?
El Gobierno, entendido como el Ministerio del Ambiente y la Secretaría del Agua, deberá monitorear el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las empresas mineras.
Pero hay que recordar que detrás de cada empresa hay un proceso, una licencia ambiental, una garantía económica y la obligación de llevar las actividades en las formas prescritas por la Constitución y la ley.
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