La consulta popular para prohibir la minería en el Chocó Andino detendría las nuevas concesiones mineras. Pero las 12 que ya estaban en la zona no se revertirán.
Para los habitantes del llamado Chocó Andino, los negocios turísticos y la producción de panela, café y cacao de fino aroma orgánicos no serían posibles si se aprueba la actividad minera en la zona.
Los colectivos y asociaciones que viven del turismo y la agricultura impulsan una consulta popular, prevista para el 20 de agosto de 2023, que busca prohibir la minería en seis parroquias rurales de Quito, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino.
Los colibrís revoloteando y un bosque húmedo que se ve desde un mirador son las principales atracciones del Café Los Armadillos, uno de los negocios que podrían verse afectados si se da paso a la actividad minera en el área comprendida por las parroquias:
- Nanegal.
- Calacalí.
- Nono.
- Pacto.
- Gualea.
- Nanegalito
Por este bosque transitan los 66 osos de anteojos que se han monitoreado en Pichincha. Se trata de la única especie de este mamífero que habita en los Andes y que está en peligro de extinción.
Zona núcleo del Chocó Andino, dentro de una concesión minera, en Nanegalito. Evelyn Tapia/PRIMICIAS
A Teolinda Calle, propietaria del Café Los Armadillos, le parece impensable que en esa montaña haya una concesión minera de oro y cobre. Pero la hay, aunque todavía está en etapa de exploración.
Según el catastro minero del Ministerio de Energía, en el Chocó Andino el Estado ha aprobado 14 concesiones mineras de pequeña, mediana y gran escala.
Restaurante y parador turístico Los Armadillos, en el Chocó Andino. Evelyn Tapia/PRIMICIAS
El Chocó Andino es Quito
"Aunque no parezca, esto también es Quito, si hacen un túnel y atraviesan esa montaña, salen al Seminario Mayor, a la calle Colón", dice Inty Arcos mientras señala una de las montañas del Chocó Andino.
Por eso en la consulta popular que decidirá el futuro del Chocó Andino votarán los casi dos millones de electores de Quito.
Mientras recorre los senderos de bosque húmedo de la reserva Intillacta, en Nanegalito, Arcos reconoce los sonidos de las aves y otros animales de la zona, pues ha vivido allí durante tres décadas.
Colibrí en el Café Los Armadillos, en el Chocó Andino. Evelyn Tapia/PRIMICIAS
Arcos, coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino y biólogo, está convencido de que en la zona es posible vivir del turismo sostenible, pero no se le ha dado la atención suficiente.
La minería, dice Arcos, dañará de manera irreversible el bosque del Chocó Andino, cuyas cuencas proveen de agua a los barrios del noroccidente de Quito, como:
- San Carlos.
- Pisulí.
- Calderón.
- La Roldós.
- El Bosque.
- La Concepción.
Huerto orgánico en el sector Armenia, en Nanegalito, Chocó Andino. Evelyn Tapia/PRIMICIAS.
"Hay enorme potencial de turismo. Solo el aviturismo, que es uno de los más caros y que atrae a más extranjeros, mueve unos USD 1,4 millones al año. Ahora que a los turistas les da miedo ir a Esmeraldas, estamos recibiendo más visitas del extranjero", explica.
En la reserva Intillacta hay vestigios de pirámides de la cultura Yumbo y palmas de cera endémicas, que solo existen esta zona de Quito.
"Somos iguales que Galápagos, tenemos especies endémicas, ¿por qué otorgaron concesiones a las mineras? ¿Por qué no nos cuidan como a las islas?"
Inty Arcos.
La minería está prohibida en los sitios que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), en centros urbanos y en zonas intangibles, argumenta María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería.
El Chocó Andino fue declarado Reserva de Biósfera por parte de la Unesco en 2018. Pero eso no alcanza para que el Gobierno lo incluya en el SNAP.
Producción orgánica en riesgo
El presidente de la Mancomunidad del Chocó Andino, Julio Flores, destaca que también hay actividades productivas que han comenzado a crecer gracias a las certificaciones orgánicas.
Por ejemplo, en Pacto y en Nanegalito existen asociaciones de productores de panela orgánica que se exporta a Europa.
Huerto orgánico familiar en el Chocó Andino. Evelyn Tapia/PRIMICIAS
También hay productores de café y cacao de fino aroma orgánicos, que se cultivan en las zonas más bajas del Chocó Andino, a 600 metros de altura.
Pero las concesiones mineras son un riesgo para estas actividades, pues las certificaciones orgánicas se podrían revertir, por el impacto ambiental de la minería, agrega Calle.
Otra actividad productiva que los habitantes de la zona defienden es la ganadería para producción de lácteos.
Según la Mancomunidad del Chocó Andino, estas parroquias producen 15.000 litros de leche diarios.
Arcos reconoce que hay trabajo por hacer en el sector ganadero, pues esta actividad también tiene un impacto negativo en el frágil equilibrio del bosque del Chocó Andino.
Sin embargo, la ganadería es la fuente de sustento para miles de familias de escasos recursos.
Para los ganaderos, el oso de anteojos es un depredador que ataca a las vacas. "Eso ocurre porque las autoridades no han diseñado un plan real de protección de esta especie", añade Calle.
¿Quiénes defienden la minería?
De las 14 concesiones mineras en la zona, dos fueron archivadas. Y, las 12 que todavía están inscritas en catastro, ocupan 10.780 hectáreas, el 8,9% de las 120.000 que conforman las seis parroquias del Chocó Andino.
De estas, ninguna concesión está en fase explotación, todas están en exploración, explica la presidenta de la Cámara de Minería de Ecuador, María Eulalia Silva.
Silva aclara que, en caso de ganar el Sí y aprobarse una prohibición de la minería, las doce concesiones permanecerán activas, pues la ley no es retroactiva.
Solo se prohibirán las nuevas concesiones; es decir, el Estado no podría otorgar nuevos títulos mineros a empresas, añade Silva.
La presidenta de la Cámara de Minería lamenta que la comunidad impulse la consulta para prohibir la minería formal, porque eso solo abrirá la puerta para minería ilegal.
La minería industrial utiliza tecnología y prácticas que distan de manera abismal de las de los mineros ilegales que destrozan los ecosistemas, asegura Silva.
Pero Calle asegura que en 2020 y 2021, los moradores identificaron zonas en las que maquinaria de empresas mineras, con concesiones formales, ya estaba extrayendo material.
Silva responde que esas denuncias no corresponden a las prácticas de las mineras industriales de mediana y gran escala, que son las que representa el gremio.
De las 12 concesiones, cinco son de pequeña minería, cuyos titulares son personas naturales, según el catastro minero.
Para Silva, esos casos son más fáciles de ser sancionados por las autoridades, pues se trata de concesiones formales.
En el caso de la minería ilegal, agrega, se vuelve más difícil el control. Y advierte que este delito está atado a otros ilícitos, como trata de personas y el contrabando de combustibles.
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