En total, 31 funcionarios de la Fiscalía han solicitado ingresar al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos en 2022. Algunos fiscales tienen custodia desde hace dos años.
Tres fiscales y un secretario han sido asesinados en Ecuador en lo que va de 2022. El denominador común de estos crímenes es la investigación de casos sobre narcotráfico, lavado de dinero y asesinato.
Sin embargo, ninguno de los funcionarios judiciales asesinados tenía protección policial.
Según datos de la Fiscalía, en la actualidad hay 25 fiscales y dos secretarios de la entidad que son parte del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos (Spavt).
Esto significa que reciben custodia policial permanente y, según el nivel de riesgo, la seguridad se amplía al núcleo familiar. Incluso hasta pueden ser cambiados de domicilio.
Los 25 fiscales que están en el Sistema de Protección se concentran en nueve provincias.
Los Ríos y Pichincha son las que más solicitudes de funcionarios judiciales han recibido para formar parte del programa de protección.
Son seis en cada una de las dos provincias, mientras que en Guayas, solo tres fiscales tienen custodia.
Y aunque en principio la Policía otorga resguardo por seis meses, en dos casos la protección se ha ampliado desde 2020 y a cuatro fiscales que entraron al Sistema de Protección en 2021 se les ha extendido la custodia hasta la actualidad.
Los equipos policiales asignados a la protección de funcionarios judiciales son de élite: deben usar chaleco antibalas y portar armas. Además, aplican protocolos de rastreo previo en los domicilios y automóviles de los fiscales protegidos.
En otros casos, la custodia no ha sido renovada. Según los datos de la Fiscalía, 31 solicitudes se han presentado en todo 2022.
Para septiembre, a un fiscal de Guayas y a uno de Bolívar se les retiró del sistema de protección.
Y a cuatro fiscales de Esmeraldas y a uno de Manabí se les negó el pedido de ser parte de este sistema, pero, según la Fiscalía, de todas formas gozan de custodia policial.
El 16 de agosto de 2022, la Dirección Nacional del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos hizo la siguiente solicitud a los fiscales provinciales:
"Que de manera urgente y prioritaria se remita información referente a los agentes fiscales de cada provincia que tengan a su cargo causas que les generen cualquier tipo de riesgo para su integridad personal".
En el memorando se explica que se gestionará ante el Ministerio del Interior la asignación de los dispositivos de seguridad que correspondan.
Y en la respuesta no fue incluido el fiscal de Guayas, Édgar Escobar, asesinado el 19 de septiembre, quien investigaba el atentado terrorista en el Cristo del Consuelo (Guayaquil), así como otros casos de narcotráfico y crimen organizado.
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