En Nueva Prosperina, el distrito más violento de Guayaquil, de 57 patrulleros, solo 10 están operativos. Los otros 47 están dañados. Los recursos prometidos por el Gobierno hace un año no llegan.
En 2022, la promesa presidencial fue destinar USD 1.200 millones adicionales al presupuesto de la Policía Nacional para su equipamiento, mejorar la tecnología y la logística para enfrentar al crimen organizado, que usa armas de largo alcance con municiones ilimitadas.
Pero los implementos llegan de a poco.
Los policías en el país deben comprar uniformes, chalecos antibalas, proyectiles para sus pistolas y hasta poner combustible a los patrulleros.
En octubre de 2022, después del asesinato de la policía Verónica Songor mientras cumplía su guardia en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Socio Vivienda 1, en Guayaquil, el Gobierno ofreció arreglar las UPC y estructurarlas según las zonas, pero los trabajos no han empezado.
Solo han blindado las UPC con sacos de cemento, llantas y pedazos de madera en las ventanas baleadas, mientras los uniformados de las zonas rojas se atrincheran en las terrazas y no pueden salir a patrullar.
Unidad de Policía Comunitaria en Socio Vivienda., Guayaquil. Primicias
En el distrito más violento de Guayaquil, Nueva Prosperina, solo tienen 10 patrulleros operativos, los otros 47 están dañados y por lo tanto no se pueden utilizar, dijo Edwin Noguera, comandante de la zona 8, integrada por Guayaquil, Samborondón y Durán.
Nueva Prosperina alberga barrios como Socio Vivienda, Monte Sinaí, Flor de Bastión, donde en el primer mes de 2023 se han registrado 55 crímenes. Eso significa 41 más que el año pasado.
“Lo conocen las autoridades que tienen la obligación de asistir con la logística a la institución policial”, resaltó Noguera en una entrevista en Teleamazonas.
“El personal está esperando, porque hace falta mucha logística en el sector de Nueva Prosperina. Estamos esperando que quienes tienen la obligación de agilitar estos procedimientos, lo hagan”, acotó.
Cronología de las promesas sin cumplir
En enero de 2022, después de la masacre de siete personas en la Playita del Guasmo, al sur de Guayaquil, el presidente Lasso ofreció de manera inmediata USD 9 millones para reforzar las labores de la Policía. El dinero llegó cuatro meses después.
En agosto, el Gobierno entregó 43 camionetas a la Policía de la zona 8, de las 100 que había ofrecido.
Las motocicletas no llegaron sino hasta diciembre, con otra tanda de camionetas. En total entregaron 583 vehículos en 2022. Pero los dos vehículos blindados no llegan aún.
Lasso también ofreció trasladar a 1.100 policías adicionales hacia Guayaquil, pero eso tampoco ocurrió. Arribaron 570, porque, entre otros problemas, la Policía ni siquiera cuenta con la infraestructura para albergarlos.
Han pasado dos ministros del Interior, dos comandantes de la Policía, un decreto de emergencia y 12 meses después la Policía sigue trabajando de forma precaria en la zona más violenta del país, donde los crímenes ya superan los 170 en el primer mes del año.
"Exigimos a quienes tienen la obligación de proveer los recursos económicos para la compra, que lo hagan, porque no queremos tener más policías muertos".
Edwin Noguera
La nueva promesa que le han hecho al comandante de la zona 8 es que los patrulleros y motos llegarán en el primer trimestre del año.
“Nos han dicho que en tres meses estará la logística, la munición y capacitación de nuestros policías", asegura Noguera.
El miedo se siente en los barrios
“¿Cuánto tiempo vamos vivir con miedo? Sentí cómo la bala cayó cerca de la casa, el corazón se me quería salir”, relata una habitante de Socio Vivienda 2, después de una balacera registrada la noche del 1 de febrero y que se extendió hasta la madrugada.
La extorsión es el delito que mantiene en zozobra a la población y los datos reflejan un preocupante aumento desde 2021, cuando se registraron 13.130 denuncias por extorsión que reposan en la Fiscalía, de las cuales sólo 57 tienen una sentencia condenatoria.
El 90% de las denuncias sigue en investigación previa.
La mayoría de los casos ocurrió en 10 ciudades desde el norte hasta el sur del país, que son parte de la ruta del narcotráfico y que concentran casi el 50% de las denuncias.
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