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40 años de gobiernos civiles: ¿qué nos dejan?
Andrés Mideros

Andrés Mideros

Doctor en Economía, máster en Economía del Desarrollo y en Política Pública. Actualmente es profesor de Desarrollo Económico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

Actualizada:

6 Ago - 19:11

El 10 de agosto Ecuador cumple 40 años del denominado “retorno a la democracia”. 

En términos institucionales, Ecuador ha tenido tres Constituciones. La de 1979 que duró 20 años, la de 1998 que estuvo vigente por 10 años, y la de 2008 que lleva 11 años en vigencia, y ya hay voces que piden una nueva Asamblea Constituyente.

En estos años se han realizado incontables reformas institucionales, incluyendo a las máximas instancias de la Función Judicial, generando inestabilidad y baja confianza en las instituciones públicas.

Desde el punto de vista de la democracia representativa en el poder Ejecutivo, el inicio es trágico con la muerte de Jaime Roldós, el primer presidente electo después de siete años de gobiernos militares.

Entre 1979 y 2006, se pueden distinguir dos momentos. El primero entre 1979 y 1996 en que se sucedieron cuatro gobiernos democráticamente electos, que implementaron un modelo ‘económico empresarial‘ con una serie de políticas en favor de grupos económicos tradicionales como la ‘sucretización de la deuda’ (Osvaldo Hurtado y León Febres Cordero).

Se inició, además, la firma cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que condicionaron la implementación de las políticas del denominado ‘consenso de Washington’.

El gobierno de León Febrés Cordero, del Partido Social Cristiano, se caracterizó además por la persecución y represión a opositores políticos. Mientras que, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, el vicepresidente Alberto Dahik impulsó la desregularización del sector financiero que llevo a la crisis financiera de 1999 y permitió el salvataje bancario.

Por su parte, el gobierno de Rodrigo Borja implementó programas sociales de relevancia nacional como la alfabetización, entregó tierras a pueblos y nacionales indígenas, e impulsó una política crediticia hacia sectores productores de alimentos de consumo interno y exportación.

En el segundo periodo, entre 1996 y 2006, se vivió un proceso de inestabilidad política, con siete presidentes y una Asamblea Constituyente. Los gobiernos mantuvieron la política económica dispuesta por el FMI.

Es de destacar la firma de la paz con el Perú, pero también la crisis financiera y el salvataje bancario implementado por Jamil Mahuad, quien tuvo a Guillermo Lasso como Superministro de economía y energía.

En estos años el Producto Interno Bruto por persona, en dólares de 2007, que inició en USD 3.036 en 1979 se mantuvo estancado hasta el año 2000, cuando alcanzó los USD 3.011. Dos décadas perdidas en términos económicos.

Posteriormente, el periodo de la ‘Revolución Ciudadanainicia en 2007 promoviendo una Asamblea Constituyente que concluye en 2008, con la aprobación en referéndum de la Constitución de Montecristi.

Entre 2007 y 2014, se establece un nuevo periodo de ‘desarrollismo’ en el país recuperando el rol planificador del Estado y su participación en la economía a través de la inversión pública, la gestión de los sectores estratégicos y la regulación.

De esta manera se alcanzaron una serie de logros en términos de desarrollo, sobre todo en cuanto a capacidades humanas (salud y educación) e infraestructuras.

A partir de 2014, con la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar no se pueden mantener las inversiones públicas, y ante la ausencia de cambios estructurales en la economía del país se entra en crisis, se regresa al endeudamiento público, se firma el Acuerdo Comercial con la Unión Europea, y aparecen sonados casos de corrupción.

Finalmente, a partir de 2018, se termina con la participación del Estado en el desarrollo nacional, se firma una nueva carta de intención con el FMI, y se impulsan políticas en beneficio de los grandes grupos económicos.

Se condonan de multas e intereses adeudados al SRI, se amplían las exoneraciones de impuestos, y se promueve la flexibilización laboral, al tiempo que se posiciona la idea de un Estado ineficiente y corrupto que viabiliza el retorno al modelo empresarial de los años 80s y 90s.

En este periodo el PIB por persona que para 2006 fue de USD 3.574, aumentó hasta USD 4.374 en 2014, para luego caer ligeramente a USD 4.226 en 2018.

Por su parte, la pobreza por consumo para 1995 alcanzó al 39% de la población, y aumentó hasta el 45% en 1998 durante la crisis financiera, para regresar al orden de 38% en 2006, y caer hasta 26% en 2014 fecha desde la cual se estanca hasta 2018 en que empieza a subir nuevamente.

Son 40 años de gobiernos civiles que se han sucedido en base en la democracia representativa (elección de representantes) pero que nos dejan instituciones de baja credibilidad.

Actualmente, no existe un proyecto nacional para el futuro, la estructura económica sigue siendo dependiente de la extracción de recursos naturales y del comercio de importación. 

El poder político y mediático se encuentra al servicio de grupos económicos, mientras uno de cada cuatro ecuatorianos y ecuatorianas se encuentra en situación de pobreza.

Los desafíos están en aprender el pasado para construir un futuro en el marco del desarrollo.

Fortalecer a la organización social autónoma y a los partidos políticos para construir un proyecto de país que priorice la igualdad de oportunidades y la garantía de derechos por sobre los intereses económicos de determinados grupos.

Y consolidar instituciones estables, transparentes e inclusivas, que no respondan al poder del turno y que lleven al Ecuador en una senda de desarrollo de largo plazo.

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