La Corte Constitucional y el Presidente Lasso

Hace pocos días la Corte Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad, por el fondo, del numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal en lo relacionado a la frase "en una mujer que padezca de discapacidad mental".

Por tanto, dicho en términos simples, en Ecuador ya no es punible el aborto cuando el embarazo es consecuencia de una violación.

Desde luego, deberá ser un médico quien lo practique y se tendrá que contar con el consentimiento de la propia mujer u otras personas, especificadas en la propia norma jurídica, cuando ella no estuviera en capacidad de expresar su voluntad.

En esa línea, la idea es que el Estado no solo debe tutelar la autonomía de las personas en el plano civil, económico y político, sino también en la esfera de las libertades negativas; vale decir, aquellas que reclaman la no interferencia del aparato estatal en las acciones asumidas por cada ciudadano. Por tanto, la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo ha sido ratificada por la Corte Constitucional.

El país da un paso adelante en cuanto a la construcción de una democracia liberal moderna.

Más allá de las disputas y tensiones que la sentencia mencionada ha generado, y que son parte de la convivencia democrática, una de las reacciones más trascendentales ha sido la del Presidente Guillermo Lasso.

Luego de invocar sus propias convicciones religiosas y de declarar a acto seguido que las apartará del cargo público que está por desempeñar, ha sido tajante en decir que respeta la decisión de la Corte Constitucional aunque, demás está decirlo, seguramente no la comparte.

Así, la carta del nuevo Jefe de Estado no solo es una buena señal para la vida institucional del país, sino que obliga a que diferentes actores políticos y sectores sociales asuman una posición al respecto.

En primer lugar, los partidos y movimientos tienen la obligación cívica de pronunciarse sobre el respeto a la autonomía de la justicia en términos de estabilidad de los jueces y de la provisión de recursos económicos suficientes para su correcta operación.

En segundo lugar, los gremios de profesionales del Derecho y las Facultades de Jurisprudencia deberían asumir una actitud clara en el sentido no solo de respaldar la división de poderes del Estado, sino también de rechazar cualquier forma de injerencia sobre las cortes de justicia.

Finalmente, la sociedad en su conjunto, desde sus diferentes espacios de expresión, tiene la responsabilidad ineludible de pronunciarse al respecto.  

De su lado, el Presidente Lasso aún tiene por delante varias acciones por realizar para que su declaración constituya el punto de partida de un gran acuerdo nacional en torno a la distinción entre la esfera política y la de naturaleza jurisdiccional. 

El Presidente Lasso aún tiene por delante varias acciones por realizar para que su declaración constituya el punto de partida de un gran acuerdo nacional.

La primera y más urgente se vendrá en poco tiempo, cuando la Corte Constitucional renueve por sorteo a tres de los nueve jueces. Allí el Presidente Lasso no solo tendrá que nominar a dos de los miembros de la comisión que seleccionará a los tres nuevos magistrados, sino que deberá proponer candidatos a ocupar un espacio en el máximo órgano de justicia constitucional del país.

Tanto para una como otra lista, el país espera que el Jefe de Estado revele su vocación democrática y considere no solo juristas sino, además, que exista representación regional y de mujeres. 

Dicho sea de paso, la vara que tendrá el Presidente Lasso para efectuar esas designaciones es muy alta pues, para estar al nivel de los actuales miembros de la Corte Constitucional, debe inclinarse por personas que conozcan de la materia y que sean honestas. Esos dos requisitos, precisamente, nunca estuvieron presentes en la tristemente célebre 'Corte Cervecera', aquella en la que se compraban decisiones a punta de chequera o de llamada telefónica.

Precaución y prudencia deberá tener el Presidente Lasso en la designación de sus candidatos a formar parte de la Corte Constitucional, pues muchos de los que estuvieron ya en ese espacio y se enriquecieron ilegítimamente seguramente estarán buscando volver a usufructuar del servicio público.

Precaución y prudencia deberá tener el Presidente Lasso en la designación de sus candidatos a formar parte de la Corte Constitucional.

No solo es necesario identificar a quienes fueron los jueces constitucionales sino además, y fundamentalmente, a los que tuvieron el rol de intermediarios en el negocio de la compra-venta de decisiones constitucionales.

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Una luz de esperanza se cierne sobre el país a raíz de la declaración del Presidente Lasso en torno al respeto a las decisiones judiciales.

Aunque muchos de su propio entorno no estarán muy contentos con la carta pública de días anteriores, pues constituye un frenazo en seco a su intención de ir tras esos "cinco señores que constituyen una mayoría basada en la impunidad y la irresponsabilidad", como se dijo recientemente en un medio de comunicación, la pelota ahora está en la cancha de los diferentes sectores políticos y sociales, quienes deben asumir un compromiso mínimo por la independencia judicial.

Si se alcanzan acuerdos básicos en el sector de la justicia, cualquier reforma económica, social o política podrá fluir con mayor facilidad. 

La Corte Constitucional no solo ha dado un gran paso de cara a reconocer derechos y libertades de las mujeres. Además, ha conseguido posicionar en el país la discusión sobre el respeto a la autonomía de los jueces y la necesidad de que los tres nuevos integrantes de ese tribunal, que se posesionarán en febrero de 2022, sean intachables en lo profesional y en lo ético.

La Corte Constitucional ha conseguido posicionar en el país la discusión sobre el respeto a la autonomía de los jueces.

Sería reprochable, desde cualquier punto de vista, que en esa nueva conformación del máximo órgano de justicia constitucional, un tercio esté manchado por su pasado delictivo con la vergonzosa Corte Constitucional que tuvo el país durante casi una década.

Ojalá este mensaje sea acogido tanto por el Presidente Lasso como por la nueva Asamblea Nacional y la Función de Transparencia y Control Social, que son los órganos que también deberán proponer candidatos a jueces constitucionales.