Desde hace más de una década, el crecimiento de la deuda pública se volvió incontrolable. Las finanzas públicas ecuatorianas entraron en un esquema de Ponzi que hizo que el país deba contratar más deuda simplemente para pagar la anterior. Así, ad infinitum, sin fórmula de solución alguna.
Los resultados están a la vista: a partir de 2022 está previsto que empecemos a pagar más de USD 4.000 millones por año, sólo por intereses, según un estudio de Barclays Bank que está circulando profusamente. (Ahora mismo esa cifra es de USD 3.500 millones).
Los elevados pagos de interés se deben a las altas tasas que el mercado decidió cargar a la economía ecuatoriana, en vista del riesgo de iliquidez e insolvencia que pende sobre nosotros desde hace tanto tiempo. Los cupones de los bonos Global fluctúan entre 7,875% y 10,75%, para diferentes plazos.
Otro aspecto que complica el panorama crediticio del país es que la deuda externa contratada tiene un perfil apretado de pagos. Por ejemplo, ahora en marzo de 2022, Ecuador tendrá que pagar nada menos que USD 2.000 millones para amortizar un bono Global que vence en aquella fecha. A todas luces, se trata de un valor imposible de pagar.
La irrupción de la pandemia –y la caída del WTI que sobrevino luego de esa pandemia– desnudaron todos estos problemas que, por lo demás, eran de sobra conocidos en los círculos especializados.
Forzado por las circunstancias, el Gobierno no ha tenido otra opción que acercarse a los tenedores de bonos para pedir que se cambien las condiciones de endeudamiento del país.
¿A qué deberíamos aspirar los ecuatorianos en esta materia?
Si el perfil de pagos es demasiado estrecho y los cupones son excesivamente altos, sobre todo en un entorno de bajísimas tasas de interés, lo obvio sería pedir una reprogramación de pagos de capital e intereses que extienda los pagos entre 10 y 30 años.
Adicionalmente, deberíamos negociar tasas de interés fijas para los bonos Global que podrían fluctuar entre 3% y 5% anual, dependiendo del plazo.
Por último –y no por ello menos importante– el país debería buscar una reducción del monto nominal de la deuda externa privada. Ahora mismo, el saldo de esa deuda es de USD 17.500 millones.
En promedio, deberíamos exigir una reducción de 50% de ese valor, basándonos en un valor de recuperación optimista e incluso favorable para el tenedor de los bonos Global ecuatorianos.
En contrapartida, Ecuador debería llegar a un amplio acuerdo nacional que le permita modificar sustancialmente la estructura del Estado. Esto para que el sector público deje de ser ese agujero negro al que se debe destinar cantidades insondables de recursos que no sólo son mal administrados sino que son abiertamente robados por el político de turno.
El país deberá comprometerse, también, a continuar y, sobre todo, cumplir, con los sucesivos programas de ajuste que tendrá que firmar con el FMI. Sin el acompañamiento de esa entidad multilateral será poco probable –por no decir imposible– que el país pueda reestructurar su deuda de forma sustancial.
@GFMABest
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