Qué me importa

La frase no la ha dicho explícitamente, pero no hace falta; Daniel Noboa demuestra con sus acciones lo poco dispuesto que está a escuchar a sus mandantes o, peor aún, cambiar el rumbo de su gobierno.

Ese parece ser el verdadero mantra de Carondelet. Qué me importa lo que diga la oposición, los organismos internacionales, los defensores de derechos, la prensa independiente, las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos comunes, vaya.

Tan poco parece importarle las preocupaciones de los ciudadanos que en su informe a la nación del 24 de mayo, volvió a ofrecer un discurso vacío, con lugares comunes e insustanciales. Ecuador Chequea verificó 42 de sus afirmaciones y apenas 13 son verdaderas. El resto, casi un 70% resultaron falsas, engañosas, inverificables o imprecisas. Eso ha ido con la tónica de su mandato. En el primer año de este período, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, más de la mitad son falsas o imprecisas, de acuerdo a Lupa Media.

Cualquier gobernante que se precie de serlo, debería estar preocupado —y ocupado— en revisar que lo que dice tiene un sustento, ofrecer transparencia y claridad y, sobre todo, estar dispuesto a corregir aquello que no funciona. En lugar de eso hemos visto arrogancia, desinterés y desconexión muy profundos.

En varias ocasiones, ha tildado de sufridores a quienes piden explicaciones, por ejemplo, por la situación energética en el país. La reproducción simplista al derecho ciudadano a exigir respuestas al poder. Aún más cuando el país ha sido testigo del cada vez más purulento escándalo de Progen que hoy se ventila en las cortes.

Sin embargo, en lugar de hacer justicia, hemos asistido a un ejercicio de cinismo y opacidad, en donde la tónica de castigar al mensajero se aplicó al pie de la letra, cuando un juez dictó prisión preventiva para los técnicos de Celec que tuvieron la decencia de alertar por escrito que los generadores eléctricos de Progen eran viejos, usados y que no cumplían con los términos contractuales.

Qué me importan que lo hayan advertido asambleístas, periodistas, sociedad civil. Qué me importa que se haya pagado más de un millón de dólares sin que se generara un solo megavatio de energía.

Qué me importa que la justicia tenga que hacer acrobacias jurídicas vergonzosas para eximir de responsabilidad a Roberto Luque, Inés Manzano o a los administradores del contrato y que la fiscalía omita deliberadamente la existencia de un documento vinculante donde se disponía explícitamente que toda contratación de emergencia requería la aprobación obligatoria y directa del ministro Luque, por ejemplo.

A pesar de que la firma en el papel demostraba que la decisión final y el control jerárquico estaban en la cúspide ministerial —durante la administración de Manzano, se autorizó incluso un pago por 35 millones de dólares—  el fiscal decidió mirar a otro lado.

No hay cargos para ellos; la teoría del delito se corta por el lado más frágil.

Pero a quién le importa, ¿no?

Si lo ponemos en paralelo con lo que ocurre con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, el rival político más incómodo del Ejecutivo, quien hoy habita las celdas de la Cárcel del Encuentro, es aún más evidente la doble vara de la justicia.

Antes de que haya una sentencia, él ya está siendo castigado de forma anticipada: le raparon la cabeza, le quitaron la biblia, le limitan el acceso a sus abogados y ha perdido más de 60 libras bajo un régimen de aislamiento extremo, mientras las audiencias para revisar su caución se postergan con sospechosa desidia burocrática y el entorno carcelario se sacude por alertas de tuberculosis.

Eso, sin mencionar siquiera que Álvarez es el único preso de alto perfil en ese penal de máxima seguridad que no tiene una sentencia firme, según su abogado.

Podríamos decir que todo esto es un asunto de la justicia y nada tiene que ver con el Ejecutivo. En teoría. En la práctica no podemos desconocer que las dudosas acciones judiciales en casos de interés gubernamental, las pugnas en el concurso para fiscal y los manejos de la Judicatura nos han dado evidencia suficiente para constatar relaciones incestuosas entre el Ejecutivo y el Judicial.

Para ello, ha sido clave Carlos Alarcón, quien antes de ser subrogante del subrogante y aspirante a permanecer en el puesto de fiscal general, ya llevó adelante procesos de particular interés de Noboa: en contra de su ex cuñado, Federico Goldbaum o del hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, abiertamente enemistada con Noboa.

Fue también quien, con la misma obsecuencia, a días de ocupar el cargo de subrogante, pidió el archivo de una investigación que involucraba a Noboa y su esposa, por supuesto tráfico de influencias.

Pero a quién le importa. Ya ni las formas se guardan.

Gobernar y actuar con la soberbia de quien se cree inmune al descontento es, además de una afrenta a la democracia, un error político de cálculo que puede traer consecuencias irreparables para un régimen al que se le van agotando los distractores.

La desconexión y el desprecio absoluto por los ciudadanos terminan siempre por socavar la base más elemental de cualquier administración: su legitimidad.

Ningún gobierno, por más alineadas que tenga a las instituciones en teoría independientes, puede sostenerse en el tiempo sobre la nada y el ruido de la propaganda. El precio de no escuchar, de evadir las respuestas reales y de tratar a los ciudadanos como estorbo en el camino del ego político, suele ser el preludio de una estrepitosa caída que, además, suele enfrentar a los políticos a los sistemas que construyeron para sus enemigos, sin justicia ni transparencia, solo venganza.

Pero a quién le importa.